Una interventora bancaria demuestra que su propia entidad la timó con preferentes

Una jubilada que había trabajado durante más de 30 años en Caja Duero (hoy Banco Ceiss) ha demostrado en los tribunales que la entidad financiera para la que trabajó la mitad de su vida –muchos años como interventora– la timó con la venta de preferentes.

La mujer, que en marzo de 2009 pasaba unos días de vacaciones en la Costa Brava, recibió la llamada de sus antiguos compañeros de sucursal para convencerla de que debía comprar un producto novedoso.

Le ofrecieron una opción segura y muy rentable que sedujo a la antigua trabajadora de una céntrica sucursal de Caja Duero en Madrid. Pero la recién jubilada explicó a sus compañeros que se encontraba de vacaciones y que, al regresar a Madrid, se presentaría en la oficina para recibir la información de aquel atractivo producto financiero.

Al terminar su descanso, se presentó en la oficina pero se encontró con que el dinero que tenía en un plazo fijo había sido retirado para la compra del nuevo producto cuyo nombre aún era desconocido: participaciones preferentes. La extrabajadora se mostró molesta por la celeridad con que sus compañeros movieron el dinero y armaron la preferente sin haber cerrado los detalles. Pero al final, terminó seducida por las promesas de máxima rentabilidad que incorporaba el nuevo producto, y firmó.

La trampa de los antiguos compañeros

La mujer compró 80.000 euros en participaciones preferentes. Fue el inicio de una pesadilla que ha terminado con una sentencia que le da la razón. A pesar de haber trabajado durante más de 30 años en una entidad bancaria y de haber ejercido como interventora, no conocía las particularidades de las participaciones preferentes ni tampoco su riesgo, según ha acreditado el juzgado de primera instancia número 87 de Madrid.

El subdirector de la entidad explicó en el juicio que su labor comercial consistía en buscar a posibles clientes de preferentes, una tarea que era remunerada con comisiones. La extrabajadora, no necesitaba el dinero ahorrado de forma inmediata, lo que la convertía en candidata idónea para este tipo de productos.

Pero la juez hizo notar que los contratos habían sido firmados mientras la compradora de las preferentes estaba de vacaciones. Ninguno de los documentos firmados explicaba el riesgo del producto. «Pudimos demostrar, con base en los propios testimonios de los actuales trabajadores del banco, que la afectada no fue informada de los riesgos. A pesar de que era interventora, su labor era administrativa y desconocía los detalles de los productos más complejos como los de las preferentes», explica la abogada de la afectada, Carmen de la Rocha, del despacho Arriaga Asociados, que hasta ahora ha ganado más de 1.800 casos de preferentes.

El negocio redondo

El banco ha apelado la decisión alegando que la mujer, por su dilatada trayectoria bancaria, sabía lo que había adquirido. Ha sido el mismo argumento utilizado en casi todos casos, pero los jueces han rechazado este planteamiento en el 98% de las ocasiones, según explican desde el despacho Arriaga, el primer bufete en demandas de preferentes en España.

Las preferentes fueron un eficaz método que idearon los bancos en plena crisis para recapitalizarse con una forma más provechosa que la captación de accionistas. El rendimiento de las acciones tienen una reducción fiscal, en cambio, el dinero de las preferentes pasa a formar parte del capital de la entidad. En términos fiscales, también es un negocio redondo: el banco pasa de tributar a descontar. Al final, es la forma de ampliar capital sin ningún riesgo, porque todo el riesgo lo asume, sin saberlo, el cliente; que además no puede votar, como sí hace un accionista en las juntas.

Al juicio de la ex interventora se ha sumado recientemente el caso de un empleado de Bankia que convenció a sus cuñados, sin estudios, para que compraran 85.000 euros en preferentes y subordinadas. Los afectados dijeron que no conocían el producto y que sólo se dejaron guiar por el experto financiero: su familiar. El juzgado 26 de Madrid les ha dado la razón y ha obligado a la entidad a devolver el dinero.