El Gobierno fracasa en su objetivo de cambiar clientes a la ‘tarifa barata’ de gas

A finales de septiembre el Gobierno anunciaba medidas excepcionales para controlar la factura del gas en los hogares españoles. Para ello limitaba al 4% el alza de precios en la tarifa regulada (TUR). De esta manera, el Ejecutivo invitaba a los clientes a pasar del mercado libre a esta ‘tarifa barata’. Un mes y medio después el trasvase ha sido menor del esperado. Y la gran pregunta en estos momentos es cómo van a afrontar el invierno los 6 millones de usuarios que todavía pagan en exceso. 

Según datos de las comercializadoras, y sobre los que el Gobierno no ha querido pronunciarse, en estos momentos se habrían cambiado de tarifa poco más de 250.000 clientes. Puede parecer una cifra abultada, y a tenor de los colapsos telefónicos que ha habido en las empresas, incluso enorme, pero cuando se ajusta al volumen total de usuarios, saltan las alarmas. 

En España todavía quedan más de 6 millones de usuarios de gas en la tarifa libre. Lo más peligroso, como se ha demostrado en los últimos meses, es que la volatilidad en los mercados mayoristas del gas puede provocar que en cualquier momento los precios de disparen, y eso empuje al alza las renovaciones de contrato.  

En este sentido, lo que pone de manifiesto es que, pese al ruido mediático que se ha creado en entornos muy concretos, la realidad es que el grueso de la población no se ha enterado de la potencial problemática de precios en el mercado libre. 

Y no solo eso. Incluso aunque exista todavía un importante volumen de clientes que quieran cambiar de tarifa, el periodo de cambio -efectivo- puede prolongarse en algunos casos hasta unas tres semanas. Algo que llevaría a muchos usuarios a entrar en lo más duro de diciembre todavía con una ‘tarifa cara’. 

El Gobierno no dice, pero presiona 

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica nunca han dado estimaciones sobre el trasvase de clientes. Sin embargo, sí se han posicionado en primera persona para presionar a las empresas para que facilitaran el cambio de tarifa. 

Incluso, la propia ministra Teresa Ribera ha tomado la palabra para recordar a las compañías sus obligaciones de ofrecer a sus clientes la posibilidad de cambiar y, además, ha azuzado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que investigase que todo estaba en orden. 

Otro problema derivado 

Por si fuera poco, esta problemática, un grupo de empresas ha denunciado públicamente que todo este tipo de cambios que, en principio se hacen para favorecer a los consumidores, también tienen un reverso peligroso en la competencia entre las empresas. 

En concreto, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) se ha lanzado a promover un manifiesto que denuncia la situación y quiere avanzar en soluciones para un sector estratégico como es el de la energía. El objetivo de este manifiesto es hacer llegar la gravedad de la situación al Ministerio de Transición Ecológica, en una reunión con la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. 

Desde ACIE se lamenta la falta de atención por parte del Ministerio que dirige Teresa Ribera, ya que, aunque desde la asociación de comercializadoras independientes se ha tratado de fijar una reunión con su departamento, las fechas se han ido posponiendo y cancelando de forma continuada por parte del gabinete de la ministra.  

El manifiesto de ACIE quiere también concienciar a los consumidores sobre los riesgos que existen para la desaparición de la competencia en el mercado eléctrico. Una situación que supondría un retroceso inaceptable de muchos años en la liberalización del mercado.  

Uno de los más graves problemas que denuncia el manifiesto, y que afecta al sector, es el injustificado incumplimiento del Real Decreto-Ley 17/2019 que prevé que un 25% de la energía obtenida por tecnologías baratas, como la nuclear o las renovables, deba ofrecerse obligatoriamente en el mercado mayorista. Esta Ley no se está aplicando, pese a que estaba prevista su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Ante la amenaza de esta obligación, los grupos dominantes han tratado de esquivar la ley mediante contratos bilaterales con sus propias comercializadoras, sustrayendo la energía más económica del mercado y dañando gravemente la libre competencia.