El Gobierno suaviza el hachazo fiscal a las energéticas
El impuesto a las grandes empresas energéticas finalmente ha sido rebajado, y las compañías afectadas deberán pagar menos de lo previsto
Pleno del Congreso de los Diputados. Foto: Congreso.
El impuesto a las empresas energéticas ha dado un nuevo giro. Después de que el Gobierno vetara las enmiendas a la ley donde también se incluye el impuesto a la banca y las grandes fortunas; y apenas 24 horas después lo volviera a considerar, el resultado final ha sido una rebaja considerable con respecto a las primeras intenciones.
De hecho, todas las empresas afectadas en un primer momento, Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Cepsa, BP España, Disa, TotalEnergies y Petronieves, finalmente tendrán que pagar menos. Bien porque se han retocado las actividades relacionadas con los hidrocarburos, o porque se ha sacado los ingresos de las compañías que ofrecen servicios regulados, una situación que dejará menos margen para aplicar el impuesto.
En concreto, la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso ha aprobado dos enmiendas transaccionales del PNV y PDeCAT para que, en el marco del impuesto energético, se excluya del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España.
Además, ha quedado aprobada la propuesta del PNV de sacar de la facturación los ingresos correspondientes al impuesto sobre hidrocarburos, algo que afecta a las petroleras por la venta de combustibles.
Así, con el acuerdo alcanzado entre los grupos y los socios del Gobierno de coalición, el impuesto no afectará a las empresas en las que el suministro sea a precio reglado (PVPC de electricidad, TUR de gas, GLP envasado y GLP por canalización).
Una gran rebaja al plan inicial
También se incluyen en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos los ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente.
Estos acuerdos en el marco de los nuevos gravámenes se suman a los alcanzados con Bildu, con quien el Gobierno ha pactado que, a finales de 2024, cuando finalizará la vigencia de los nuevos impuestos a banca y energéticas, se haga una evaluación de su aplicación y se estudie la posibilidad de convertirlos en permanentes, así como para que las haciendas forales vascas y navarras gestionen estos nuevos gravámenes.
