Trabajo presiona para acelerar la negociación de la reforma laboral

Las negociaciones sobre la modernización del mercado de trabajo en la que se dilucida la derogación (total o parcial) de la reforma laboral de 2012 y cambios laborales de calado en materia de temporalidad y subcontratación se ha reactivado y el Ministerio de Trabajo presiona para acelerar los trabajos con el fin de lograr un acuerdo en el seno del diálogo social.

Trabajo apremia a consensuar la pretendida reforma laboral a ser posible en el mes de octubre, según señalan a Economía Digital en fuentes del diálogo social, ya que dispone de plazo hasta el 31 de diciembre para que vea la luz la nueva normativa y cumplir así el compromiso establecido con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación.

Tras el primer desembolso a modo de anticipo de 9.000 millones recibidos a mediados de agosto, se sumará el primer desembolso de 10.000 millones a final de año una vez España lo solicite en octubre y en este caso ya sí se tendrán que  haber cumplido metas del plan como la de la reforma laboral, por lo que la cuenta atrás para conseguir el acuerdo en el diálogo social y la aprobación de la nueva normativa ha comenzado.

Las partes mantienen sus posturas

Desde el Ministerio de Trabajo destacan que en el retorno de las negociaciones después del verano se han planteado «Muchas propuestas y alternativas en torno a los temas de debate con participación activa de todas las partes» y con la «determinación» de avanzar y cumplir «con holgura» los compromisos europeos.

Fuentes de CEOE explica a este medio que en la primera reunión no se han registrado novedades destacables ya que se ha servido para fijar posturas sobre el documento anterior, tratado en julio y durante el verano con contactos informales, por lo que no se ha producido cambio alguno en los posicionamientos de los agentes sociales.

De esta forma, las partes siguen enrocadas en sus posiciones al no haberse dado aún novedades importantes en un momento en el que el diálogo social lleva varias semanas en tensión con motivo de las negociaciones sobre la subida de entre 12 y 19 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que aprobará el Gobierno en breve haya o no acuerdo, en medio del rechazo de la patronal, y con la negociación de la nueva prórroga de los ERTE pendiente.

CEOE mantiene su rechazo a los cambios en temporalidad

Por ahora la patronal sigue manteniendo su rechazo a los cambios en materia de temporalidad propuesto por el Ejecutivo. En el mes de julio  las patronales CEOE y Cepyme ya lanzaron un duro comunicado contra la que consideran una “inaceptable, regresiva e ideológica” propuesta del Ministerio de Trabajo sobre la reforma laboral, concretamente sobre la contratación formativa y a las alternativas al modelo de temporalidad.

El Gobierno propone limitar los contratos de duración determinada a 6 meses y que solo se puedan usar por causas organizativas, cuando la compañía no pueda hacer frente al incremento ocasione al e imprevisible de la actividad, o productivas, cuando la empresa tenga que sustituir a un empleado de baja.

En la patronal se han marcado como línea roja el asunto de la temporalidad, ya que sostienen que la temporalidad es un elemento intrínseco a muchas actividades de carácter estacional, con lo que “reducirla a un fenómeno residual perjudica la empleabilidad de muchas personas”, en especial de las que carecen de cualificación y los jóvenes.Leer más: CEOE ve un “disparate” la reforma de Díaz sobre temporalidad: “Es ideológica e intervencionista”

De cualquier forma, fuentes de CEOE señalan a Economía Digital que el debate sobre las medidas a implementar para reducir la temporalidad le corresponde al Gobierno, ya que la organización se “amolda” y “corrige” sus propuestas, tal y como lleva realizándose desde hace años en materia laboral, de forma que la patronal no realiza propuestas per sé.

Otra de las líneas rojas para la patronal es el referido a la subcontratación ante la intención de Díaz y los sindicatos de limitarla, a lo que se soponen los empresarios, al tiempo. que rechazan la pretensión de fijar parte del salario a través de convenio sectorial y la recuperación de la ultraactividad.

En la patronal abogan por aplazar estos asuntos que podrían afectar a las empresas y por ende a la creación de empleo y centrarse en atender las peticiones de Bruselas en materia de políticas activas de empleo, un punto sobre el que sí hay en buena media consenso en el diálogo social y el Ministerio ya ha aprobado su reforma en consenso con los agentes sociales. También piden atajar la dualidad del mercado laboral y los altos niveles de desempleo juvenil, que ronda el 35%.

Los sindicatos piden recuperar la indemnización por despido de 45 días por año

Del lado sindical, CCOO y UGT apoyan las propuestas de Trabajo sobre la temporalidad aunque piden mayor precisión del contenido. Como novedad, los sindicatos han solicitado la recuperación de los 45 días por año trabajado en las indemnizaciones por despido existentes antes de la reforma laboral de 2012, que rebajó esta indemnización a los 33 días actuales.

También han solicitado rescatar los salarios de tramitación previos a la reforma del PP, por la que las empresas pagaban cierta cantidad a los trabajadores en caso de despidos improcedentes, tal y como adelantó El Independiente. Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, se han mostrado esta semana confiados en que el Gobierno concluya entre octubre y noviembre las negociaciones sobre la reforma laboral para que pase el trámite parlamentario y cumpla con Bruselas.

Los sindicatos han estado trabajando este verano en la elaboración de una propuesta conjunta y mantienen sus peticiones de limitar la temporalidad a seis meses y a motivos organizativos o productivos, reestablecer la ultractividad de los convenios y la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, así como abordar el tema de la subcontratación para evitar los abusos laborales.

Demandan acotar la causalidad de los contratos temporales, así como buscar fórmulas para que al empresario no le salga “barato” contratar de manera fraudulenta, y que la nueva regulación de los ERTE, en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, incorpore los “avances” de representación sindical que han dado “buenos resultados” en el periodo Covid, así como recuperar la autorización administrativa previa si se va a dotar de un presupuesto que ayude, vía exoneración de cotizaciones, la adopción de medidas de flexibilidad interna.

Temporalidad, subcontratación y ultractividad

Trabajo mantiene su propuesta de derogar la reforma laboral de 2012. El último borrador del Ministerio de Trabajo, al que ha tenido acceso Economía Digital, se elimina el contrato por obra y servicio y se establece de forma ordinaria el contrato indefinido y contempla el temporal por razones de carácter productivo y organizativo, cuando sea preciso ante aumentos de la demanda o para sustitución de un trabajador, eso sí, debidamente justificado. 

La realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a campaña no se contemplarán como causa productiva, sino que su contratación deberá formularse a través de los contratos de fijos-discontinuos. 

Conforme a la propuesta de trabajo, el contrato de duración determinada tampoco podrá utilizarse para trabajos vinculados a la actividad normal y permanente de la empresa, ni para la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas. 

En cuanto a la duración, los contratos de duración determinada por razones productivas durarán seis meses y, como máximo, un año si se determina en el convenio sectorial de aplicación. Si la duración se hubiese concertado por un tiempo inferior al tope legal se podría prorrogar una única vez si las partes así lo acuerdan. 

Por otra parte, el planteamiento inicial del departamento de Yolanda Díaz pasa por establecer limitaciones a las subcontrataciones, uno de los puntos que genera más rechazo en la CEOE, así como fijar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en varios puntos, como para fijar sueldos y horarios.

Igualmente, Trabajo recupera la ‘ultractividad’ que suprimió la reforma laboral de 2012. Así, en los casos en los que no se acuerde entre las partes un acuerdo sobre el convenio colectivo una vez transcurra un año desde la denuncia del convenio, éste mantendrá su vigencia.