Yolanda Díaz admite que la guerra tendrá un impacto «significativo» en la economía y el empleo

La magnitud de las consecuencias económicas para España derivadas de la guerra en Ucrania parecen ser cada vez mayores. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido este miércoles que el impacto del conflicto bélico sobre la economía y también sobre el empleo será «seguramente significativo», tanto en España como en Europa.

Así lo ha señalado Díaz durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso al responder a una pregunta del diputado del PP, Mario Garcés, en una sesión en la que la oposición ha acorralado al Ejecutivo por la alta inflación y el impacto de los altos precios y las consecuencias de la guerra en la economía nacional y los ciudadanos.

Yolanda Díaz ha defendido que el Gobierno «se ha puesto en marcha» para hacer frente al impacto en la economía española de la invasión militar en Ucrania por Rusia con el fin de «salvar a trabajadores, familias y empresas», lago que continuará haciendo con las medias «imprescindibles».

En este sentido, Díaz ha recordado que el lunes el Ejecutivo convocó a los agentes sociales para dar una respuesta colectiva y ha dicho esperar que ante el reto actual el PP que esté «a la altura», aunque tras la intervención de Garcés ha manifestado su «decepción» por no haber sido a su juicio «inteligente y con propuestas».

En ese punto ha aprovechado para señalar que, según las cifras de Eurostat, la tasa de paro en enero bajó al 12,7%, la mitad que la «siniestra cifra» récord de 2013 del 27% por la «nefasta gestión» del PP, al tiempo que ha subrayado que hay más de 20 millones de ocupados y gracias a la nueva reforma laboral el 22% de los contratos son indefinidos.

«A pesar de que cambian de portavoz, las políticas son las mismas, la nada, no tienen alternativa; no comentan el mismo error que cometieron en la pandemia y no utilicen la guerra de Putin contra el Gobierno«, le ha espetado.

Sánchez se excusa en la «responsabilidad de Putin» ante la alta inflación

Buena parte de la sesión de control ha versado sobre el actual contexto del precio de la electricidad en niveles récord y el IPC más alto de los últimos 33 años, al escalar hasta el 7,4% en febrero. Al inicio del Pleno el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha excusado en la guerra de Ucrania para justificar la alta inflación.

«La inflación, los precios de la energía, son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania», ha afirmado Sánchez, quien ha atribuido el alza incesante de los precios de la electricidad y del IPC en general a las maniobras del presidente ruso, ya que conforme a la evolución del precio del gas y por tanto de la energía a lo largo de este año se constata, según Sánchez, que «Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania».

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, le ha acusado de ser «el presidente de las mil coartadas», al opinar que ha buscado excusas como la pandemia y ahora estar «dispuesto a utilizar la guerra» para justificar la convulsa situación económica, por lo que le ha ofrecido «políticas de Estado«, eso sí, de «expulsar» del Ejecutivo a los ministros de Unidas Podemos «Tenemos el peor Gobierno en el peor momento posible. Su credibilidad está por los suelos por sus cálculos electoralistas», le ha reprochado Gamarra, quien le ha el presidente del Gobierno ha reclamado también que acometa una bajada de impuestos.

El presidente del Gobierno ha reiterado que el coste de no actuar con las sanciones económicas sería incluso mayor y ha enfatizado la necesidad e la unidad de la comunidad internacional , ser «duros» con las sanciones contra el régimen de Putin y trabajar a nivel europeo para amortiguar las consecuencias de la guerra sobre las materias primas, la energía y el gas.

A nivel nacional, ha afirmado que el Plan nacional de respuesta a los efectos económicos está «abierto a la espera de propuestas de los grupos», por lo que será «dinámico» e irá modificándose en función de las consecuencias que se produzcan sobre la industria, pero ha reiterado el «compromiso firme e inequívoco» del Gobierno de proteger a familias, colectivos más vulnerables, industria y empresas, en particular las pymes, para que no sean «rehenes del chantaje energético de Putin».

Calviño: El coste fiscal de las medidas energéticas superará los 12.000 millones al año

En una línea similar se ha manifestado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, al señalar que el alza de los precios de la energía y otros insumos son el principal canal de transmisión de la guerra pero, ha insistido, España es de los países menos expuestos al conflicto, aunque ha reconocido que se da «un momento de alto riesgo de una espiral inflacionista».

De cualquier forma, ha defendido, al igual que Sánchez y Díaz, que el Gobierno ha tomado medidas «decididas» como de bajada de los impuestos de la energía, la rebaja del 80% de los peajes para la industria electrointensiva, el bono eléctrico a familias vulnerables, entre otros.

Todas estas medidas energéticas tendrán un impacto fiscal estimado de un mínimo de entre 10.000 y 12.000 millones de euros al año, ha cuantificado Calviño, quien ha dicho que las medias a nivel nacional «claramente no son suficientes» al «chantaje energético» de carácter internacional.

Por ello, ha valorado la comunicación emitida ayer por la Comisión Europea al poner sobre la mesa propuestas como la compra centralizada de energía, el almacenamiento estratégico, los límites de precios en los mercados mayoristas, la aceleración del despliegue de renovables y el aumento de la autonomía estratégica de Europa. Calviño también ha pedido al PP «respeto, lealtad y responsabilidad».

El PP pide la dimisión de las ministras Ione Belarra e Irene Montero

De su lado, la oposición ha sido especialmente crítica con el aumento de los precios generalizado, sobre todo de la luz, la gasolina. Jaime Olano (PP) ha denunciado que es «grave» el problema, ya que el Estado se vale de esta inflación para aumentar la recaudación, por lo que ha exigido al Ejecutivo que ajuste los tramos del IRPF para que las familias «no paguen dos veces el coste de la incompetencia» del Gobierno.

En la misma línea, Mario Garcés (PP) ha criticado que el Ejecutivo plantee a los agentes sociales un pacto de rentas para moderar salarios privados y contener los beneficios empresariales en vez de moderar las ayudas y subvenciones en el ámbito presupuestario y recortar la «superestructura político-administrativa» de España.

El diputado ‘popular’ ha pedido también la dimisión de las ministras de Igualdad, Irene Montero, y Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por su oposición a la postura del Gobierno de envío de armas a Ucrania y «atrincherarse en el no. la guerra». «Se puede estar con el Gobierno o contra el Gobierno, pero no se puede estar contra el Gobierno dentro del Gobierno», ha enfatizado. A la petición de cesar a los ministros de Podemos se ha sumado también el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz.

Por su parte, desde Eh Bildu Mertxe Aizpurua ha reclamado un plan de choque para poner freno a los precios energéticos que acabe con el «vergonzoso» negocio energético y evitar que se produzca una devaluación salarial., por lo que ha pedido que las grandes fortunas, eléctricas y bancos soporten el peso del impacto mediante impuestos especiales.

El diputado del BNG Néstor Rego ha denunciado también la «Brutal» escalada de los precios y el empobrecimiento de las familias, por lo que ha propuesto bajar el IVA a alimentos básicos, subir salarios y principales prestaciones conforme al IPC, así como las pensiones mínimas, y acometer una reforma fiscal profunda, desvincular los precios del gas y la electricidad y recortar beneficios a las eléctricas, además de intervenir el mercado de la energía y la vivienda.