Las indemnizaciones a empresarios por las restricciones de la pandemia llegan al Supremo
En total, la Sala de lo Contencioso Administrativo tiene más de 7.000 recursos sobre la mesa por reclamaciones patrimoniales
Una trabajadora de un establecimiento de hostelería saca las sillas a la terraza. EFE/Archivo
El Tribunal Supremo afronta a partir de este mes de septiembre la resolución de miles de indemnizaciones a empresarios y autónomos afectados por las restricciones impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez durante los estados de alarma de la pandemia del Covid-19 y que posteriomente fueron anulados por ser ilegales.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la Sala de lo Contencioso Administrativo tiene más de 7.000 recursos sobre la mesa por reclamaciones patrimoniales, si bien se espera que el número alcance los 9.000. Para agilizar el proceso, la Sala ha trazado una hoja de ruta que pasa por celebrar una reunión de la sección quinta con seis o siete recursos a analizar que fijaran la jurisprudencia a seguir para el resto de sentencias.
La mayoría de reclamaciones son económicas
Las mismas fuentes explican que, en líneas generales, la mayoría de recursos presentados por las empresas y autónomos son por los daños económicos por las medidas dictadas durante la pandemia. Las fuentes reconocen la «complejidad» del asunto por todo el dinero que puede estar implicado y que es unas de las principales cuestiones a resolver.
Aunque la mayoría de empresarios y autónomos alegan daños económicos en sus recursos, existen algunos matices entre estos. Algunas reclamaciones están enmarcadas en el primer estado de alarma y otras en el segundo, unas son contra decisiones del Estado y otras de las comunidades autónomas, algunas hacen hincapié en un daño total como supuso el cierre de su negocio y otras parcial.
Quién paga
En caso de avalar dichas reclamaciones, los magistrados tienen que dejar claro quien asumiría los costes, si el Estado o las comunidades autónomas ya que cada uno aprobó sus medidas aunque también hubo casos que fueron compartidas, advierten las fuentes.
Pero antes tienen que estudiar un ingente volumen normativo que encabeza el real decreto aprobado el 14 de marzo de 2020 que dio inicio al confinamiento, las actualizaciones posteriores durante el primer estado de alarma, así como los decretos y leyes que dieron cobertura al segundo estado de alarma.
