El tapón regional de los fondos UE: 10 CCAA han ejecutado menos del 5%

El Gobierno ha autorizado ya 30.314 millones de euros de los fondos europeos ‘Next Generation EU’, lo que supone casi el 60% de lo presupuestado entre el año pasado y el ejercicio actual, de los que las CCAA han recibido 13.386 millones, si bien el grado de ejecución está siendo muy dispar, encabezada por Baleares (25% y Asturias (15%), mientras que diez regiones no han ejecutado todavía ni un 5%.

Así lo ha desvelado este jueves la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, durante su comparecencia en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para explicar los progresos relativos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, en el que ha detallado los avances en materia de ejecución, reformas e inversiones, sin especificar de nuevo el dato de ejecución real, en medio de críticas y peticiones de mejoras de las CCAA por las trabas detectadas en estos meses.

Calviño ha destacado la importancia de la cogobernanza y la «colaboración leal» entre las distintas administraciones, especialmente entre el Estado y las CCAA, al ser «absolutamente fundamental» para el trabajo del despliegue en 2022, un ejercicio «absolutamente clave» para lograr la «velocidad de crucero» en el despliegue, en el que las CCAA tienen un «papel protagonista» para lograr que las inversiones lleguen a todo el territorio y todas las empresas y autónomos.

En cuanto a la asignación de fondos por comunidades autónomas, Calviño ha precisado que se han distribuido ya 13.386 millones de euros, con un mayor montante en las regiones de Andalucía (2.258 millones), Cataluña (1.930 millones), Madrid (1.467 millones) y Valencia (1.254 millones). Sin embargo, con los últimos datos hasta el mes de abrl, se constata un grado de ejecución presupuestaria muy desigual.

Islas Baleares, que ha recibido 380 millones, se sitúa a la cabeza en ejecución, con un 25%, seguido de Asturias, con un 15% del total de 348 millones recibidos, pero una región solo ha ejecutado entre el 10% y el 15%, otras cuatro entre el 5% y el 10% y un total de 10 CCAA han ejecutado menos de un 5%.

En total, se han celebrado hasta la fecha 75 conferencias sectoriales con un «diálogo constante» con las CCAA, ya que la propia Calviño se ha reunido con 11 presidentes autonómicos y prevé hacerlo con los restantes en los próximos meses. Se han identificado más de 90 proyectos autonómicos con un presupuesto de 60.000 millones, a encajar en los PERTE, la Conferencia sectorial y convenios y los proyectos tractores. También se han lanzado 31 manifestaciones de interés para identificar proyectos maduros y para los PERTE se van a asignar en torno a 30.000 millones de inversión pública.

30.314 millones autorizados: Calviño sigue sin desvelar el dato de ejecución real

El crédito total asignado al Plan de Recuperación en los Presupuestos Generales de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ascendió a 24.393 millones de euros en 2021 y a 26.900 millones de euros en 2022, de lo que se ha autorizado en torno a 30.314 millones de euros, de ello un 40% para las comunidades autónomas.

Según ha detallado Calviño y figura en el informe de ejecución, al que ha tenido acceso Economía Digital, el Gobierno ha resuelto unas 520 convocatorias ligadas al Plan de Recuperación por un importe total de 8.500 millones de euros, que han permitido poner en marcha más de 11.500 proyectos, de los cuáles más de 6.000 se están llevando a cabo en empresas; más de 1.000 en entidades locales y más de 2.400, en universidades y centros tecnológicos de toda España.

A 31 de diciembre de 2021, el porcentaje de ejecución del presupuesto autorizado sobre el crédito total ascendió al 91%, hasta 22.198 y el porcentaje de ejecución del crédito comprometido sobre el total al 87%, hasta 21.222 millones. Además, los remanentes correspondientes a este ejercicio presupuestario se han transferido a los presupuestos de 2022, según lo dispuesto en el artículo 42 del RDL 36/2020 que lo habilitó.

En cuanto al ejercicio presupuestario correspondiente a 2022, Calviño ha subrayado que se está registrando una «clara aceleración en la ejecución y el Plan de Recuperación adquiere «velocidad de crucero». A 21 de abril de 2022, el porcentaje de ejecución del presupuesto autorizado superó el 29% del crédito total, con 8.186 millones de euros, mientras que el crédito comprometido llegó al 16%, hasta 4.300 millones.

Con todo, el Gobierno sigue sin publicar el dato de ejecución real de los fondos europeos desde el pasado mes de agosto, cuando cifró en apenas 104 millones la implementación.  El despliegue de los fondos europeos el año pasado estuvo marcado por la polémica ante la infraejecución respecto a lo inicialmente previsto, la ofensiva del PP con denuncias de sospechas de arbitrariedad y las críticas de CCAA, organismos y empresarios por la lenta canalización a la economía real, pero el Gobierno se marcó el propósito de avanzar en transparencia, control y ejecución este año.

