Una subida del SMI de 8,55 euros enfrenta a dos vicepresidentas y a los agentes sociales

El debate sobre la conveniencia o no de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021, que permanece congelado desde enero, se ha reabierto esta semana después de que el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, asegurase el pasado martes que el Gobierno (y no solo Trabajo) mantiene su intención de subir el SMI este año y avanzase que el comité de expertos designado para evaluar la estructura salarial en la legislatura tendrá listo su dictamen este mes.

Ayer, jueves, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó que en los próximos días se dará a conocer si se eleva o no el SMI este año, en cuanto el comité de expertos culmine su dictamen y se aborde en la mesa de diálogo social, por lo que la decisión última por parte del Gobierno aún está por definir.

A priori parece que las posturas siguen en el mismo punto en el que se dejaron el pasado mes de diciembre cuando el último Consejo de Ministerios del año aprobó la prórroga del SMI y, por tanto, su congelación en 950 euros mensuales al menos hasta mediados de año, ante la división en el seno del Gobierno entre los partidarios (Nadia Calviño, María Jesús Montero o José Luis Escrivá) de mantener el nivel actual de 950 euros, y los ministros (entonces Pablo iglesias y Yolanda Díaz) que pedían un nuevo incremento. 

Sin embargo, a diferencia de lo sucedido el pasado mes de diciembre cuando se puso el veto a la subida de CEOE y la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, en esta ocasión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí estaría más receptivo a acometer o al menos estudiar una subida del SMI, tal y como acordó con Díaz en el momento de la prórroga, según señalan a Economía Digital en fuentes gubernamentales. En discusión, un alza que podría rondar el 0,9%, lo que supone en torno a 8,55 euros más al mes (alrededor de 120 euros de subida al año).

Trabajo quiere subirlo este verano

Con este aparente «paragüas» de Moncloa, la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, se encuentra a la espera del dictamen del comité de expertos designado en enero para elaborar la senda de convergencia más adecuada a lo largo de la legislatura para un aumento progresivo del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio español al final de la legislatura, tal y como establece la Carta Social Europea rubricada por España en su última versión.  Esto su pondría entre 1.000 y 1.200 euros para el año 2023.

El planteamiento de la ministra de Trabajo es disponer del dictamen del comité de expertos para a continuación convocar a patronal y sindicatos al diálogo social con el fin de consensuar un incremento del SMI que pretende aprobar este mismo trimestre, antes de que finalice el verano, según señalaron a Economía Digital en fuentes gubernamentales.

Para ello cuenta con el respaldo de los sindicatos, que presionan para que se apruebe ya una subida, pero se antoja cuasi imposible lograr el beneplácito de la CEOE, ya que mantienen su rechazo a un nuevo aumento del SMI, y está por ver la postura final de Nadia Calviño, que en esta ocasión sí podría estar más abierta a evaluar al menos un eventual aumento del Salario Mínimo, toda vez que se ha cumplido ya el plazo que dio para postergar la decisión a la segunda parte del año.

Desde el entorno de Calviño señalan que la vicepresidenta tercera coincide en la necesidad de subir el SMI al 60% del salario medio a lo largo de la legislatura y mantiene el compromiso al respecto, si bien dilucida sobre la conveniencia de que se apruebe un nuevo alza en el ejercicio 2021. En cualquier caso, resaltan que «el Gobierno aún no ha analizado el tema».

De hecho, fuentes próximas al comité de expertos señalan a Economía Digital que habría malestar entre los expertos designados en los ministerios al haberse dejado entrever por el Ministerio de Trabajo un alza del SMI pese a que el comité no ha terminado los trabajados encomendados.

Subida «mínima» del 0,9%

Respecto a las cifras en las que podría moverse el aumento del SMI este año, fuentes conocedoras de la negociación explican que se situará alrededor del 1%. Desde CCOO exigen que suba al menos lo mismo que el incremento del salario de los empleados públicos y las pensiones este año, que se revalorizaron en ambos casos un 0,9%.

En la misma línea, UGT reclama que suba “ya” el SMI y que ese incremento sea de “al menos un 0,9%”. La petición sindical de un aumento mínimo del 0,9% supondría una subida próxima a los 8,5 euros del SMI respecto a los 950 euros mensuales en 14 pagas actualmente en vigor, o lo que es lo mismo, unos 120 euros más al año de remuneración mínima que debería cobrar cada trabajador español por ley. 

