Yolanda Díaz acusa a Hacienda de dinamitar la renovación de la Inspección de Trabajo

Las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el departamento de Trabajo para renovar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y aumentar su dotación de personal han abierto una nueva brecha en el Gobierno de coalición, después de que el departamento de María Jesús Montero haya rechazado la propuesta emitida por la Vicepresidencia.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han expresado su «profundo malestar» con la postura de Función Pública, que después de negociaciones «casi diarias» para aprobar una relación de puestos de trabajo que fue acordada en Consejo de Ministros, ha paralizado la propuesta. Esto se lo ha trasladado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, a los sindicatos, con los que se ha reunido esta tarde.

Por su parte, fuentes de Hacienda sostienen que Función Pública sigue trabajando «con normalidad» con este ministerio, de igual manera que hace con el resto, y destacan la «importante labor» que hace la Inspección.

De acuerdo con fuentes de la negociación, desde el Ministerio de Trabajo aguardaban ayer el visto bueno de Hacienda a la nueva relación de puestos de trabajo elaborada por el departamento que lidera Yolanda Díaz, negociada desde año y medio. Sin embargo, por la noche se les trasladó la negativa que fuentes de la negociación achacan a un duelo político entre los socios de la coalición.

Las negociaciones, según detallan las mismas voces, estaban encarriladas hasta ayer mismo. Y en este punto comparan la rápida solución a los conflictos laborales en el seno de los Ministerios de Justicia y Seguridad Social, ambos dirigidos por el PSOE, con el de la Inspección de Trabajo, que afecta a la vicepresidenta Díaz. También argumentan que los cambios en la Inspección ya estaban comprometidos en el Presupuesto e incluía el ingreso de 790 nuevos inspectores y subinspectores de refuerzo.

Desde Función Pública detallan que se ha autorizado el incremento de 781 inspectores y subinspectores para este año, así como una productividad de 6 millones de euros, adicional al acuerdo salarial firmado para los empleados públicos. Las mismas fuentes señalan que la Ley de Función Pública en tramitación en el Congreso ya establece un horizonte de desarrollo profesional que habían reclamado.

Además, la brecha se abre a apenas cuatro días de las elecciones municipales y autonómicas y con una huelga convocada en la Inspección de Trabajo, cuyos sindicatos se concentrarán mañana a las puertas de Función Pública para exigir avances en un acuerdo paralizado desde 2021.

Los sindicatos ya señalaron ayer a la vicepresidenta Yolanda Díaz, de quien reclamaron la dimisión ante la «incapacidad e incompetencia» para resolver los problemas de la Inspección de Trabajo.

El conflicto con la Inspección de Trabajo es especialmente relevante ya que se trata del organismo que se encarga de velar por el cumplimiento de algunos de los principales hitos de Díaz al frente de su Ministerio, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la conversión de temporales fraudulentos en indefinidos. Además, en las últimas semanas se les ha encomendado otras funciones, como el control de los protocolos especiales en episodios de calor o la revisión de las autoevaluaciones de riesgos laborales para las empleadas del hogar.