La subida de impuestos de los expertos del Gobierno: IVA, armonización, diésel o billetes de avión
El comité de expertos designado por el Ministerio de Hacienda para la futura reforma fiscal propone fijar mínimos en los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, con una armonización que obligará a subir impuestos a Madrid, así como elevar el diésel, el IVA, crear un impuestos a los billetes de avión y fijar deducciones en IRPF
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero (c), recibe este jueves en Madrid al Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario, entre ellos Jesús María Huerta (3d), que le ha hecho entrega del Libro Blanco. EFE/ Mariscal
Con tres días de retraso respecto a la fecha inicial, el comité de expertos designado por el Ministerio de Hacienda para la futura reforma fiscal en profundidad ha entregado su informe con 118 propuestas en las que se plantea una subida generalizada de impuestos al proponer fijar tipos mínimos en los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones, que obligará a elevar impuestos en la Comunidad de Madrid, revisiones de los tipos reducidos y los beneficios fiscales del IVA, la equiparación del diésel con la gasolina o la creación de un impuesto a los billetes de avión.
Estas son algunas de la larga lista de propuestas recogidas en el informe de los expertos, formado por un total de 788 páginas y 118 propuestas elaboradas tras diez meses de trabajo con la aportación de 80 documentos en el periodo de consulta pública y aportaciones de comunidades autónomas y ayuntamientos, que ha sido entregado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y posteriormente presentado por el presidente del comité, el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Ruiz-Huerta.
El encargado de dirigir el comité ha explicado que la petición era elaborar un informe como fundamento de una reforma del sistema tributario para garantizar la sostenibilidad medioambiental y financiera, reducir el déficit estructural y financiar el Estado de bienestar, y así se ha procedido con cuatro capítulos principales: medioambiente, sociedades, patrimonio, digitalización de la actividad económica y fomento de las actividades emergentes y emprendedoras.
Eso sí, la propia ministra Montero ya ha dejado claro que no se van a subir los impuestos en el corto plazo, por lo que ninguna de las propuestas verá la luz de forma «inmediata» ante la actual coyuntura económica marcada todavía por un proceso de recuperación de la pandemia y las perturbaciones de la guerra de Ucrania y la alta inflación que se prolongará todo 2022.
De hecho, el propio Ruiz-Huerta ha indicado que se trata de iniciativas a medio plazo y en el diseño de la reforma se ha tenido en cuenta la meta de consolidar la recuperación ante la crisis y la invasión de Ucrania antes de poner en marcha la reforma, así como una «aplicación gradual» y una «razonada programación» de la misma.
Armonización fiscal: Ayuso batallará en contra y pedirá «amparo» a la UE
Sin duda la propuesta más controvertida es la referido a la fijación de un tipo mínimo en los impuestos de la riqueza (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones), lo que avivará la guerra fiscal que mantienen abierta el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades del PP contrarias a estos gravámenes, sobre todo la Comunidad de Madrid liderada por Isabel Díaz Ayuso, que mantiene esos tributos bonificados.
En su prolija intervención, Ruiz-Huerta se ha referido a la constatación del problema de la concentración de la riqueza y la desigualdad por un «problema de competencia a la baja», tal y como lleva meses denunciando la ministra Montero. Según el experto, «la evidencia parece demostrar que es así», por lo que ha defendido que «puede tener todo el sentido aplicar impuestos sobre la riqueza», asumiendo que es la cuestión «más polémica», por lo que se ha estudiado para garantizar el equilibrio entre el reparto de competencias y la eficiencia tributaria.
El documento recoge la propuesta de un mínimo autonómico y a escala nacional proponen reducir los tipos de gravamen en el impuesto de Patrimonio ensanchando, eso sí, las bases imponibles y limitando las deducciones del tributo. La catedrática María Teresa Soler ha apelado a la solidaridad fiscal que mandata la Constitución entre las comunidades autónomas y ha avisado de que la competencia a la baja puede afectar contra la autonomía general al vaciar el impuesto.
