Las trabas a las empresas que omite la ley de crecimiento empresarial

El Gobierno ultima una ley para facilitar la creación y el crecimiento empresarial con una batería de medidas en materia de eliminación de burocracia, acceso a la financiación o coto a la morosidad, pero expertos, empresarios y cámaras de comercio detectan una larga lista de trabas a las empresas no incluidas en dicha norma que hacen barrera para impulsar el esperado y necesario aumento del tamaño de las empresas españolas.

El anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento Empresarial que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado a consulta pública con una batería de medidas, que incluye permitir poner en marcha sociedades limitadas con un euro, eliminar trabas, impulsar la financiación no bancaria, impulsando el ‘crowdfunding’ en España y la entrada de inversores a pymes.

Entre otras medidas, el Ejecutivo plantea una lista de medidas para poner coto a la morosidad empresarial, como impedir el acceso a las subvenciones a las empresas morosas, es decir, aquellas que incumplan los plazos máximos de pago fijados en 60 días, así como penalizar su acceso a los contratos públicos, al tiempo que creará un Observatorio de la morosidad con el que vigilará de cerca el comportamiento de las compañías.

Ahora los distintos agentes económicos implicados en la Ley, como CEOE; Cámara de Comercio de España y otras patronales y organismos están elaborando sus propuestas y consideraciones al anteproyecto de ley, que el Gobierno tiene previsto poder llevar al Consejo de Ministros a finales del ejercicio, de forma que en el último trimestre se tome la decisión de llevar al Parlamento para que el proyecto de ley quede aprobado en 2022, cumpliendo con los compromisos marcados en el Plan de Recuperación con la UE, según señalan a Economía Digital en fuentes gubernamentales.

En el Gobierno admiten el problema de las “pocas empresas con un tamaño suficiente para tener capacidades de crecimiento” e internacionalización, a lo que se suman los impagos y los incumplimientos del plazo máximo legal de 60 días que atenazan la solvencia de las compañías, sobre todo las pymes, y con la norma se quiere atajar ambos puntos.

Trabas normativas: umbrales y exceso regulatorio

Los expertos consultados por Economía Digital apuntan al exceso regulatorio como una de las principales trabas a las que se enfrentan las empresas a la hora de intentar aumentar su tamaño, y es que, por ejemplo, CEOE estima que los comercios se ven afectados por más de 3.000 normas, con un coste sobrevenido anual de 1.475 millones de euros, añadiéndose una larga lista de umbrales fiscales, administrativos, contables, mercantiles y laborales.

El director del servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España, Raúl Mínguez, señala en declaraciones a Economía Digital a los umbrales normativos y en materia tributaria como uno de los principales factores a la hora de hablar de crecimiento empresarial, y es que la parte normativa va muy ligada a la cuestión fiscal en esta materia. 

El escollo que supone para las empresas los umbrales se debe a que a medida que aumenta el tamaño de las pymes o medianas empresas reciben un tratamiento fiscal distinto al cambiar los términos de facturación, beneficios o empleo. 

Este es el caso del Impuesto de Sociedades, cuya regulación establece que para pasar a ser incluido en la unidad de grandes contribuyentes se fijan unas cantidades de facturación que no coinciden con las de las empresas de menor tamaño, según señala Mínguez, que apunta que a ello se suman tributos vinculados a la actividad sectorial, generalmente de carácter económico, con requisitos diferentes en función del empleo o la facturación. 

Trabas de ámbito mercantil y auditoría de cuentas 

Junto a las trabas normativas y fiscales, Mínguez cita también las relativas a la legislación mercantil, puesto que actualmente, para que las empresas puedan depositar las cuentas anuales para su legalización en el Registro Mercantil de modo abreviado, el umbral del valor del activo se establece en una cifra por debajo de los 4 millones de euros y/o la cifra neta de negocios por debajo de los 14 8 millones de euros.  

