La subida de pensiones con el IPC amenaza la meta de Escrivá de sanear la Seguridad Social en 2023

La revalorización de las pensiones con arreglo al IPC recogida por ley en la reforma de pensiones del Gobierno, que ya ha confirmado que se mantendrá en 2023 pese a la coyuntura, amenaza al objetivo del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de lograr el equilibrio presupuestario en la Seguridad Social

Incluso con unas hipótesis prudentes de inflación, el gasto en pensiones se disparará con motivo de la actualización de las mismas con el iPC hasta el 14% del PIB en 2023, alcanzando los 188.500 millones de euros, por lo que el déficit del sistema de la Seguridad Social quedará comprometido justo antes de la jubilación de la generación del ‘baby-boom’.

Y es que la garantía del poder adquisitivo de las pensiones mediante su actualización anual con la tasa media del IPC de los doce últimos meses hasta noviembre del año precedente fijada por ley por el Gobierno en la reforma de las pensiones tendrá un impacto presupuestario muy relevante como consecuencia de la alta inflación actual, que en marzo alcanzó el 9,8%, la mayor tasa desde 1985, ante la crisis energética por la guerra en Ucrania.

No obstante, fuentes del Ministerio de la Seguridad Social señalan a Economía Digital que se mantiene el objetivo de cerrar este año disminuyendo el déficit del subsector hasta el 0,5% del PIB, niveles del año 2013, toda vez que el año pasado se redujo ya al 0,9% gracias al alza de las cotizaciones por la recuperación en buena medida de la actividad y el empleo.

Inyección de hasta 33.600 millones del Estado a la Seguridad Social

Escrivá sostiene que el déficit de la Seguridad Social bajará del 0,9% al 0,5% este año gracias a la buena evolución de los ingresos, con una recaudación de 11 puntos de PIB en cotizaciones sociales nunca visto antes, motivo por el que garantiza la revalorización de las pensiones conforme al IPC, pero lo cierto es que la consecución de este objetivo y del hipotético equilibrio en 2023 dependerá de una nueva inyección de recursos por parte del Estado para sufragar los denominados ‘gastos impropios’ del sistema.

Así al menos se refleja en un estudio, realizado por Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada de la URJC en un documento publicado por Fedea, basado en hipótesis prudentes sobre la evolución de los precios (+6%), salarios y PIB, que alerta de que el alza de las pensiones con el IPC provocará un desequilibrio en las cuentas, de forma que el déficit del componente contributivo de la Seguridad Social subirá al 1,2% del PIB en 2023, lo que supone 15.200 millones de euros.

Ese será el nivel de inyección ‘extra’ que tendría que asumir el Estado para lograr el equilibrio, si bien el déficit real se incrementaría al 2,6% del PIB (33.600 millones de euros), si se excluyen los gastos impropios. Es decir, que el Gobierno deberá consignar en los Presupuestos una aportación de en torno a 33.600 millones de euros del Estado a la Seguridad Social para que cuadren las cuentas.

Ante la elevada inflación de los últimos meses, los principales organismos han avisado en los últimos días del aumento que supondrá la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC en el gasto de las pensiones. Según AIReF, cada punto de inflación adicional supone algo más de 2.000 millones de recaudación adicional, estima la AIReF, por lo que la recaudación podría dispararse este año en 12.400 millones si se cumple su previsión de IPC del 6,2%.

De hecho, en su momento la AIReF ya estimó que la decisión de indexar las pensiones al IPC implica un incremento importante del gasto público en pensiones que estima en torno a 2,7 puntos de PIB en 2050, bajo una hipótesis de estabilidad de precios y crecimiento sostenido del PIB. Este aumento se añadiría a una posición de partida ya desequilibrada de las cuentas de la Seguridad Social, que presentan un déficit del 1,2% del PIB pese a las elevadas transferencias estatales destinadas a cubrir una serie «muy discutible de supuestos gastos impropios del sistema», apunta Fedea.

El Banco de España es más cauto al calcular que por cada punto adicional de IPC conllevará un gasto de 1.800 millones de euros, si bien al calcular una inflación media del 7,5% el coste total adicional sería de 12.800 millones, y por ello insiste en que habrá que adoptar medidas por el lado de los gastos o de los ingresos.

El gasto subirá en 15.423 millones, hasta el 14% del PIB en 2023

El análisis de Fedea concluye que la posición del gasto público total en pensiones sería todavía más comprometida que ahora al superar los 188.500 millones de euros en 2023 (14% del PIB), por lo que se elevaría en 1,7 puntos del PIB sobre el nivel existente en 2019, cuando se situó en la media de los países de la zona euro. Además, una inflación superior al 6% cogido como hipótesis, empeoraría la situación, dado que cada punto adicional de IPC aumenta el gasto total en torno a 1.700 millones de euros (0,12 puntos del PIB), según Fedea.

