Trabajo modificará su propuesta de reforma laboral tras el ultimátum de CEOE

El Ministerio de Trabajo y Economía Social modificará el texto actual del borrador para la modernización del mercado laboral que ha incendiado a los empresarios con el fin de adaptarlo para atender a las distintas posturas aportadas por los interlocutores sociales, según han confirmado a Economía Digital en fuentes del departamento de Yolanda Díaz.

Este es el nuevo movimiento que dará el equipo de Yolanda Díaz tras el duro comunicado de las patronales CEOE y Cepyme contra la que consideran una “inaceptable, regresiva e ideológica” propuesta del Ministerio de Trabajo sobre la reforma laboral, tras la última reunión celebrada este jueves por la mesa de diálogo social en la que se aborda la modernización del mercado laboral y en la que se debatió «intensamente» en torno a la contratación formativa y a las alternativas al modelo de temporalidad.

Desde el Ministerio explicaron a Economía Digital que su equipo negociador acude a la mesa de diálogo social «sin plantear líneas rojas» y confirmaron que «como siempre, el texto actual se irá adaptando atendiendo a los distintos planteamientos aportados por las organizaciones».

Y Trabajo incorporará propuestas realizadas «bien por escrito, bien en el desarrollo de las reuniones, para introducir propuestas y mejoras técnicas planteadas, como se ha hecho hasta el momento en el diálogo social«, en un claro gesto para mantener a CEOE en la negociación después de que la patronal haya condicionado la misma a que Trabajo elaborase un nuevo borrador.

«Es el momento de cambios estructurales»

En el Ministerio de Trabajo defienden que el diálogo social ha dejado numerosos ejemplos de que la negociación sirve para dotarse, entre todos, de herramientas que están permitiendo «afrontar las dificultades con éxito, a la vez que ha dado muestras de superar dificultades que parecían insalvables«.

Por ello, sostiene que «hacer cambios sustanciales, verdaderamente estructurales para acercar el país a Europa no es sencillo, pero es el momento y seguiremos intentándolo en la mesa de diálogo social». En este punto deja entrever por tanto que los cambios no serán de gran calado respecto a la propuesta inicial que ha despertado el rechazo frontal de los emprsarios.

Y es que, para el departamento de Yolanda Díaz «combatir la inercia hacia la precariedad del mercado de trabajo español constituye, además de un reto social y económico, un desafío cultural«. «Es el momento de acercarnos a los países que nos rodean y solar el lastre que nos hace sonrajentemente distintos», insisten las mismas fuentes.

Trabajo asegura que tiene la «aprobación» de Bruselas a sus medidas

De igual forma, las mismas fuentes remarcan que las propuestas de modernización del mercado de trabajo en España del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que «se ciñe a lo pactado en el acuerdo de Gobierno y al Componente 23», tienen como objetivo «reequilibrar las relaciones laborales y acabar con la mayor anomalía del mismo, que es la temporalidad».

Frente a las críticas de CEOE y Cepyme respecto a que las propuestas de Trabajo «no son lo que pide la UE», desde el Ministerio sostienen que Bruselas «apremia a corregir (la temporalidad) con unas medidas que hemos planteado y sobre las que hemos recibido su aprobación».

«La propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social responde a la necesidad de crear un marco laboral que proteja a las personas trabajadoras y, a la vez, dote a las empresas de un marco de relaciones laborales flexible para desarrollar adecuadamente sus diferentes actividades», añaden las mismas fuentes.

CEOE duda del gesto de Trabajo

A pesar de este «gesto» de Trabajo, en CEOE dudan de las intenciones de Trabajo y, según señalan a Economía Digital fuentes de la patronal, creen que «seguirán en lo mismo» ya que «es ideología y no pragmatismo». «Las ideologías no crean empleo», insisten la mismas fuentes, que dudan de que Trabajo vaya a modificar sustancialmente su planteamiento.

En duro comunicado, CEOE y Cepyme advirtieron de que los planteamientos del Ministerio de Trabajo “van en contra de la adaptabilidad que necesitan las empresas para poder generar empleo en la actual coyuntura de incertidumbre y transformación”, y también de las directrices que marca la Comisión Europea en esta materia, con lo que “se está poniendo en juego en último extremo la recepción ágil de los fondos europeos que el país necesita para la reconstrucción tras la pandemia”.

Por ello, las organizaciones empresariales trasladaron en la comisión tripartita la necesidad, para poder seguir negociando, de contar con un «planteamiento nuevo» por parte del Gobierno “alineado con las necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras y de acuerdo con las recomendaciones de país de Bruselas.

“No parece que la mejor opción sea plantear una propuesta que en todos sus elementos es regresiva e intervencionista, restando capacidad a la negociación colectiva«, defienden los empresarios, que sostienen que la temporalidad es un elemento intrínseco a muchas actividades de carácter estacional, con lo que “reducirla a un fenómeno residual perjudica la empleabilidad de muchas personas”, en especial de las que carecen de cualificación y los jóvenes, en un momento en el que su tasa de paro ronda el 40%, e incluso supera el 50% en muchos territorios.

Los sindicatos acusan a CEOE de querer bloquear la mesa

Entre tanto, los sindicatos siguen alineados con la postura del Ministerio de Trabajo y apremian a acometer los cambios cuanto antes, ante el compromiso suscrito por el Gobierno con Bruselas de realizar los cambios en el mercado laboral antes de que finalice el año.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han constatado los «escasos avances» y censuran el comunicado crítico de CEOE y Cepyme, una postura que ven «coherente» con las posiciones que están manteniendo en la mesa en la que «lejos de plantear propuestas alternativas, se limitan a la descalificación sobre las propuestas existentes».