Esta situación supone un umbral al crecimiento en la dimensión de las compañías en torno a tales magnitudes y conlleva un coste para las empresas, condicionando el escalado en la dimensión empresarial, al igual que la obligatoriedad de la realización de auditorías de cuentas a partir de determinados umbrales.

Las empresas deben auditar sus cuentas si al cierre de ejercicio se dan dos de las siguientes tres circunstancias: activo total superior a 2,85 millones de euros, cifra de negocios superior a 5,7 millones de euros, y/o 50 o más trabajadores), lo que condiciona las posibilidades de escalar en la dimensión empresarial. 

Impuestos y precios de la energía

En materia fiscal, la Cámara de Comercio señala que la condición de gran empresa a efectos fiscales se fija en un volumen de operaciones en el ejercicio anterior superior a 6.010.121,04 euros, lo que trae consigo efectos importantes en términos
burocráticos, con la consecuente carga administrativa.

Entre otros, figuran las autoliquidaciones 111 y 303 deben presentarse mensualmente en vez de trimestralmente y los pagos fraccionados se calculan obligatoriamente sobre la base imponible del año en curso y no sobre la cuota íntegra de períodos
anteriores.

Todas las tasas de las distintas administraciones, en materia medioambiental, de ampliación de la actividad o de otro tipo tienen una influencia directa en la actividad de las empresas y drenan su capacidad de ganar tamaño. 

El presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas (CGE,) Antonio Pedraza, señala a Economía Digital que el precio de la energía también influye “muchísimo” en las posibilidades de crecimiento empresarial al tener un peso muy grande en el coste laboral. 

Pedraza recuerda que el tejido empresarial español está muy fraccionado, con un 97% de pequeñas empresas que de media presentan entre 11 empleos, por lo que el alza de los precios de la energía, especialmente ante los máximos que ha registrado en el mes de junio, hace de barrera al crecimiento empresarial. 

Ámbito laboral: exigencias en función del tamaño

Los expertos también apuntan al ámbito laboral como una de las principales áreas que frenan el crecimiento. Pedraza incide también en la necesidad de eliminar burocracia y en facilitar la ceación rápida, pero advierte del perjuicio de los costes laborales, sobre todo ante un tejido empresarial mayoritariamente de pymes, por lo que ve una “barbaridad” que se pretenda subir de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional. 

En su lugar, ve necesario flexibilizar el mercado de trabajo, preservando el empleo temporal para las necesidades estacionales o puntuales de las empresas. 

Mínguez (Cámara de Comercio) explica en materia laboral que las empresas deben aplicar exigencias superiores desde el punto de vista laboral en función del número de asalariados en plantilla, de forma que se identifica un impedimento administrativo para el crecimiento de las empresas.  

En particular, atendiendo al tamaño de la empresa, el ordenamiento laboral contempla previsiones u obligaciones con diferente grado de exigencia, por ejemplo de representación de personal (delegado de personal en caso de 6 empleados y comité de empresa en caso de más de 50 empleados, a decisión de los trabajadores),. 

También figura el tiempo obligatorio de dedicación a dichas labores de representación; la movilidad geográfica; (la modificación sustancial de condiciones de trabajo; los despidos colectivos; exigencias con respecto a la contratación de trabajadores discapacitados, mayores en función del tamaño;  acceso a bonificación e incentivos; obligaciones que en todos los casos condicionan la dimensión empresarial. 

Financiación e internacionalización

Respecto a la internacionalización, los expertos ven positivo los incentivos y bonificaciones a las cotizaciones para empresas exportadoras para poder vender fuera, consolidarse y ampliar los mercados, si bien remarcan la importancia de la colaboración entre las grandes y las pequeñas empresas. 

También apuntan a la necesidad de avanzar en materia de financiación mejorando los instrumentos de garantía y los avales, con medidas para incrementar y especializar el capital de algunos organismos públicos de apoyo a la financiación de empresas, como Cersa, ICO o Enissa. 

