Yolanda Díaz choca con Montero por los inspectores de Trabajo: promete un refuerzo que Hacienda bloquea

Inversión y refuerzo de la plantilla. Este es el compromiso que los altos cargos del Ministerio de Trabajo y la propia vicepresidenta segunda y ministra del departamento, Yolanda Díaz, mantienen y trasladan a la Inspección de Trabajo, lo que choca frontalmente con el retraso en el cumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado mes de julio con los sindicatos para el refuerzo de plantilla y material, que permanece bloqueado desde entonces por el Ministerio de Hacienda.

Este panorama fue el que se constató durante la jornada conmemorativa del 116 aniversario del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), al que acudió la vicepresidenta, acompañada por el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y la directora del Oeitss, Carmen Collado.

Con unos sindicatos en pie de guerra por el incumplimiento del acuerdo, bajo amenazas de huelga, Yolanda Díaz ensalzó la labor de los inspectores y revalidó el compromiso del Ministerio con la labor realizada y con el refuerzo de la plantilla «en todas las escalas», junto al incremento contemplado en su presupuestos de este año del 20%, hasta los 194 millones de euros.

Collado fue incluso más allá al admitir la necesidad del refuerzo de la plantilla vinculado al plan estratégico del organismo y a la reforma laboral al ser fundamental para las comprobaciones el refuerzo tanto a nivel de medios materiales, como personales. El déficit de la plantilla y la carga de trabajo es tal y que la directora llegó a comparar al cuerpo con el lince, por su audacia al detectar el fraude y la posibilidad de su peligro de extinción.

“La Inspección, y todas y todos los que la componéis, sois una piedra angular del sistema democrático y de su encarnación en el mundo del trabajo”, afirmo Díaz como elogio a la trascendencia social de su labor, una labor que en 2021 permitió alcanzar la cifra récord de 370.000 contratos temporales fraudulentos convertidos en indefinidos.

A ello se suma la detección y regularización de más de 22.000 falsos autónomos, con actas de liquidación por importe de más de 34 millones de euros, además de más de 1.100 actuaciones en el ámbito de la discriminación salarial por razón de sexo y más de 2.100 en la campaña sobre medidas y planes de igualdad, y otras 40.000 actuaciones en el control de los ERTE.

Reconocimiento a medias: refuerzo bloqueado desde julio

Todo este reconocimiento verbal realizado por el departamento de Yolanda Díaz es recibido de manera tibia por los representantes de los trabajadores, ya que los sindicatos no entienden por qué no se desbloquea el acuerdo alcanzado y firmado por el Ministerio de Trabajo el pasado 7 de julio con sus organizaciones.

Los sindicatos critican la incapacidad del Gobierno para proceder al refuerzo al mantener el Ministerio de Hacienda bloqueado el acuerdo a pesar de que se cumplen todas las condiciones establecidas previamente para que se sustanciara», teniendo en cuenta que el Plan estratégico hasta el 2023 de la Inspección quedó aprobado en Consejo de Ministros y la Ley de Presupuestos para el 2022 recoge la partida presupuestaria necesaria para financiar la revisión comprometida, pero «desgraciadamente el acuerdo sigue bloqueado sin explicación alguna y el conflicto es inevitable».

La inspectora y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (Sitss), Ana Ercoreca, ha valorado en declaraciones a Economía Digital el reconocimiento realizado a la plantilla pero reprocha el retraso acumulado ya de siete meses a la hora de cumplir con el acuerdo suscrito y la relación de puestos de trabajo (RTP), máxima cuando sí se han aprobado en reglamento aspectos como la reforma laboral, el plan de choque de accidentes de trabajo, de siniestralidad laboral, de golpes de calor o el plan estratégico.

Más allá de las cifras de aumento de plantilla, Ercoreca señala que hay que atajar «viejos problemas de desigualdad salarial», como el hecho de que los inspectores de nuevo ingreso cobren de media 300 euros menos cuando tienen las mismas responsabilidades que compañeros de más antigüedad, además de conseguir hacer «atractiva» la Inspección de Trabajo ante el desinterés de los opositores por su complejidad técnica, las condiciones de trabajo y retributivas sin mejora con la «mismas condiciones materiales y personal que en los años 80».

