Un gesto para dar confianza a los mercados sin referéndum 

En una fotografía ya histórica, este viernes por la mañana los portavoces parlamentarios del PSOE, José Antonio Alonso, y del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, han registrado conjuntamente el acuerdo que ambos partidos han alcanzado de madrugada para incluir el concepto de estabilidad presupuestaria en la Constitución. “En España ya existe una ley en este sentido desde 2006. Ahora incluimos el principio en la Carta Magna y no por petición del Banco Central Europeo”, ha asegurado el portavoz del Ejecutivo, José Blanco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De esta forma, el socialista ha defendido que el cambio de rumbo de Zapatero, que a lo largo de la legislatura ha rechazado tocar la base de la legislación española, no se trata de un dedazo del BCE. Aunque las presiones para que España moviera ficha en este sentido se han hecho notar. El propio candidato del PSOE en las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido que “el cambio sustantivo de Europa en julio” fue clave para decidir iniciar esta senda. Pero ha habido razones “más urgentes: un agosto con gran inestabilidad financiera en los mercados”.

Y es que los dos grandes partidos del Estado han decidido hacer frente a la crisis de confianza en la economía española añadiendo a la Constitución que el país se compromete a llegar y mantener la estabilidad presupuestaria. En el documento que se debatirá en el Congreso el martes y se aprobará, a todas luces, el viernes, no aparece ninguna cifra. “El techo de déficit que se fija va en consonancia con los límites de referencia que se establecen en la Unión Europea”, ha recordado Saénz de Santamaría.

Asimismo, ha comentado que para el PP lo importante era incluir en la Carta Magna la contención de la deuda pública “a unos niveles que permitan crecer y volver a tener financiación”, no en acordar un número. Entre los margenes de referencia que se fijan en Bruselas, la popular destaca el límite de deuda pública para 2020: el 60%.

El cambio no se votará en referéndum

Tras aplaudir el trabajo realizado entre los equipos negociadores de ambos partidos, tanto los portavoces del PSOE como del PP han dejado claro que esta modificación de la Carta Magna no se refrendará en las urnas, tal como han pedido varios partidos. El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, incluso ha propuesto que coincida con las elecciones generales, el 20 de noviembre. “La Constitución establece dos mecanismos para introducir cambios: cuando se tocan derechos fundamentales se tiene que celebrar un referéndum pero cuando no, no hace falta”, ha justificado Rubalcaba.

Para Sáenz de Santamaría, pronunciarse en este sentido sería “de gran complejidad técnica”. Eso sí, dejan la puerta abierta a que el resto de fuerzas parlamentarias se sumen a la iniciativa.

Por el momento ya han recibido la negativa del Izquierda Unida. Su líder, Gaspar Llamazares, ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad y ha afirmado que el pacto es una “humillación” a las izquierdas. Considera que sólo beneficia a los mercados. Unas críticas que también se han escuchado en las filas socialistas. “Yo mismo tenía reticencias cuando se planteó este pacto, pero se disiparon cuando leí el contenido del acuerdo. Recomiendo a mis compañeros que tengan dudas que lo lean”, ha declarado el candidato socialista.

Intenta salir al paso de las críticas con el argumento de que “cuando todo los gastos de un país se van a pagar intereses no hay margen para hacer ni políticas de derechas ni de izquierdas. No hay nada peor para las izquierdas que una deuda excesiva que limita las políticas que se pueden hacer”.

Garantía del Estado de Bienestar

El acuerdo llega en el último momento posible para que se tramite dentro de la actual legislatura. Sánez de Santamaría ha comentado que es “un buen pacto” porque “aporta más confianza en la economía española; garantiza el Estado del Bienestar y las políticas sociales, que sufren cuando se pasan las tijeras sin control por las cuentas públicas; y establecen un consenso clave para una de las principales reformas estructurales de la economía española”.