A Ribera ‘le pilla el toro’ de Ucrania: prepara a contrarreloj las tres subastas para abaratar la luz
Las diferentes subastas de potencia acumulan retrasos, y además se trata de procesos que tardan muchos meses hasta que se conectan a la red
Ministra Teresa Ribera
El problema eléctrico español con los precios se mantiene. De hecho, tras la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, las tensiones energéticas por el abastecimiento de gas natural han provocado que los precios mayoristas de la electricidad estén en nuevos máximos históricos. Para hacer frente a esta coyuntura, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comandado por Teresa Ribera se plantearon el año pasado una serie de medidas para abaratar el recibo. Unas se mantienen, y otras llegan con retraso.
En este último paquete de medidas que se están haciendo esperar se encuentran las diversas subastas de potencia que, como añadido, tardan hasta años en poder estar en uso conectadas a la red. La primera de ellas, y más polémica, es la denominada subasta inframarginal. Se trata de una subasta mediante la cual las grandes eléctricas ofertarían su electricidad a otras comercializadoras de menor tamaño para generar un pool de precios más barato.
El Ministerio se comprometió a realizar este movimiento antes de diciembre de 2021, pero finalmente no se ejecutó. Y por ahora no hay una fecha clara. El objetivo era que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.
Además del retraso, esta subasta se ha encontrado con el rechazo de algunas empresas. El último en pronunciarse ha sido el CEO de Endesa, José Bogas. En un reciente encuentro con la prensa, el máximo responsable de la eléctrica señalaba que esta subasta que se realizará sobre electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y eólica, «no sería acertada», ya que supondría «perjudicar a unos consumidores para beneficiar a otros». Bogas aseguró que estas subastas «ni bajarían el precio de los clientes ni darían más profundidad a lo que es los mercados a largo plazo», ya que las grandes eléctricas venden la energía que generan a largo plazo con «unos precios más que razonables y muy por debajo de los precios mayoristas».
La subasta autogestionada
Otra de las subastas pendientes tiene como protagonista a la industria electrointensiva. Las principales empresas del sector llevaban meses alzando la voz sobre los altos costes y cómo eso repercutía en sus costes, suponiendo un importante volumen en la partida de gastos. Finalmente ante la pasividad del Gobierno para darles una solución han decidido gestionar a través de la patronal Aege (ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Sener, Ferroatlántica o Tubos Reunidos, entre otras) su propia subasta.
La aspiración de las compañías industriales es celebrar la primera puja para comprar electricidad en el primer trimestre de 2022 y sellar acuerdos con instalaciones renovables con una potencia de al menos 2.000 MW. Posteriormente irá convocando subastas sucesivas que se irán intercalando con las que organiza el Ministerio para la Transición Ecológica. Aege cuenta con el beneplácito del Gobierno para poner en marcha la operación y está negociando con Omie, el operador del mercado eléctrico español, para que gestione las subastas.
Por último, otra de las subastas que faltan es la de renovables. El Ministerio, tras someter a información pública la resolución, subastará 500 MW repartidos en 200 MW para solar termoeléctrica; 140 MW para solar fotovoltaica distribuida; 140 MW para biomasa; y 20 MW para otras tecnologías. La resolución prevé que la subasta tenga lugar el próximo 6 de abril, dando margen para la presentación de las ofertas y favoreciendo una mayor participación.
La luz y los impuestos
Por lo que respecta a la parte impositiva, el Gobierno mantendrá hasta el 30 de junio el escudo fiscal constituido hace más de seis meses para proteger a las economías domésticas y empresariales de la escalada sin control del precio del recibo de la luz y cuya medida más emblemática es la reducción del tipo de IVA aplicable al recibo de la luz del 21% al 10%.
La decisión del Ejecutivo es prolongar durante un par de meses más -hasta el último cambio la hoja de ruta preveía mantener ese paquete de medidas hasta el 30 de abril- la aplicación de un IVA reducido del 10% al recibo de la luz de los consumidores, la rebaja al 0,5% del tipo impositivo del impuesto especial sobre la electricidad, que también carga el recibo de la luz, y la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.
Asimismo, el Gobierno va a prorrogar hasta el 30 de junio el bono social eléctrico, con sus descuentos del 60% para los colectivos vulnerables y el 70% para los vulnerables severos.