Para ambos sindicatos esta actitud revela una «intención de bloqueo de la mesa» y refleja que las organizaciones empresariales son conscientes de que la reforma laboral del año 2012 «otorgó a la parte patronal enormes desequilibrios a su favor en la negociación colectiva, promovió la caída de los salarios, precarizó la contratación y facilitó el recurso al despido». «La reforma unilateral de 2012 dio todo a la patronal y ahora esta misma patronal no quiere ceder nada, y se planta en el bloqueo«, sostienen.

«Esta actitud es denunciable», señalan los sindicatos, que denuncian los «enormes problemas casi ya patológicos» del mercado laboral, por lo que consideran que dicutir temporalidad desmedida, y que esa temporalidad provoca «precariedad» y es «ineficaz» desde un punto de vista de mejora de la productividad de las empresas y la cualificación del trabajo, es «estar en contra no de los sindicatos o del Gobierno, sino de la Comisión Europea y de las recomendaciones para España del semestre europeo».

CCOO y UGT subrayan que van a seguir una negociación con contenidos que limite la temporalidad, que sitúe el despido como «última opción» de las empresas, que habilite formas de flexibilidad interna y adaptaciones de jornada como forma preferente para evitar esos despidos, que equilibre la negociación colectiva, que mejore la participación organizada de los trabajadores en las relaciones laborales en la empresa descartando la unilateralidad empresarial.

«Si CEOE y Cepyme van a continuar por la vía del bloqueo en la negociación, el Gobierno va a tener que avanzar en el terreno legislativo para ser coherente con su programa, con las necesidades de nuestro país y con los contenidos del componente europeo que hemos comprometido y que se concreta en reformas e inversiones», han avisado.

Las propuestas de Trabajo

El último borrador del Ministerio de Trabajo, al que ha tenido acceso Economía Digital, se elimina el contrato por obra y servicio y se establece de forma ordinaria el contrato indefinido y contempla el temporal por razones de carácter productivo y organizativo, cuando sea preciso ante aumentos de la demanda o para sustitución de un trabajador, eso sí, debidamente justificado.

La realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a campaña no se contemplarán como causa productiva, sino que su contratación deberá formularse a través de los contratos de fijos-discontinuos.

Conforme a la propuesta de trabajo, el contrato de duración determinada tampoco podrá utilizarse para trabajos vinculados a la actividad normal y permanente de la empresa, ni para la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas.

Fin al contrato por obra y servicio y límite de 1 año a temporales

En cuanto a la duración, los contratos de duración determinada por razones productivas durarán seis meses y, como máximo, un año si se determina en el convenio sectorial de aplicación. Si la duración se hubiese concertado por un tiempo inferior al tope legal se podría prorrogar una única vez si las partes así lo acuerdan.

Además, pretende obligar a las empresas explicar por escrito las causas y las circunstancias y la duración del contrato, estableciendo que el incumplimiento de las mismas conlleve hacer indefinido al trabajador.

En detalle, el Ejecutivo busca que el despido de los trabajadores con contrato de duración determinada sea considerado nulo, en lugar de improcedente como hasta ahora, en los supuestos en los que el contrato no esté justificado o no se haya realizado por escrito. La readmisión inmediata del trabajador incluiría el pago de los salarios dejados de percibir.

Respecto a los contratos de duración temporal por causas organizativas, su duración concluirá cuando se reincorpore el empleado sustituido, pero si pasan 24 meses sin que se produzca la reincorporación, el trabajador temporal pasará a ser fijo.

También adquirirán la condición de trabajadores indefinidos aquellos que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social; los que no hayan recibido un contrato por escrito, o cuando no se hayan especificado en el contrato las causas habilitantes de la contratación temporal y las circunstancias concretas que justifican su realización, así como su conexión con la duración prevista.

A su vez, los trabajadores que hayan estado contratados más de 24 meses dentro de un periodo de 30 meses, para el mismo o diferente puesto, mediante dos o más contratos temporales, adquirirán la condición de fijos, así como los trabajadores bajo este supuesto con contratos de duración determinada, incluidos los de ETT. No se aplicará a contratos formativos y de relevo, ni los de programas públicos de empleo-formación ni en los utilizados por empresas de inserción.

Límite a la subcontratación y recuperación de la ultractividad

Por otra parte, el planteamiento inicial del departamento de Yolanda Díaz pasa por establecer limitaciones a las subcontrataciones, uno de los puntos que genera más rechazo en la CEOE, así como fijar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en varios puntos, como para fijar sueldos y horarios, según el borrador al que ha tenido acceso Economía Digital.

El Ministerio de Trabajo plantea que exista una responsabilidad subsidiaria de la empresa principal en caso de que la actividad desarrollada por la empresa contratista o subcontratista no forme parte del ciclo productivo de la empresa principal.

Asimismo, el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata, pero si ya cuenta con convenio propio éste podrá ser el que se aplique siempre que garantice al menos los mismos derechos que el convenio sectorial de referencia.

De su lado, sobre la negociación colectiva Trabajo mantiene su propuesta de que la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto al convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior salvo en la retribución, la duración del tiempo de descanso compensatorio por hora extraordinaria y la duración de la jornada, que serán fijados preferentemente por el convenio sectorial.

Igualmente, Trabajo recupera la ‘ultractividad’ que suprimió la reforma laboral de 2012. Así, en los casos en los que no se acuerde entre las partes un acuerdo sobre el convenio colectivo una vez transcurra un año desde la denuncia del convenio, éste mantendrá su vigencia.