Trabajo reformará los incentivos a la contratación para las empresas
El Ministerio de Trabajo quiere reordenar y simplificar las bonificaciones y homogeneizar los requisitos de las empresas
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz./EFE
El Ministerio de Trabajo y Economía Social trabaja en la elaboración de una normativa para acometer una profunda revisión y actualización de las subvenciones y bonificaciones en las cotizaciones sociales para incentivar la contratación ante la fragmentación y dispersión de las normas actuales y la ineficacia de muchos de los incentivos.
Esta es la intención del departamento de Yolanda Díaz de cara al anteproyecto de ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable financiadas con bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, actualmente en trámite de consulta pública.
Trabajo revisará y actualizará las bonificaciones, simplificando los incentivos, creando un marco único y homogeneizando los requisitos de las empresas beneficiarias, al tiempo que focalizará los incentivos en colectivos de baja empleabilidad.
El documento, recogido por Economía Digital, señala que las subvenciones y bonificaciones a la contratación suponen alrededor del 25% del gasto total en políticas activas de empleo pero «no han logrado resolver los problemas estructurales del mercado laboral español, demostrándose «poco eficaces para lograr un impacto que perdure en el tiempo».
Más de 1.800 millones en bonificaciones de cuotas
En el caso de las bonificaciones de cuotas, que son soportadas con cargo al Presupuesto de Gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, el gasto en el año 2020 ascendió a 1.821,6 millones de euros.
A ello se añade la existencia de incentivos a la contratación financiados mediante subvenciones concedidas por los servicios públicos de empleo, ya sea con fondos estatales distribuidos a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, o bien con fondos propios de las comunidades autónomas o fondos cofinanciados por la Unión Europea.
De esta forma, Trabajo apunta que «al no existir un marco jurídico único, falta una visión integral de las medidas de empleo incentivadas en el conjunto del Sistema Nacional de Empleo».
Fragmentación y desactualización
Lo cierto es que actualmente no existe un marco jurídico único para la regulación de las medidas para el impulso y mantenimiento del empleo que se consistentes en bonificaciones con cargo al presupuesto del SEPE, sino que por el contrario se encuentran en un «conjunto normativo enormemente disperso».
El Ministerio alude al estudio de evaluación realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre dichos incentivos en el que se constata que deben constituir una herramienta orientada a mejorar la empleabilidad de determinados colectivos, pero en ningún caso sustituyen a las reformas necesarias para combatir la elevada temporalidad y el alto nivel de desempleo que caracterizan al mercado laboral español.
Esta evaluación ha puesto de manifiesto, según el Ministerio, que tales incentivos, aunque facilitan la obtención de empleo en periodos de crisis, sus los «efectos positivos son modestos» y se encuentran sobre todo en individuos con un nivel de formación medio-alto. Además, no perduran en el tiempo una vez que desaparece el incentivo.
Otros problemas detectados por Trabajo sobre estos incentivos son la desactualización o falta de homogeneización de algunas medidas, principalmente en las cuantías de los incentivos dado el tiempo transcurrido desde que se aprobaron; así como la ausencia de un tronco común de disposiciones generales aplicables a todas ella y debilidades en los sistemas de información, coordinación y evaluación existentes.
Focalizar los incentivos en colectivos de baja empleabilidad
Ante estos problemas, el Ministerio pretende acometer una revisión y actualización de bonificaciones, que permita reordenar los recursos para reforzar la personalización de las políticas activas, con el objetivo último de alcanzar la «máxima eficacia y eficiencia en su aplicación».
Se creará un marco único en el que se integren, ordenen y actualicen todos los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo en las cuotas de la Seguridad Social, al tiempo que se establece un tronco común de disposiciones generales aplicables a todas las medidas incentivadas.
Se procederá a simplificar los incentivos y homogeneizar los requisitos de las empresas beneficiarias, así como asegurar una mayor coordinación entre todas las administraciones públicas con competencias en la materia y con las demás políticas activas de empleo, en paralelo a un seguimiento y evaluación continuos de incentivos, a fin de que puedan mejorarse.
Con la nueva norma también se van a focalizar los incentivos en la empleabilidad de las personas desempleadas y para contratindefinidos, dirigiéndose sobre todo a colectivos muy específicos de baja empleabilidad, especialmente en períodos recesivos. En cuanto a las personas con discapacidad, que suponen el mayor gasto en bonificaciones, se plantea rediseñar los objetivos para su contratación poniendo el foco principalmente en los colectivos con especiales dificultades.
