Trabajo y CCAA acuerdan las políticas activas de empleo y repartir 2.111 millones ligados en un 45% a objetivos

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha alcanzado un acuerdo con todas las comunidades autónomas para la modernización de las políticas activas de empleo mediante un primer reparto de fondos de 2.111 millones, de los que un 45% están ligados por primera vez al cumplimiento de objetivos, para modernizar los servicios públicos de empleo, potenciar la empleabilidad con perfilados y acompañamiento personalizado, mejorar la formación de afectados por ERTE y la cualificación de jóvenes.

Así lo ha detallado la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa al término de la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la que ha destacado la “especial trascendencia” al consensuarse una de las principales reformas, sobre las políticas activas de empleo, recogida en el componente 23 del Plan de Recuperación referido a la modernización del mercado de trabajo. 

Díaz ha enfatizado que hay que “felicitarse como país” ante el consenso “unánime” de las 17 CCAA y Ceuta y Melilla por primera vez sobre la Estrategia Española de Activación para el Empleo para corregir una de las debilidades del mercado de trabajo y un “déficit estructural” vinculado a las políticas activas de empleo, con un “deficiente diseño de una parte sustancial de la empleabilidad”. 

Un 45% del reparto ligado a objetivos 

En la conferencia se ha acordado el reparto de 2.111 millones de fondos para políticas activas de empleo con el voto favorable de las CCAA, salvo Murcia que considera que sale perjudicada del mismo, y ya bajo un reparto fundamentado en la nueva distribución que liga un 45% de los fondos a objetivos. 

Esta dotación presupuestaria, con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril y es una de las mayores aprobadas hasta la fecha. 

El director general del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), Gerardo. Gutiérrez, ha explicado que para la distribución de los fondos acordada se ha ligado ya un 45% a indicadores de cumplimiento de objetivos en 2019 y 2020, y se va proceder a diseñar con las CCAA los indicadores de seguimiento de los nuevos fondos repartidos de cara a la evaluación futura que se haga para ulteriores distribuciones. 

En detalle, el 55% se reparte atendiendo al criterio establecido en 2019. El 45% restante, que asciende a 896,5 millones se distribuye según el cumplimiento de los objetivos del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), que contiene los indicadores denominados Índices de Cumplimiento de Objetivos (ICO) que permiten obtener evaluación de esfuerzo e impacto. 

Andalucía recibe un 16,5%, Cataluña un 16,3% y Madrid un 13%

Por regiones, los mayores montantes son para Andalucía (348,6 millones), Cataluña (345,9 millones), Madrid (273,9 millones), Comunidad Valenciana (210,8 millones), Galicia (169,9 millones) y Canarias (130 millones). De esta forma, Andalucía obtendrá el 16,5% del reparto total y Cataluña un 16,3%, mientras que Madrid obtendrá el 13%. 

A continuación se sitúan Extremadura (96,3 millones), Castilla-La Mancha (95,9 millones), Aragón (67,7 millones), Asturias (64 millones), Murcia (57,7 millones) e Islas Baleares (50 millones), siendo los menores montantes para Cantabria (31,5 millones), Navarra (25,5 millones) y La Rioja (11,3 millones). 

Ninguna comunidad autónoma recibe una cantidad inferior a la que se le transfirió en 2020 y aumentan asignaciones Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. 

Partidas: formación y modernización de los servicios de empleo

Del total de 2.110 millones, la mayor parte (1.175 millones) irán para servicios y programas de políticas activas de empleo y formación, mientras que 600 millones se destinarán a la gestión de oportunidades de empleo y formación de los jóvenes, otros 265,4 millones a iniciativas del sistema de Formación Profesional para el empleo, no vinculada al catálogo nacional de cualificaciones profesionales y los restantes 70 millones a la modernización de los servicios públicos de empleo.

En mayor detalle, 145 millones de euros se destinarán a acciones formativas con itinerarios de formación con acompañamiento personalizado y compromiso de contratación para personas desempleadas en procesos de recolocación y vinculadas a ocupaciones de sectores estratégicos, en el marco de Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE no vinculadas a certificados de profesionalidad. En estos programas podrán participar 43.000 personas trabajadoras desempleadas.

