Sólo cinco bancos españoles serían solventes si Bruselas tumba los créditos fiscales
La Comisión Europea activa una investigación y amenaza la continuidad de las deducciones que los bancos contabilizan como capital
¿Qué sucedería si los créditos fiscales no existieran o, como mínimo, no se pudiera contar con ellos para calcular la solvencia de un banco? Según estos supuestos, sólo cinco de los diez mayores bancos españoles aprobarían si además las nuevas normas de contabilidad europeas se aplicaran totalmente este año.
El ejercicio es ciencia ficción financiera por ahora. Las directrices conocidas como Basilea III se implementan por fases hasta 2019 y todas las entidades cumplen con los requisitos parciales exigidos cada año. Las autoridades bancarias de la Unión Europea (UE) admitieron las futuras deducciones que los bancos incluyeron en los cálculos de las ratios de solvencia.
Vuelve el debate
Por esta razón, el pasado noviembre, el sector superó las pruebas de estrés. Sólo Liberbank acudió a una reválida para que Bruselas contara con la ampliación de capital que ejecutó hace prácticamente un año. El problema del banco cántabro fue exclusivamente de plazos. El debate sobre la calidad de los bancos españoles, que parecía zanjado, lo ha reabierto la propia Comisión Europea.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha ordenado a sus funcionarios que reclamen información a España, Italia, Portugal y Grecia relativa a los activos fiscales que estos países mantienen con sus respectivos grupos de crédito. El Ejecutivo comunitario considera, en la fase preliminar de la investigación, que se trata de ayudas ilegales de Estado.
La CE investiga a cuatro países
Si la situación madura en este sentido, la UE podría ordenar cambios legislativos a los socios investigados. Los cuatro países permiten a los bancos que computen los activos fiscales como capital de primera calidad y, por tanto, que se sumen a los recursos mínimos disponibles que un banco debe tener a mano para salvar cualquier escenario de apuro.
El Ministerio de Economía regula y admite este uso aunque las entidades tengan que aclararse antes con el departamento de Hacienda. Un crédito fiscal se genera cuando un banco anota un gasto o una pérdida que abre la puerta a una deducción tributaria en años venideros. En España, la norma cambió en 2013 por decisión de Luis de Guindos y, gracias a ello, los grupos pudieron sumar 40.000 millones a su haber.
Bancos que aprobarían
Bankinter es el único que no ha contado con esta herramienta. Declara por tanto un 0% en su balance. El resto oscila entre el 6,2% del Sabadell y el 0,7% de BBVA. Si Bruselas tumba los activos fiscales, estos porcentajes se deben restar de los promedios de solvencia que se formalizaron en las últimas pruebas de estrés. Luego, cabe comparar el nuevo resultado con los umbrales mínimos que pide, precisamente, la UE.
En este extremo aprueban Bankinter, que conservaría su actual 13% de solvencia; BBVA, que se quedaría en el 9,8% después de extraer el 0,7% en deducciones; Caixabank, con el 9% una vez retraído el 3,3% en créditos; el Popular presentaría el 8,9% tras prescindir del 1,6% que declara; y Liberbank con el 8,7% final (quedaría evaporado el 6,1% de su capital, actualmente en el 14,8%).
El corte legal está en el 9% para BBVA y el Santander y en el 8% para el resto de marcas excepto el Popular, a quien se le exige un 7%.
¿Mano negra alemana?
Vestager ha abierto la posibilidad, aún incierta, a este escenario tras la presión recibida por varios eurodiputados, casualmente alemanes. Si logran el objetivo de que Competencia considere ilegales los activos fiscales, varios bancos en España, Italia, Portugal y Grecia deberían recomponer sus planes financieros para cumplir con las directrices del nuevo regulador bancario europeo.
España ha sido el primer país en mover ficha. El departamento de De Guindos ha contestado a la Comisión que los activos fiscales se aplican a todas las empresas del país, no sólo a la banca. Por esta razón el Ejecutivo considera que no hay trato de favor. De hecho, las autoridades bancarias comunitarias dieron por bueno el argumento de Madrid cuando lo aceptaron para realizar los ejercicios de estrés hace cinco meses.