De igual forma, Soler ha recordado que organismos como el FMI o la OCDE han lanzado advertencias sobre la desigualdad de la riqueza en España y aunque prácticamente ningún país europeo mantiene este impuesto, ha defendido que la mayoría de Estados miembros sí hacen tributar a las grandes fortunas por bienes específicos o por su patrimonio en otros impuestos como la renta.
En el Impuesto de Patrimonio se propone su mantenimiento y el del límite conjunto del IRPF-Impuesto de Patrimonio, con una posible elevación del impuesto mínimo a pagar, al tiempo que sobre el mínimo exento aboga por establecerlo en un millón de euros para concentrar la tributación en la parte alta. dela distribución de la riqueza.
Sobre la reforma de Sucesiones y Donaciones insta a ampliar la base imponible, manteniendo la reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional y participaciones en entidades, aunque urge a evaluar periódicamente la efectividad de este beneficio fiscal. También recomienda revisar la regulación de los requisitos de aplicación y sugiere al Gobierno acometer una delimitación de la capacidad normativa de las CCAA De régimen común diferente para asegurar que se fortalecen sus ingresos tributarios.
La presidenta de región madrileña ya ha avanzado que la Comunidad de Madrid hablará y pedirá «amparo» a la Unión Europea y «donde convenga», y ha exigido a la ministra Montero que sea «Valiente y sincera» ante sus expertos y aclare si se van a subir los impuestos a los madrileños. Ha cargado contra la propuesta de armonización al tratarse de unos impuestos que «pretenden subir a todos los españoles, especialmente a los madrileños», a pesar de que «ya no existen en ningún país de la UE».
«Si quieren armonizar que se comparen con otros países que es donde van a huir el capital y las empresas si siguen asfixiando a todos los españoles». «Hoy estamos aquí en la Unión Europea, pero serán también en otras instituciones, otros organismos y otros tribunales donde defenderemos la economía de Madrid, que es clave para el conjunto de España y es motor de nuestro país», ha aseverado en una rueda de prensa desde la ciudad francesa de Marsella, donde participa en la IX Cumbre Europea de Regiones y Ciudades.
Tipo único de IVA, deducciones en IRPF y subir impuestos a alcohol y tabaco
Aunque el informe no se centra en recomendar una subida generalizada del IVA ni mucho menos del IRPF, sí aborda propuestas que en la práctica suponen un alza del primero, al plantear la eliminación progresiva de los tipos reducidos y superreducidos hasta converger en un tipo único. Según el informe, al que ha tenido acceso Economía Digital, el tipo implícito del IVA en España está, en ambos años, en el entorno del 9,5%, porcentaje solo superior al de Rumanía e Italia, y casi 1,2 puntos por debajo de la media de la Eurozona.
Al tener un objetivo recaudatorio, defienden que si el IVA aplicara un tipo único a una base imponible lo más amplia posible, se aseguraría una elevada capacidad recaudatoria para atender a la financiación de los servicios y prestaciones demandados por los ciudadanos. Si se mantiene en el 21%, la eliminación de tipos reducidos elevaría la recaudación en 27.100 millones, mientras que si se reduce el tipo general al 15% la recaudación se mantendría.
Como compensación para las rentas bajas propone un sistema de prestaciones directas a las personas con menos recursos o introducir una deducción reembolsable en el IRPF. En el IRPF se insta a una deducción o prestación reembolsable para los trabajadores con bajos salarios y otra deducción por hijos menores de 18 años para reducir la pobreza infantil.
También se propone suprimir exenciones injustificadas, como eliminar la deducción en IRPF por arrendamiento de vivienda y por tributación conjunta. Este último punto lo propuso el Gobierno en el Plan de Recuperación pero posteriormente rectificó. Se recomienda también transformar la reducción por rendimientos del trabajo en una deducción reembolsable en la cuota, para integrar el IRPF y las prestaciones públicas para las personas con renta reducida.