Calviño ha remarcado la importancia de implicar a los ayuntamientos, al tener también un «papel fundamental» en el despliegue de inversiones, participan en las conferencias y en algunas convocatorias especialmente dirigidas a corporaciones locales en materia de movilidad, rehabilitación urbana, comercio o turismo.

España solicita el segundo desembolso de 12.000 millones y prepara adenda

La vicepresidenta también ha informado a los grupos en el SEnado y los consejeros autonómicos que el Gobierno va a pedir esta semana a Bruselas la segunda remesa de recursos de estos fondos por importe de 12.000 millones de euros, el desembolso más alto de los programados hasta el año 2026, tras haber cumplido los 40 hitos (30 reformas y 10 inversiones) comprometidos con la Comisión y ligados a este segundo desembolso.

Tras el primer desembolso de 10.000 millones a finales de diciembre al cumplir 52 hitos, sumado a los 9.000 millones de prefinanciación recibidos en agosto, el Gobierno da por asegurada la validación a la siguiente remesa de hitos para poder recibir el siguiente desembolso de 12.000 millones.

Además, el Ejecutivo prepara una adenda al Plan de Recuperación para encarar en junio la solicitud en el primer semestre de hasta 84.000 millones de euros en préstamos. Según la carta remitida a las CCAA, a la que tuvo acceso Economía Digital, el Gobierno estima que España dispondrá finalmente de un total de 69.513 millones de euros en subvenciones hasta 2023.

El volumen correspondiente a los préstamos reembolsables se eleva un 20% respecto a la cantidad prevista inicialmente ya que que el importe máximo para cada Estado miembro no excederá del 6,8% de su Renta Nacional Bruta en 2019 a precios corrientes y «en el caso español este importe ascendería a unos 84.000 millones de euros«. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos precisan que ello no significa que se vaya a solicitar el total, aunque sí es seguro que se pedirán más de 70.000 millones para préstamos.

Criticas y peticiones de mejora de oposición y CCAA

Durnate la larga comparecencia en el Senado desde la oposición se han lazado duras críticas por las trabas y los repartos «discrecionales» del Gobierno, según han denunciado partidos como PP, Vox o Cs, mientras que las regiones, incluidas las del PSOE, han pedido mejoras para eliminar las trabas.

Las regiones del PP han criticado que «no hay cogobernanza», tla ycomo ha criticado el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. . El vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, demandó que en la gestión de los fondos puedan participar las CCAA tras mostrar su descontento por la ralentización de los mismos.

Esta ha sido una de las peticiones más demandadas por los consejeros autonómicos, así como que lleguen a pymes y autónomos, como ha enfatizado la Comunidad Valenciana, incorporar otros criterios adicionales al de la población para distribuir los fondos, como el demográfico, incluir el concepto de plurianualidad y flexibilidad para adaptar las necesidades de cada territorio a cada convocatoria.

El vicepresidente de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido que se implique a todas las administraciones o de lo contrario será «imposible» ejecutar 70.000 millones en tres años, al tiempo que ha pedido mejorar la capilaridad de la ejecución de los fondos para que lleguen a todos los territorios, incluyendo los pequeños ayuntamientos.

Calviño defiende la transparencia y mecanismos de control

Ante las críticas, Calviño ha defendido que se garantiza la «absoluta fiabilidad y transparencia» en la gestión de los recursos públicos, evitando «cualquier tipo de fraude, conflicto de intereses o doble financiación».Por ello, el Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha un sistema fuerte de información financiera, control y auditoría que se apoya en la estructura organizativa, las instituciones y los mecanismos utilizados para la gestión ordinaria del presupuesto, pero adaptándolos al esquema de hitos y objetivos de los fondos europeos.

Junto a la Intervención General del Estado, actúa el Ministerio de Hacienda y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, con tres niveles de control interno: el control ex ante del órgano independiente y finalmente el control ex post mediante las auditorías en el control en el que la IGAE tiene un papel protagonista.

Junto a los mecanismos de control, se ha establecido un marco normativo específico para agilizar todos los procedimientos administrativos. El decreto de reforma de la Administración de 2020 reduce plazos de agilizar procedimientos «sin debilitar en absoluto, por supuesto, los mecanismos de control para una gestión rigurosa».

Atendiendo a las demandas de las CCAA y corporaciones locales, se han agilizado los procedimientos tanto a nivel del Estado como autonómico y local aprovechando el decreto del Plan de choque contra la guerra, en el que se incluye la autorización de los procedimientos de ejecución de las inversiones del Plan en el ámbito de los recursos en el ámbito de las compras de uso corriente, se reduce el plazo de emisión de informes preceptivos; se flexibiliza el calendario de cierre del ejercicio presupuestario y se eliminan algunas autorizaciones previas en algún procedimiento.

También se permite la ampliación de las cuantías máximas fijadas en las convocatorias sin necesidad de lanzar una nueva convocatoria y en el ámbito de las administraciones locales se permite la inmediata aplicación de las decisiones en relación con la ejecución del plan, y se flexibiliza la posibilidades adoptar compromisos de gasto plurianual.