Morosidad de las administraciones

Fuentes de la Confederación Empresarial de Organizaciones Empresariales (CEOE) señalan a Economía Digital que las medidas incluidas en el anteproyecto contra la morosidad empresarial van en la dirección correcta para hacer frente a la morosidad de las empresas, sobre todo de las grandes compañías, que acaba afectando especialmente a las pymes y a los autónomos.

No obstante, critican que no se ponga el mismo interés en combatir la morosidad de las administraciones, ante casos flagrantes de ayuntamientos y otras corporaciones que más que triplican los plazos máximos de pago de 30 días con el fin de mejorar la liquidez de las empresas.

En la Gran Recesión las patronales CEOE y Cepyme llegaron a plantear a la Administración que las empresas y los profesionales pudiesen compensar sus deudas tributarias y cotizaciones a la Seguridad Social con aquellas facturas o certificaciones adeudadas por las administraciones central, autonómica y local. Fuentes de la patronal apuntan que deberían adoptarse medidas en esa línea.

Los comerciantes: 3.000 normas y coste sobrevenido anual de 1.475 millones 

Desde la Confederación Española de Comercio (CEC), explican a Economía Digital que uno de los factores que de forma más directa frenan la iniciativa empresarial en el sector del comercio son las trabas burocráticas a las que debe enfrentarse quien decide poner en marcha un negocio en España.  

En este sentido, desde CEC reivindican la agilización de los trámites que retrasan considerablemente e incrementan el coste en la apertura de nuevos comercios, al tiempo que apuntan a los altos costes que soportan los establecimientos comerciales como otros factores que influyen en el crecimiento y la creación de negocios, muchos de ellos fruto de regulaciones que afectan directamente a su actividad. 

En este sentido, desde la CEC señalan como dato que un comercio que comienza a operar en España, está afectado por más de 3.000 normas europeas, nacionales, autonómicas y municipales. La Administración Pública debe contribuir al normal desarrollo de la actividad empresarial, de tal forma que ésta no se entorpezca con costes externos sobrevenidos que provoquen la pérdida de competitividad e las empresas cuando sea evitable. 

Según un informe de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE, de la que CEC forma parte, los nuevos costes sobrevenidos en los últimos años que los comercios asumen de manera directa ascienden a 1.475 millones de euros al año.  

Por ello, teniendo en cuenta el peso del comercio en la economía (13% del PIB) y el gran impacto que ha tenido la pandemia sobre el sector, la patronal del comercio ve necesario evitar que siga incrementando la presión impositiva y normativa sobre el sector, pues impacta directamente en la inversión empresarial, imprescindible para la recuperación de la economía. 

Las propuestas para las trabas ‘olvidadas’

Entre las propuestas que realizan desde la Cámara de España figuran revisar los umbrales fiscales, administrativos, contables, mercantiles y laborales que actúan como freno potencial para el incremento de la facturación o el aumento de plantilla y la normativa que conlleva cada uno de los umbrales.

También continuar con las políticas de mejora de la regulación económico-empresarial y de simplificación administrativa, y fomentar el uso de la e-Administración por parte de las pymes. A título de ejemplo, a través de sistemas de ayuda de fácil acceso para las pymes en los diferentes portales y plataformas.

También propone implantar los registros de transparencia mitigando la carga para las empresas e impulsar los servicios de asesoramiento a las empresas de nueva creación y de reducida dimensión. En este punto Mínguez subraya la importancia del asesoramiento a la hora de acceder a ayudas o subvenciones.

Otras propuestas pasan por agilizar y simplificar los procesos de incorporación de estudiantes en prácticas y reducir las cargas burocráticas asociadas a la adaptación tecnológica y a la digitalización de las empresas, sobre todo a pymes y startups. Por último, para la internacionalización de las pymes insta al uso de incentivos fiscales y bonificaciones en las cotizaciones sociales para las empresas exportadoras.