Yolanda Díaz contempla prohibir el despido objetivo y las bajadas de salarios

El Ministerio de Trabajo está estudiando la posibilidad de volver a prohibir el despido objetivo como ya sucedió durante la pandemia con el fin de evitar la finalización de contratos como consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania y el alza de precios energéticos e inflación que está provocando el cierre de fábricas.

Así lo confirman en fuentes gubernamentales a Economía Digital, después de que la propia vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, haya puesto el foco en los pasillos del Congreso en evitar que se produzcan despidos y se bajen salarios dada la actual coyuntura de complicaciones en sectores por la crisis energética derivada de la guerra.

«No es el momento de despedir, esto es lo que nos ha dado resultado en la crisis anterior«, ha afirmado Díaz, recordando que ya dio resultados en la crisis anterior y avanzando que tampoco es el momento de bajar salarios, máxime cuando, según ha recordado, las empresas cotizadas en Bolsa española han tenido beneficios récord de 64.000 millones de euros.

Fuentes del Ministerio de Trabajo confirman a este medio que se está estudiando volver a prohibir el despido objetivo «vinculado a la guerra» y la posibilidad de impedir también las bajadas de salarios, aunque apuntan que «por ahora no hay nada cerrado» y «se estudian varias posibilidades».

Díaz está poniendo el foco en los beneficios de las eléctricas para paliar el impacto del alza de los precios energéticos y también en los del Ibex y las empresas cotizadas para que asuman parte del coste de la crisis. «Nadie entendería que en una situación de crisis las empresas con beneficios récord le bajaran los salarios a los trabajadores; el esfuerzo tiene que ser colectivo», ha apostillado.

Paquete de medidas laborales

No obstante, todas estas medidas irían en un bloque de medidas laborales, junto a otros dos de medidas energéticas y sociales, incluidos en el Plan Nacional de respuesta al impacto de la guerra que el Gobierno está abordando con sectores afectados, grupos parlamentarios y agentes sociales y que no se aprobará hasta el próximo martes, 29 de marzo.

Entre otras medidas, se está trabajando en la línea de limitar los despidos y las bajadas de salarios, aunque la fijación de límites sea complicada, pero se barajan distintas posibilidades para poner coto a las vías empresariales ante una posible devaluación salarial como consecuencia de la afectación que está teniendo la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania por el alza de los precios del gas y, por ende, de la energía.

Si finalmente se vuelve a establecer la prohibición del despido objetivo (cuya indemnización está fijada en 20 días por año trabajado) se recuperaría una de las medidas de protección del empleo adoptadas durante la pandemia, ya que durante meses se puso coto a este tipo de despidos que se justificasen en causas relativas a la Covid.

También se incluyó la prohibición de los despidos durante seis meses en los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), frente al rechazo de ambas medidas por parte de las patronales empresariales. Los nuevos ERTE contemplados en la reforma laboral que entró en vigor este año, en los que se incluyen los ERTE cíclicos y sectoriales del Mecanismo RED más orientados a la recualificación y formación, ya están disponibles en sectores que se encuentren en una situación de dificultad. Díaz ha trasladado un mensaje de «calma y tranquilidad» a empresas y trabajadores al disponerse ya de estos mecanismos.

No obstante, fuentes gubernamentales confirman que se está produciendo un repunte de los salarios, pero señalan que en función de la casuística de la afectación de la crisis energética los trabajadores de los distintos sectores podrán acogerse a una u otra modalidad, por ejemplo los de electrointensivo y el paro del transporte se encuadrarían más en los ERTE ETOP de causas económicas (artículo 47 del Estatuto de Trabajadores) por el impacto del precio de la energía o los del sector de la automoción ante la falta de componentes.

En cuanto a los salarios, una de las opciones que se baraja es modificar el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que permite a los empresarios modificar las condiciones laborales de los trabajadores de manera unilateral, uno de los puntos que se llegó a dilucidar durante las negociaciones de la reforma laboral pero que se quedaron finalmente aparcados.

Control de los alquileres

Entre tanto, fuentes del diálogo social confirman a Economía Digital que el nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva (AENC), que sindicatos y patronales negocian paralelamente, se pospondrá más allá del día 29 de abril al haberse quedado paralizado dada la emergencia de las medidas para hacer frente al impacto de la crisis energética y la inflación en numerosos sectores, en medio del paro de los transportistas.

Con todo, también se está trabajando en otros campos como el del control de los precios de los alquileres con el fin de evitar que los arrendadores actualicen los contratos de alquiler con arreglo al IPC, actualmente elevado al situarse en el 7,6% en febrero.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, principal voz de Unidas Podemos en el seno del Gobierno de coalición, ha sido insistente en los últimos días en la necesidad de controlar los alquileres al ser una parte del «enorme problema que sufren las familias», ya que si no se evita un incremento de las rentas con arreglo al IPC se provocará un «empobrecimiento generalizado de la sociedad española».