«Estamos cansados de que se reconozcan los trabajos pero no las condiciones cuando el nivel de exigencia y trabajo es tremendo«, añade, poniendo como ejemplo de las condiciones de trabajo del cuerpo el caso de las guardias que deben realizar los inspectores cada cuatro o cinco semanas de lunes a domingo y por las que solo cobran los fines de semana.

Déficit de material y plantilla: se necesitan al menos 1.250 efectivos adicionales

En la actualidad la Inspección de Trabajo está dotada con un total de 1.852 efectivos, entre los 858 inspectores y los 994 subinspectores, pero este nivel queda lejos del que recomienda la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que aconseja un inspector o subinspector por cada 10.000 trabajadores, con el fin de ampliar su actividad planificada de visitas a empresas, algo que en la actualidad no sucede.

Los 1.852 inspectores y subinspectores existentes en España para controlar a todas las empresa del país suponen una ratio de un profesional por cada 15.000 trabajadores. La comparativa con otros países deja en evidencia lo menguada que se encuentra la plantilla en España, ya que la media europea es de uno por cada 7.300. En Francia es incluso de un funcionario por cada 5.000.

Los sindicatos han calculado que harían falta como mínimo 600 efectivos, los prometidos de incorporación en el mes de julio, aunque cifran en 1.250 efectivos adicionales el mínimo necesario para alcanzar un nivel de plantilla óptimo, ya que los 3.000 efectivos actuales (1.750 de inspección activa y unos 1.150 de tareas de apoyo administrativo y técnico) son 400 menos que hace una década, tras la pendiente negativa desde 2018.

En paralelo, reclaman la mejora de la oferta de empleo público, puesto que los sindicatos calculan que alrededor del 25% de las vacantes se quedan sin cubrir debido a que los opositores optan por otras plazas más competitivas y con mejores condiciones laborales. En este sentido, recuerdan que una de las medidas del acuerdo de julio pasa por cerrar la brecha salarial y alcanzar un mayor grado de digitalización. Desde CCOO también denuncian que pese a los anuncios del nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo referido a las nuevas tecnologías, el big data o la Inteligencia artificial, “se están haciendo fuera de la Inspección, se está privatizando, empobreciendo la institución”.

Concentraciones y huelga si no se desbloquea

Tal y como subrayan los sindicatos, el refuerzo de personal en la RTP se recoge en el acuerdo rubricado el pasado 7 de julio y viene exigido por la ley ordenadora de 2015, si bien no se ha aprobado en los años posteriores pese a venir establecido por ley.

Así las cosas, La cada vez más probable movilización está respaldada e impulsada por ocho organizaciones de trabajadores representantes de buena parte de la plantilla de Inspección de Trabajo —CCOO,UGT, CSIF, el Sindicato Inspectores de Trabajo (Sitss), CIG, Fesess, Sislass y UPIT—, tal y como adelantó Economía Digital.

Por el momento las ocho organizaciones han dado inicio asambleas de trabajadores en los centros de trabajo de Madrid de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, previas al inicio de conflicto y la movilización en este ámbito, al ver que sus advertencias y peticiones han sido hasta la fecha desoídas tanto por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz como por el departamento de Hacienda que pilota María Jesús Montero.

Ya se han celebrado asambleas en Málaga, Sevilla, Zaragoza, Madrid, Valladolid, Toledo y se continuará ahora con asambleas y concentraciones en Barcelona, Bilbao, Murcia y Galicia. El calendario de movilizaciones se sucederá por tanto en el mes de marzo hasta la culminación de convocatoria de huelga a finales de mes si no se atienden sus peticiones y se desbloquea el acuerdo para el refuerzo de plantilla y material y mejora de condiciones.

Por el momento se han reunido los secretarios de Estado pero los sindicatos no han recibido respuesta alguna tras siete meses del acuerdo. «No hay tiempo que perder, la reforma laboral dentro de un mes entra en vigor para los contratos temporales, hay que ser serios«, apremian los trabajadores.

Por su parte, Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), que cuenta con 500 afiliados, el 45% de lcolectivo, se opone a las movilizaciones al afirmar que la aprobación de la RPT representa importantes subidas de sueldos para los jefes de Inspección e inspectores, pero queda lejos del trabajo de calle realizado en mayor medida por los subinspectores.