Los técnicos de Hacienda tachan de «decepcionante» la Ley de Función Pública del Gobierno
El proyecto de ley se tramitará, previsiblemente, por el procedimiento de urgencia, y Gestha pedirá a los grupos parlamentarios que incluyan medidas relativas a la transparencia de los procesos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE/Juan Carlos Hidalgo
El Gobierno ha aprobado este jueves en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Función Pública, reforma contemplada en el componente 11 del Plan de Recuperación que ha contado con el visto bueno de los sindicatos CCOO y UGT, aunque con el rechazo de CSIF y con la crítica de Gestha, asociación de los técnicos del Ministerio de Hacienda.
En un comunicado, Gestha ha tachado el proyecto de ley de «decepcionante» porque, al remitirse al desarrollo de posteriores reglamentos para concretar «aspectos esenciales», «difumina y desluce» su contenido. En concreto, los técnicos señalan que el proyecto de ley contiene 60 remisiones al desarrollo reglamentario, por lo que piden «un marco legal estable que no dependa del color político de cada Gobierno».
La norma será tramitada, previsiblemente, por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados y los técnicos de Hacienda piden a los grupos políticos del Congreso y del Senado que incorporen a la ley un aspecto, a su juicio, «esencial»: el contenido y la publicidad de las relaciones de puestos de trabajo, las funciones principales y la responsabilidad de cada puesto consignando el número de identificación de quien lo ocupa.
En esta línea, también proponen estructuras administrativas más horizontales con la firma de todos los que intervienen en los procesos para evitar casos de corrupción, así como transparencia en la provisión temporal de puestos.
Por otra parte, Gestha pide la inclusión de los técnicos del Ministerio de Hacienda en el subgrupo A1 «dado el nivel de responsabilidad de las funciones que desempeñan y las características de las pruebas de acceso». En su opinión, este cambio terminaría con los filtros y limitaciones que se han ido imponiendo a las competencias de los técnicos que, entre otras cuestiones, «han provocado el desplome del 82% de las denuncias por delitos fiscales desde que no pueden investigarlos desde 2010». La inclusión contribuiría a reducir la economía sumergida y a reforzar la persecución del fraude más sofisticado y de los delitos fiscales, además mejorar el control del gasto público, entre otros.
Principales novedades de la Ley de Función Pública
El proyecto de ley contempla entre sus medidas novedosas una prueba anual para evaluar el desempeño de los empleados públicos, que podrá ser causa de degradación por «rendimiento insuficiente».
Los empleados públicos que hayan obtenido su puesto de trabajo por concurso podrán ser «removidos», como pronto, a partir de 2026 si se acredita una «falta de capacidad» o un «rendimiento insuficiente» a la hora de ejercer sus funciones laborales, aunque sin perder su condición de empleado público. Un nivel de desempeño favorable podrá ser motivo de un complemento salarial y de nuevos ascensos o garantía de continuidad en el puesto de trabajo.
Otras novedades son destinar a la promoción interna un 30% de los nuevos puestos de empleo público, establecer un complemento de carrera y desarrollar la promoción interna horizontal y aumentar en hasta un 10% las plazas reservadas a discapacidad en las ofertas de acceso laboral de la Administración del Estado.