Fuentes del diálogo social explican que el comité de expertos tiene su “vida propia” y trabaja sobre la evolución del SMI, si bien el posible incremento en 2021 “nada tiene que ver con el resultado del estudio”, ya que competerá al Gobierno y, en caso de convocarse, de manera meramente consultiva a los agentes en el marco del diálogo social. 

Asimismo, fuentes de UGT hicieron hincapié en la conveniencia de subir el SMI en el momento actual ante su repercusión en el consumo, que podría ser “muy importante” de cara a la incipiente reactivación económica. Las posturas sindicales ya fueron trasladadas en la reunión de consultas de meses atrás, por lo que los sindicatos presionan para que se acometa ya la subida y no se postergue de nuevo. 

Los sindicatos creen que «no tiene ningún sentido» que se hayan subido las pensiones y el sueldo de los funcionarios, así como el sueldo pactados en convenios, y no se eleve en cambio el sueldo de los trabajadores que se encuentran en una situación más vulnerable al margen de la negociación colectiva. Según sus cálculos, alrededor de dos millones de trabajadores se verían beneficiados de la subida del SMI.

Además, rechazan los argumentos económicos «liberales» al considerar que se han «desmontado» las teorías que afirmaban que la subida del SMI perjudicaría a la economía, ya que «han reforzado la demanda, el crecimiento y han generado un empleo estable». «El SMI es un instrumento inapreciable de solidaridad y de distribución de riqueza», defienden los sindicatos, que reclaman un alza hasta al menos el 60% del salario medio del país en la legislatura.

CEOE se opone: pide negociar a final de año la subida de 2022

Del lado empresarial, los dos miembros nombrados por el Gobierno de CEOE y Cepyme para el comité de expertos directamente no han acudido a los trabajos del grupo de expertos y se salieron en su día al considerar que desvirtuaba el diálogo social.

En la patronal siguen rechazando que se apruebe un nuevo alza del SMI este año y abogan por decidir directamente a finales de año el incremento, pero ya para el año 2022. «Ahora mismo es prematuro, sin saber cómo va a ir finalmente el segundo trimestre», remarcan desde la organización.

La CEOE se opone a una elevación del SMI porque en el contexto económico actual de crisis por la Covid-19 podría sería «poner zancadillas a la recuperación». En su lugar, desde la patronal priorizan la vacunación y la recuperación de empleos, para posteriormente, «cuanto toque», mejorar los salarios.

Ya a finales del año pasado CEOE defendió que con la congelación no se producía una pérdida de poder adquisitivo tras el cierre de la inflación en el -0,9% y sostuvo sobre el objetivo del 60% del salario medio a lo largo de la legislatura que ya se habría superado en Extremadura y algunas zonas de Andalucía, lo que llevaba a que empresas estuviesen contratando fuera de España.

Un informe de la patronal Cepyme y Randstad publicado a finales de año avisaba de que elevar hasta los 1.000 euros el SMI en 2021 tendría un impacto negativo sobre el empleo estimado entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo en 2021 y 2022.

También el Banco de España alertó varias veces del impacto de la subida del SMI del 22,3% aprobada en 2019, hasta los 900 euros, que calculó que podría llegar a destruir 125.000 empleos, si bien posteriormente desde el Gobierno de Pedro Sánchez pidieron a la institución que rectificase por su “error” ante la mejora de los datos de afiliación. Actualmente el Banco de España ultima los detalles de un informe sobre el impacto de la subida del SMI en la creación de empleo en el que empezó a trabajar hace año y medio.

Las desavenencias del intento de finales de 2020

Lo cierto es que el asunto de la actualización del SMI ya abrió a finales del año pasado una disputa interna en el seno del Gobierno. La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, fue la principal defensora de la primera idea al considerar que no era un buen momento para llevar a cabo otro alza del SMI ante el contexto de crisis económica y sin el consenso con la patronal y los sindicatos, por lo que abogó por esperar al fin del Estado de alarma, que llegó ya a su fin el pasado 9 de mayo, y a que se encauzara la recuperación económica. Este posicionamiento fue compartido por la ministra de. Hacienda, María Jesús Montero quien también abogó por postergar la decisión al segundo semestre de este año.

Calviño y Montero se alinearon así a CEOE y Cepyme, que se opusieron frontalmente al incremento tras el alza del 27% acumulado en los últimos dos años al considerar que podría afectar a los sectores más vulnerables, como las pequeñas empresas y autónomos con bares, pequeños comercios, al campo y a las familias.

