Yolanda Díaz convoca ‘in extremis’ a los inspectores de Trabajo para evitar su huelga

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado ‘in extremis’ al comité de huelga de las ocho organizaciones sindicales del cuerpo de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social convocantes de los paros con el fin de evitar la primera huelga de la historia del colectivo convocada para este miércoles, 30 de marzo. 

Fuentes de los contactos confirman a Economía Digital que el departamento de Yolanda Díaz ha citado al comité de huelga en aras de evitar la huelga que supondrá una mejora respecto a la oferta realizada hace dos semanas y con una mayor predisposición del Ministerio de Hacienda a desbloquear la partida presupuestaria del acuerdo alcanzado el pasado mes de julio. 

Hace dos semanas el Ministerio se reunió con las organizaciones convocantes para plantearles un plan de choque con 200 interinos y con espíritu de permanencia y un fondo de 6 millones de euros para responder al aumento de carga, aunque desde los sindicatos valoraron la propuesta temen también que este plus de productividad suponga aún mayor carga de trabajo. 

Desde el Ministerio de Hacienda señalan a Economía Digital que “esperan resultados” de las negociaciones entre el comité de huelga y el Ministerio de Trabajo, si bien el colectivo de Inspectores de Trabajo lleva varias jornadas de protestas convocadas por ocho organizaciones,  –CCOO, UGT, CSIF, el Sindicato Inspectores de Trabajo (Sitss), CIG, Fesess, Sislass y UPIT—. 

Acuerdo bloqueado desde julio del año pasado

Las organizaciones convocantes denuncian que las carencias que se sufren en la Inspección son «graves, numerosas y se mantienen desde hace mucho tiempo», ya que «falta plantilla, faltan medios adecuados, faltan recursos técnicos y falta el reconocimiento, más allá de las meras palabras, del esfuerzo que se viene realizando por todas las personas que trabajan en el organismo». 

En este sentido, defienden que se ha mantenido una posición «excepcionalmente moderada» en lo que a las exigencias de aplicación del acuerdo suscrito el pasado mes de julio por el Ministerio de Trabajo ante ocho meses de retraso, pero «se ha llegado a un punto en donde solo puede concluirse la voluntad del Gobierno de incumplir el mismo y provocar el completo abandono del organismo y de su plantilla». 

«Comprometer objetivos por parte del equipo de dirección del Ministerio de Trabajo y Economía Social, llenar el BOE de normas y acuerdos que recaen, directa o indirectamente, sobre la Inspección, inflar los discursos de agradecimiento al esfuerzo y tesón de la plantilla, no van a tapar los déficit del sistema y solo contribuyen a acelerar el desastre», advierten desde el organismo, que exigen soluciones «necesarias y urgentes». 

En aras de iniciar el proceso de modernización y fortalecimiento del organismo reclaman el cumplimiento del acuerdo suscrito el pasado 7 de julio por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos para reforzar la plantilla, el material y mejorar la organización, que lleva paralizado desde entonces por el Ministerio de Hacienda y sin respuesta sobre el mismo por parte del Gobierno. 

Entre los principales problemas que denuncian los sindicatos se encuentran las «graves carencias» de plantilla, el déficit de recursos técnicos y materiales, la ausencia de carrera profesional y de horizonte laboral, lo que contribuye a la «descapitalización» de la plantilla, y la falta de reconocimiento y de dignificación de las funciones del personal. 

Denuncian la «debilidad» del Ministerio de Trabajo y el bloqueo de Hacienda 

Las organizaciones convocantes muestran su sorpresa por la «debilidad» de los máximos responsables del Ministerio de Trabajo y Economía Social al «renunciar» a defender un acuerdo suscrito por ellos mismos en julio del año pasado, avalado por la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

De hecho, estas organizaciones subrayan que dicho acuerdo «responde a un diagnóstico compartido para buscar las soluciones necesarias en la Inspección de Trabajo y Economía Social que debiera servir para construir la institución que este país necesita en este siglo XXI», sin embargo llevan meses denunciando el «bloqueo» al mismo por parte del Ministerio de Hacienda. «No deja de sorprender la cerrazón del Gobierno a la hora de legitimar el grupo de medidas pactadas y la falta de coraje de la dirección del Ministerio que se muestra incapaz de poner en valor su propio acuerdo», añaden. 

Con todo, las organizaciones convocantes admiten que es «indudable» que abrir un conflicto en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social «puede tener consecuencias que afecten a la ciudadanía». «No está en nuestra voluntad propiciar un deterioro aún mayor de nuestro organismo, pero de cara al futuro serían mucho más peligroso transigir y mantenernos en silencio ante decisiones políticas que propician una situación que en su desarrollo futuro pone en riesgo el papel y la calidad del servicio que debe garantizarse desde la ITSS», sostienen. Advierten de que no dejarán en esta «pelea». 

Por su parte, Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), que cuenta con 500 afiliados, el 45% del colectivo, se opone a las movilizaciones al afirmar que la aprobación de la RPT representa importantes subidas de sueldos para los jefes de Inspección e inspectores, pero queda lejos del trabajo de calle realizado en mayor medida por los subinspectores. 

Déficit de material y plantilla: se necesitan al menos 1.250 efectivos adicionales 

En la actualidad la Inspección de Trabajo está dotada con un total de 1.852 efectivos, entre los 858 inspectores y los 994 subinspectores, pero este nivel queda lejos del que recomienda la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que aconseja un inspector o subinspector por cada 10.000 trabajadores, con el fin de ampliar su actividad planificada de visitas a empresas, algo que en la actualidad no sucede. 

Los 1.852 inspectores y subinspectores existentes en España para controlar a todas las empresa del país suponen una ratio de un profesional por cada 15.000 trabajadores. La comparativa con otros países deja en evidencia lo menguada que se encuentra la plantilla en España, ya que la media europea es de uno por cada 7.300. En Francia es incluso de un funcionario por cada 5.000. 

Los sindicatos han calculado que harían falta como mínimo 600 efectivos, los prometidos de incorporación en el mes de julio, aunque cifran en 1.250 efectivos adicionales el mínimo necesario para alcanzar un nivel de plantilla óptimo, ya que los 3.000 efectivos actuales (1.750 de inspección activa y unos 1.150 de tareas de apoyo administrativo y técnico) son 400 menos que hace una década, tras la pendiente negativa desde 2018. 

En paralelo, reclaman la mejora de la oferta de empleo público, puesto que los sindicatos calculan que alrededor del 25% de las vacantes se quedan sin cubrir debido a que los opositores optan por otras plazas más competitivas y con mejores condiciones laborales. En este sentido, recuerdan que una de las medidas del acuerdo de julio pasa por cerrar la brecha salarial y alcanzar un mayor grado de digitalización. Desde CCOO también denuncian que pese a los anuncios del nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo referido a las nuevas tecnologías, el big data o la Inteligencia artificial, “se están haciendo fuera de la Inspección, se está privatizando, empobreciendo la institución”. 

Desde CSIF denuncian el grado de abandono en el que se encuentra la Inspección, ya que la plantilla está compuesta por 2.200 trabajadores de inspección activa y otros 800 de personal de apoyo; es decir la Inspección de Trabajo recae sobre una plantilla de 3.000 personas, mientras que la población activa española se sitúa en los 20 millones.