Otros 110 millones de euros financiarán acciones formativas de personas trabajadoras en ERTE para promover la recualificación y la actualización de 250.000 personas.

Asimismo, 600 millones de euros se utilizarán para atender a 21.000 personas jóvenes, menores de 30 años, para que puedan obtener cualificación profesional en sectores estratégicos mediante contrato formativo en el marco del Plan para el incremento y la mejora del empleo joven en el marco de la modernización de las PAE.

A ello se sumarán procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia otros 688 millones de euros, para los que se están estableciendo hitos y criterios de distribución.

La red de Servicios Públicos de Empleo recibirá 82,6 millones destinados a las políticas de orientación de las personas trabajadora; la formación en diálogo social y negociación colectiva tienen una partida asignada de 10,12 millones de euros y los centros especiales de empleo reciben un total de 25,85 millones de euros para garantizar su actividad de inserción laboral.

Los cinco ejes de transformación

La ministra de Trabajo ha detallado que los cinco ejes de transformación de las políticas activas de empleo se abordarán de la mano de las 17 CCAA y cumplirán con las recomendaciones país de la Comisión Europea y de la AIReF hacia el Gobierno. 

El primero pasa por modernizar todas las activas de empleo y adecuarlas a la era digital, con cambios “de fondo” en el despliegue de nuevas tecnologías de Inteligencia Artificial de algoritmos del ‘big data’ a favor de la empleabilidad y, según Díaz, “sin sesgos”, garantizando la neutralidad de las fórmulas matemáticas que se desplieguen.  De esta forma, los trabajadores podrán realizar a través de internet trámites como el de acuñar la tarjeta del paro en las oficinas del SEPE, algo “muy antiguo”. 

Asimismo, habrá un rendimiento de resultados, de forma que el Ministerio de Trabajo, organismo del que salen todos los recursos de las políticas activas de empleo a modo de transferencias a las CCAA, será evaluado por la AIReF y junto a las CCAA, que no estarán obligadas a ser evaluadas por la AIReF, se irán cambiando las metodologías para mejorar la empleabilidad. 

También se fijará una política activa de empleo fundamentada en las personas, a través de la cual se realizarán diagnósticos individualizados, siguiendo perfilados y acompañamientos individuales, con una formación a lo largo de las carreras profesionales. 

Las nuevas políticas activas de empleo también traen consigo una mayor implicación de las empresas, mediante una fórmula de colaboración público-privada centrada en las pequeñas y medianas empresas para incorporar sus necesidades en el SEPE mediante un portal en el que se integrará a los empleadores, en línea con la herramienta de igualdad retributiva. 

Ley de Empleo y nueva metodología 

La ministra ha indicado que el siguiente paso es trabajar en la nueva Ley de Empleo, de la que ya se dispone el borrador, al ser la norma que permite sustanciar con carácter estructural los textos de estos cambios, y se trabajará con agentes sociales y las CCAA. 

Según ha explicado, la norma que regula la gestión de los fondos europeos ha cambiado el procedimiento, de forma que la Conferencia Sectorial con el reparto de fondos ya pasó por el Consejo de Ministros, hoy se ha celebrado una nueva reunión y posteriormente tendrá que volver al cónclave ministerial, una metodología que lleva “más tiempo” pero que ya se quedará perenne al dar “más certeza” y fortalecer la toma de decisiones, tal y como han pedido también los consejeros regionales. 

CEOE dice que no hay pacto en el diálogo social

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, subrayó este miércoles que en la mesa del diálogo social no se ha cerrado un acuerdo sobre la reforma de las políticas activas de empleo y que concretamente la organización no ha pactado «nada”.

Garamendi  quiso llamar la atención en una entrevista a Servimedia respecto a que las políticas activas sean sólo públicas porque las oficinas de empleo colocan “sólo al 1% o el 2%” de los parados.