El Supremo ordena al Gobierno pagar más de 320 millones a Endesa, Naturgy e Iberdrola por el bono social
El Tribunal Supremo insta al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a abonar la deuda acumulada por el régimen del bono social eléctrico declarado inaplicable
Torre de distribución. Foto: Envato
El Tribunal Supremo de España ha ordenado al Gobierno que realice el pago de más de 320 millones de euros a las compañías eléctricas Endesa, Naturgy e Iberdrola. Esta cifra corresponde a una deuda acumulada tras declararse inaplicable el régimen del bono social eléctrico, una medida impulsada por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.
La resolución, consignada en dos autos emitidos en mayo y junio del presente año, representa un revés significativo para el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, quien ahora se ve obligado a proceder al abono de dicha deuda, incluyendo los intereses legales devengados.
El Tribunal Supremo fundamentó su fallo en la declaración previa de la inaplicabilidad del régimen de financiación del bono social eléctrico, así como en la anulación de varios artículos del Real Decreto promulgado en 2017, el cual regulaba esta controvertida figura. Los magistrados consideraron que el régimen en cuestión carecía de una «justificación objetiva y razonable» y generaba un «trato discriminatorio» al no ser aplicado a todas las empresas del sector eléctrico, sino únicamente a las empresas comercializadoras.
La sentencia establece que las compañías eléctricas mencionadas deben ser compensadas por el costo de financiar el bono social, una prestación destinada a garantizar el suministro eléctrico a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y riesgo de exclusión social, tal como lo estipulaban la Ley 24/2016 del Sector Eléctrico y el Real Decreto-ley 7/2016.
En concreto, la suma a desembolsar corresponde a una indemnización de 152,2 millones de euros para Endesa, 64,2 millones para Naturgy, y 103 millones para Iberdrola. A pesar de que estas cantidades fueron establecidas, hasta el momento, las compañías aún no han recibido el desembolso correspondiente.
La decisión del Tribunal Supremo ha generado un importante debate sobre la justicia y la igualdad en el sector energético, así como sobre la necesidad de revisar y establecer un nuevo marco regulatorio que promueva una distribución equitativa de los costos y beneficios en el suministro eléctrico.
Por otro lado, críticos del fallo argumentan que el desembolso de estas compensaciones podría generar un aumento en los costos eléctricos para los usuarios finales, lo cual repercutiría negativamente en la economía de los hogares más vulnerables.