De su lado, el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y especialmente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendieron la necesidad de elevar el SMI precisamente en el momento de crisis para ayudar a los colectivos más vulnerables, como mujeres y jóvenes.

Ante las desavenencias, finalmente el Gobierno optó por postergar la decisión hasta mediados del año 2021 y constituyó un grupo de expertos para evaluar la senda de convergencia más adecuada a lo largo de la legislatura para un aumento progresivo del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio español al final de la legislatura.

Tampoco CEOE y Cepyme respaldaron el incremento tras el alza del 27% acumulado en los últimos dos años al considerar que podría afectar a los sectores más vulnerables, como las pequeñas empresas y autónomos con bares, pequeños comercios, al campo y a las familias.

Los argumentos de Díaz: la subida de precios y de los salarios en convenio

La vicepresidenta Yolanda Díaz defendió ayer desde Canarias que el Gobierno de España»desde el minuto uno» y «con el presidente a la cabeza» ha mantenido que la mejor política de rentas y para combatir la pobreza es subir el SMI. Es reseñable que Díaz mencionase a Pedro Sánchez, ya que a finales del año pasado finalmente el presidente del Gobierno se alineó con la postura de la patronal y de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, contrarios al alza.

Díaz destacó que que se ha conseguido que 1,5 millones de trabajadores fuera de convenios hayan visto mejorada su situación salarial, sobre todo aquellos que figuran en los deciles más bajos y singularmente las mujeres y los jóvenes, ya que el aumento del SMI es «una herramienta muy eficaz y tiene un enorme impacto de género e igualdad social».

En todo caso, ha admitido que había una «disputa» sobre la determinación de la cifra exacta del objetivo de un SMI que sea el 60% del salario medio, tal y como indica la Carta Social Europea y se prevé alcanzar por el Gobierno a lo largo de la legislatura, ya que «no es tan sencillo», pero de cualquier forma se dará a conocer «en estos días» la senda y el Gobierno determinará el SMI para este año, actualmente prorrogado.

Asimismo, subrayó que actualmente la tasa de crecimiento de la inflación supera el 2% (en mayo repuntó un 2,7%), cuando la previsión inicial del Gobierno era un IPC del 0,9%, en un claro mensaje hacia la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, y a CEOE ante el rechazo de ambos a elevar el SMI por la crisis y bajo el argumento de que con un aumento del IPC previsto del 0,9% no habría pérdida de poder adquisitivo.

Otro argumento favorable a acometer la subida del SMI dado por Díaz es el incremento medio de los sueldos en los convenios colectivos para este año oscilaentre el 1,5% y el 1,8%. «No es demasiado justo que dejemos a los que más lo necesitan, ya no con sueldos congelados, sino con pérdida de poder adquisitivo», enfatizó.

El comité de expertos

Trabajo constituyó el pasado mes de enero el grupo de expertos con el mandato de fijar para el SMI la cifra del 60% del salario medio contemplado en el acuerdo de Gobierno y en la Carta Social Europea, y la senda de convergencia más adecuada a lo largo de la presente legislatura, en los años 2021, 2022 y 2023. 

La comisión de expertos está integrada por siete profesionales académicos, cuatro representantes de organizaciones sindicales y patronales, y tres integrantes del Ministerio de Trabajo, junto a los designados por los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y Hacienda.  

Los expertos académicos que forman parte de la comisión son el presidente del CES y catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, Antón Costas; la catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Olga Cantó;  miembro del departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona, Gemma Galdón Clavell; y el exprofesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid, José Ignacio Pérez Infante. 

El resto de expertos son el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca Rafael, Muñoz de Bustillo; la profesora de Economía de la UAH Inmaculada, Cebrián López; y la catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, Sara de la Rica. 

En representación de los agentes sociales figuran, del lado sindical, la exsecretaria general de UGT-Cantabria, María Jesús Cedrún; el director del Gabinete Económico de CCOO, Carlos Martín Urriza; y del lado empresarial, la secretaria de la Comisión Economía y Política Financiera de CEOE; Edita Pereira, y el director de Economía y Transformación Digital de Cepyme, Luis Aribayos, aunque estos dos últimos abandonaron el grupo al considerar que desvirtuaba el diálogo social.

Por último, las personas designadas por los Ministerios son el asesor del Gabinete de la Ministra de Trabajo y Economía social, Manuel Lago Peñas; el vocal asesor del Gabinete de la Ministra de Hacienda, César Veloso Palma, y el director general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo Caballero.