Trabajo mantiene su intención de subir el Salario Mínimo este año: expertos decidirán este mes
El grupo de expertos publicará este mes su dictamen con la senda de subida del SMI hasta el 60% del salario medio a final de legislatura
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) abrió a finales del año pasado una disputa interna en el seno del Gobierno al dividirse entre los partidarios de mantener el nivel actual, tras la sucesivas subidas hasta los 950 euros al mes, y los partidarios de acometer un nuevo incremento.
La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, fue la principal defensora de la primera idea al considerar que no era (ni es) un buen momento para llevar a cabo otro alza del SMI ante el contexto de crisis económica y sin el consenso con la patronal y los sindicatos, por lo que aboga por esperar a que se encauce la recuperación económica.
Tampoco CEOE y Cepyme respaldaron el incremento tras el alza del 27% acumulado en los últimos dos años al considerar que podría afectar a los sectores más vulnerables, como las pequeñas empresas y autónomos con bares, pequeños comercios, al campo y a las familias.
Tras consensuar un aumento del 5,5% en 2020, hasta los 950 euros, en la patronal consideran que «no toca» y que al final la decisión es del Gobierno, al abordarse en la Comisión delegada para Asuntos Económicos y el Consejo de Ministro. En cualquier caso, en caso de acometerse CEOE defiende que la subida debería indexarse a los contratos del Estado paralizados del Estado «desde hace años», lo que genera pérdidas en las empresas a las que más afecta el incremento del SMI.
Por el contrario, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido siempre la necesidad de aprobar una nueva subida del SMI (los sindicatos pedían 1.000 euros) para contribuir especialmente a los colectivos con menores salarios y más afectados por la crisis, como son las mujeres y los jóvenes.
Ante las desavenencias, finalmente el Gobierno optó por postergar la decisión hasta mediados del año 2021 y constituyó un grupo de expertos para evaluar la senda de convergencia más adecuada a lo largo de la legislatura para un aumento progresivo del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio español al final de la legislatura, como establece la Carta Social Europea. Esto su pondría alrededor de 1.200 euros para el año 2023.
Subida este año y objetivo de legislatura: 60% del salario medio
Aunque parecía que la subida había quedado aparcada, el Ministerio de Trabajo mantiene su intención de lograr un nuevo incremento del SMI en España este año, a pesar de que la recuperación de los niveles de PIB previos a la crisis se prevé por el Gobierno para finales de 2022, así como la recuperación de las tasas de crecimiento precrisis para 2023.
De hecho, un informe de la patronal Cepyme y Randstad publicado a finales de año avisaba de que elevar hasta los 1.000 euros el SMI en 2021 tendría un impacto negativo sobre el empleo estimado entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo en 2021 y 2022.
También el Banco de España alertó varias veces del impacto de la subida del SMI del 22,3% aprobada en 2019, hasta los 900 euros, que calculó que podría llegar a destruir 125.000 empleos, si bien posteriormente desde el Gobierno de Pedro Sánchez pidieron a la institución que rectificase por su «error» ante la mejora de los datos de afiliación.
Actualmente el Banco de España trabaja en un informe sobre el impacto de la subida del SMI en la creación de empleo, que podría ver la luz en los próximos meses.
El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha aseverado que el Ejecutivo no ha abandonado la idea de subir el SMI, si bien está esperando a las conclusiones definitivas del grupo de expertos.
En la rueda de prensa para presentar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social mayo, ha indicado que en el Ministerio confían en que a lo largo del mes de junio la comisión de expertos podría ya dar a conocer su dictamen definitivo sobre el SMI.
Esta comisión desvelará la senda de crecimiento para converger con los estándares internacionales y europeos, y especialmente con lo establecido en la Carta Social europea que España ya tiene ratificada en su versión revisada, en la que se establece que el SMI debe alcanzar el 60% del salario medio en España.
Pérez Rey ha agradecido el “trabajo extraordinario” de los expertos con un nivel de “rigor científico muy importante”, a los que les ha llevado “mucho tiempo” acometer un análisis “no precisamente sencillo”.
Expertos decidirán la subida
Trabajo constituyó el pasado mes de enero el grupo de expertos con el mandato de fijar para el SMI la cifra del 60% del salario medio contemplado en el acuerdo de Gobierno y en la Carta Social Europea, y la senda de convergencia más adecuada a lo largo de la presente legislatura, en los años 2021, 2022 y 2023.
La comisión de expertos está integrada por siete profesionales académicos, cuatro representantes de organizaciones sindicales y patronales, y tres integrantes del Ministerio de Trabajo, junto a los designados por los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y Hacienda.
Los expertos académicos que forman parte de la comisión son el presidente del CES y catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, Antón Costas; la catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Olga Cantó; miembro del departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona, Gemma Galdón Clavell; y el exprofesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid, José Ignacio Pérez Infante.
El resto de expertos son el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca Rafael, Muñoz de Bustillo; la profesora de Economía de la UAH Inmaculada, Cebrián López; y la catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, Sara de la Rica.
En representación de los agentes sociales figuran, del lado sindical, la exsecretaria general de UGT-Cantabria, María Jesús Cedrún; el director del Gabinete Económico de CCOO, Carlos Martín Urriza; y del lado empresarial, la secretaria de la Comisión Economía y Política Financiera de CEOE; Edita Pereira, y el director de Economía y Transformación Digital de Cepyme, Luis Aribayos.
Sin embargo, los representantes de CEOE y Cepyme no han participado en el grupo al declinar la iniciativa de volver a subir el SMI por su posible afectación a las pequeñas empresas y autónomos,. CEOE defendió que con la congelación no se producía una pérdida de poder adquisitivo tras el cierre de la inflación en el -0,9% y sostuvo sobre el objetivo del 60% del salario medio a lo largo de la legislatura que ya se habría superado en Extremadura y algunas zonas de Andalucía, lo que llevaba a que empresas estuviesen contratando fuera de España.
Por último, las personas designadas por los Ministerios son el asesor del Gabinete de la Ministra de Trabajo y Economía social, Manuel Lago Peñas; el vocal asesor del Gabinete de la Ministra de Hacienda, César Veloso Palma, y el director general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo Caballero.