Un plan para que el corazón financiero vuelva a bombear fondos a particulares y empresas

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, ha iniciado su rueda de prensa con una serie de valoraciones casi filosóficas que explican la necesidad de las medidas que más tarde ha anunciado.

Se trata, ha dicho, de restaurar la confianza local y sobre todo internacional en la solidez del sistema financiero español, al mismo tiempo que se quiere preservar la obra social de las cajas de ahorros.

Las iniciativas legislativas y de otros ámbitos anunciadas tienen como elemento clave conseguir, ha dicho Salgado, que el dinero vuelva a fluir por el cuerpo de la economía española. Y esa fluidez tiene un punto imprescindible que el corazón, es decir el sistema financiero, bombee capital en forma de créditos a empresas y familias. Sólo así se podrá recuperar la confianza de los ciudadanos españoles y también de los mercados internacionales. Cosa que hasta el momento no ha sucedido.

Las medidas tratan pues de recuperar para las entidades españolas la confianza que por unos motivos u otros ha ido perdiendo a raíz de la llamada crisis de la deuda soberana. Todo ello a pesar de las actuaciones ya realizadas como los cambios jurídicos y el apoyo a la liquidez que se ha ido realizando desde 2008. En conjunto, las recapitalizaciones privadas y con dinero público han sumado hasta ahora unos 90.000 millones.

Por esos motivos, la vicepresidenta ha anunciado diversas actuaciones, todas destinadas a mejorar las ratios de resistencia necesarios para superar todos los test a los que Europa someterá a las entidades bancarias y de ahorros.

Ente dichas iniciativas, se considera que todas las entidades han de elevar el nivel de solvencia de forma que el core capital se eleve en todos los casos por encima del 8%, teniendo en cuenta que el conjunto del sistema financiero español lo tiene en el 8,5% . Pero para aquellas entidades que no cotizan Salgado ha anunciado que se requerirá un nivel de capital más alto incluso.  El nuevo mínimo del 8% mismo establecido por los requisitos internacionales incluidos en Basilea III, aunque en el caso español se trata de adelantar al otoño próximo la exigencia del elevado nivel de solvencia establecido.