Por ello, Fedea advierte de que las perspectivas para 2023 «no son actualmente muy favorables», ante la incertidumbre y el alza de precios. Y es que a la hipótesis de una tasa media anual de inflación del 6% y su implicación en la revalorización de 2023, habría que sumar el impacto del mayor número de pensiones (1,1%) y el efecto sustitución consecuencia de la superior cuantía de las nuevas pensiones respecto a las que salen del sistema (1,3%).

La suma de los tres efectos implicaría un crecimiento del gasto en pensiones del 8,4% en 2023, con 15.423 millones más (13.923 millones de euros en la Seguridad Social hasta superar los 166.700 millones de euros y 1.500 millones de euros en Clases Pasivas hasta alcanzar 19.400 millones de euros).ArtículosEl coste de las pensiones subirá en más de 10.200 millones por la inflación

El ingreso por cuotas sociales en 2023 se ha elaborado asumiendo la «optimista» previsión en 2022 incluida en los PGE, y bajo la hipótesis que las bases de cotización no recogerán todo el aumento de la inflación (3% frente al 6%), si bien se incluyen algunos deslizamientos (0,5%) y una cierta creación de empleo (1,5%) compatible con una tasa anual de crecimiento de la actividad económica del 2,5% real.

Así las cosas, se daría una «desequilibrada» evolución en la que el gasto en pensiones se incrementa más que los ingresos por cuotas (8,4% frente al 5%) y aumentaría el déficit del componente contributivo de la Seguridad Social al 1,2% del PIB en 2023 (15.200 millones de euros). El saldo negativo se incrementaría al 2,6% del PIB (33.600 millones de euros), si se excluyen los gastos impropios.

De esta forma, para conseguir el equilibrio del componente contributivo de la Seguridad Social el año que viene sería necesario inyectar 15.200 millones de euros adicionales como transferencia del Estado, es decir que, si se buscan nuevos gastos impropios por esa cuantía, el total de este concepto ascendería a 33.596 millones de euros (el 2,6% del PIB), que en realidad correspondería al déficit real del sistema.

Déficit de la Seguridad Social de 10.500 millones este año

Y todo ello tras los resultados previstos para este año que, a la espera de conocer los datos oficiales y su detalle de ingresos y gastos, apuntan a que el sistema de la Seguridad Social puede finalizar el ejercicio 2022 con un déficit en torno al 1,3% del PIB (15.400 millones de euros), que aumenta hasta el 2,4% del PIB (29.400 millones de euros) si no se tiene en cuenta la transferencia recibida del Estado en concepto de gastos impropios (13.929 millones de euros para cumplimiento del Pacto de Toledo).

La evolución de las cuentas de la Seguridad Social este año estará determinada en lo referido a los ingresos por la incierta evolución de la actividad española ante la afectación de la guerra de Ucrania, aunque se tiene en cuenta la previsión de un alza del 6,6% de los ingresos, hasta los 138.000 millones. Los gastos dependerán de la revalorización las pensiones contributivas, que suben un 2,5%, ya que a la subida del 0,9% aprobada por el Gobierno se ha añadido un 1,6% (media anual de IPC noviembre sobre noviembre) para compensar por la mayor inflación.

Con la información disponible, el gasto público en pensiones a final de 2022 puede superar los 174.000 millones de euros, como suma de las pensiones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social (153.800 y 2.600 millones de euros respectivamente) y las de clases pasivas (en torno a 18.000 millones de euros). Esta cantidad significa destinar a pensiones el 13,6% del PIB, 1,3 puntos más que antes de iniciar la pandemia.

De cumplirse estas previsiones, optimista la de ingresos por cuotas sociales, el saldo del componente contributivo de la Seguridad este año sería negativo, situándose en torno a 0,8 puntos del PIB (10.500 millones de euros), aumentando hasta 2,3 puntos del PIB (28.800 millones de euros) si se deduce la transferencia adicional de 18.396 realizada por el Estado para cubrir los denominados gastos impropios.

Entre estos gastos figuran la prestación contributiva por nacimiento y cuidado de menor (2.879 millones), la cuantía equivalente a 1,5 puntos de cotización por otros conceptos de naturaleza no contributiva (5.085,21 millones de euros) referida a los subsidios por desempleo.