Las recomendaciones de los expertos también ponen el foco en los diputados y senadores al plantear suprimir el «tratamiento privilegiado» de la exención total de dietas y asignaciones para gastos de viajes que se abonan a diputados, senadores, miembros de asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamientos y demás miembros de diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales.
En materia de impuestos especiales también plantean elevar la fiscalidad de los tipos de gravamen a los consumos de alcohol y tabaco, así como un nuevo impuesto al cigarrillo electrónico.
15.000 millones en fiscalidad verde: subir diésel, gasolina y gravar billetes de avión
En materia de fiscalidad verde, los expertos inciden en la necesidad de avanzar en este ámbito tributario, sobre todo en lo referido a algunos gravámenes, como igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina para cumplir con la directiva europea sobre fiscalidad energética.
Se trata de una medida que ya contemplaba el Gobierno en los Presupuestos de 2021, pero que finalmente se ha ido posponiendo y ahora recuperan los expertos al defender un aumento general de la fiscalidad de los hidrocarburos, con una «revisión de la fiscalidad de hidrocarburos que se traduce en una subida sustancial de la tributación sobre los hidrocarburos, en particular sobre el gas natural y los carburantes de automoción».
El miembro del comité encargado de la fiscalidad medioambiental, Xavier Lavandeira, ha detallado que esta revisión en profundidad con el aumento de los impuestos sobre los carburantes permitirían recaudar entre 2.621 y 6.850 millones de euros, la mitad del total de entre 5.941 y 15.000 millones que se podrían llegar a ingresar con la batería de medidas medioambientales.
A cambio de estas subidas, el comité de expertos aboga por vincular las propuestas con bajadas en la fiscalidad de la electricidad. Así, se suprimiría el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía (1.320 millones menos de recaudación) y se reduciría el impuesto especial sobre electricidad (-1.486 millones).
En este extenso paquete se incluye la creación de un impuesto a los billetes de avión con el fin de incorporar costes medioambientales para moderar la demanda y favorecer las alternativas en trayectos cortos y el cambio tecnológico, ya que no se aplicaría a vuelos que no generen emisiones directas de gases de efectivo invernadero. Este tributo ya fue impulsado en 2020 por el Gobierno y prometido a Bruselas en el Plan de Recuperación.
Cita el informe el caso de Países Bajos, que aplica un tipo de 7,85 euros por pasajeros, por lo que el precio final se elevaría hasta un 15% para vuelos domésticos y un 6,6% en vuelos internacionales, lo que reduciría el número de viajeros en un 8,5% y en un 5,6% el volumen de emisiones de CO2, en paralelo a un aumento de la recaudación de 951 millones de euros.
Otra de las propuestas en fiscalidad ‘verde’ pasa por gravar el queroseno para fomentar carburantes sin emisiones de gases de efecto invernadero, pero para ambos casos insta a considerar compensaciones a hogares con menor capacidad económica para que el aumento de impuestos dificulte su acceso al transporte aéreo, así como una devolución parcial del impuesto sobre los billetes a residentes en territorios extrapeninsulares.
Los 15.000 millones de ingresos ‘verdes’ provendrían de la tributación de combustibles de aviación marítimos y agrarios (entre 206 y 1.701 millones); la fiscalidad a diésel y gasolina (2.621-6.850 millones), gas natural (6.341 a 1.960 millones), modificación del impuesto especial sobre determinados medios de transporte (862 a 2.335 millones), modificación del impuestos sobre vehículos de tracción mecánica (276 a 610 millones), pago por uso de infraestructuras viarias (1.172 a 1.397 millones), impuestos a billetes de avión (951 millones), reforma de la tributación municipal de residuos (295 millones), impuestos de extracción de áridos (426 millones), impuestos sobre fertilizantes nitrogenados (279 millones) y extensión de la fiscalidad de emisiones (932 millones).
