Tasa Tobin: el Gobierno lleva recaudado un 15% de los ingresos previstos para 2021

La primera liquidación del impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como ‘tasa Google’, se ha saldado en los primeros cinco meses del año con una recaudación de 128 millones de euros, lo que supone apenas un 15% del total de 850 millones de euros previstos de ingresos por el Gobierno con este nuevo tributo.

Así se refleja de los primeros datos de recaudación obtenidos con este nuevo gravamen, que reflejan los primeros datos de recaudación y permiten tener una idea general del previsible incumplimiento de la previsión de recaudación, tal y como se desprende de los últimos datos de ejecución presupuestaria del Estado publicados por la Agencia Tributaria.

Y es que el Gobierno inicialmente estimó que con la nueva ‘tasa Tobin’ y el nuevo impuesto a determinados servicios digitales, conocido como ‘tasa Google’, se podrían llegar a recaudar 1.200 millones de euros, pero en febrero de 2020, cuando se aprobaron, rebajó esas expectativas.

Sus últimas previsiones de ingresos apuntaban a una recaudación de 850 millones de euros con la ‘tasa Tobin’ y algo más, 968 millones, con la ‘tasa Google‘. Con lo recaudado hasta la fecha con la ‘tasa Tobin’ se constata que los ingresos podrían haber sido algo menores de lo esperado, en un contexto, eso sí, marcado por la incidencia de la Covid-19.

Retraso en la liquidación

Precisamente la crisis de la Covid-19 fue el detonante de los dos retrasos realizados por el Ministerio de Hacienda tanto en la ejecución de la ‘tasa Tobin’ como de la ‘tasa Google’.

Con cinco meses de retraso, la liquidación arrancó en junio, de forma que entre el día 10 y el 20 de junio se tuvo que pagar este impuesto por las operaciones efectuadas desde el 16 de enero de 2021, fecha en que entró en vigor el impuesto.

No obstante, la orden aprobada por el departamento de María Jesús Montero estableció la presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021, así como el ingreso de las respectivas deudas tributarias, se tenía que efectuar en el plazo correspondiente al mes de mayo de 2021, es decir entre el 10 y el 20 de junio.

La primera autoliquidación del tributo se ha tenido que presentar de forma obligatoria por vía electrónica a través de Internet en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, tal y como se fijó en la orden aprobada el pasado mes de mayo por Hacienda con el procedimiento para la autoliquidación.

El nuevo impuesto

Con la llegada al poder en el verano de 2018 de Pedro Sánchez y su equipo socialista, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, el nuevo Gobierno anunció ya entonces su intención de aprobar nuevos impuestos, como el referido a las transacciones financieras, conocido como ‘tasa Tobin’, que el Ejecutivo lo aprobó en febrero del año 2020 y el pasado mes de octubre quedó validado definitivamente en el Senado para su entrada en vigor el pasado 16 de enero.

Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. De esta forma, se evita que el impuesto afecte a la compraventa de acciones de pymes.

Entre las adquisiciones que están exentas de dicho gravamen, destacan, además de las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

Rechazo de la banca a un tributo «temporal» pendiente de Bruselas

El nuevo gravamen despertó el rechazo frontal de la banca y de los organismos reguladores, que advirtieron de que acabaría repercutiendo en los usuarios a modo de comisiones y afectaría a la liquidez de las distintas entidades al tener que asumir esa carga impositiva.

BBVA alertó de que podría traducirse en un menor crecimiento económico y los clientes acaban soportando parte de la carga y, en la misma línea, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, se manifestó en contra al considerar que un impuesto a la banca o a las transacciones financieras conllevaría una pérdida de competitividad de España frente a otro mercados al incrementarse los costes transaccionales y la City de Londres podría acoger parte del negocio bursátil.

El consejero delegado del Sabadell, Jaume Guardiola, también censuró el impuesto porque metía «más presión a un sector ya muy penalizado y dificulta que la banca acompañe el crecimiento de la economía», según dijo en su momento.

También se pronunció en contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al verlo lesivo para los intereses del mercado de valores español, puesto que muchas de las operaciones en la Bolsa española se derivarían a otros parqués.

De cualquier forma, el gravamen va en la línea defendida por la Comisión Europea y que ya han adoptado otros países, como Francia o Italia, y al margen de que Hacienda defiende que contribuye a una mayor coordinación de estos gravámenes en el ámbito europeo, se trata de un tributo «temporal» que se tendrá que adaptar a la solución fiscal que se acuerdo en Bruselas o en el ámbito internacional, según confirman fuentes gubernamentales.