El Círculo de Empresarios avisa: «Si no aumenta la productividad y suben los salarios se destruye empleo»
El presidente del organismo, Manuel Pérez-Sala, cree que “la subida del SMI debería no producirse o ser muy modesta"
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) será el foco de actualidad esta semana. Este martes se reúne el Gobierno con los agentes sociales para negociar y tomar finalmente una decisión y, mientras tanto, las voces en contra se pronuncian. La última ha sido la del presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, que tiene claro que la este incremento “debería no producirse o ser muy modesto” al considerar que, con el nivel de paro que España tiene en estos momentos–12,87%–, destruiría empleo.
La explicación que da a por qué no deben aumentar los sueldos en un momento como el actual es muy simple:“Nosotros siempre hemos relacionado las subidas salariales con la productividad. Si bien en momentos de inflación hay que ser más flexible, quiero recordar que la subida de los salarios que no va en consonancia con la subida de la productividad de un país destruye empleo y no genera riqueza”, ha asegurado en declaraciones a Servimedia.
El empresario considera que es momento de “invitar a la moderación”, ya que durante los últimos años se ha incrementado el SMI en un 35%. Así, ha defendido que las revisiones salariales no deben ser “muy cuantiosas de acuerdo con la inflación del año anterior”, si no que se deben negociar unas más “modestas y moderadas” en un marco “plurianual” y que estén ligadas a la productividad.
El Ejecutivo quiere un acuerdo, pero la patronal y los sindicatos tienen posturas alejadas. La horquilla de los expertos que asesoran al Ministerio de Trabajo y Economía Social en la materia oscila entre 46 y 82 euros, partiendo de los 1.000 euros al mes en los que se sitúa el SMI este año, mientras que los sindicatos piden llegar a los 1.100 euros y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) propone que se quede en los 1.040 euros.
Subida «modesta»
Así, Pérez-Sala apostó por no subir el mínimo o en el caso de hacerlo, que sea de una forma “muy modesta”, sin dar cifras. Lo que sí avanzó sobre la posición de la organización es que las revisiones salariales deben empezar a dejar el Índice de Precios al Consumo (IPC) a un lado y centrarse más en la productividad, un planteamiento similar al que ha puesto encima de la mesa el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.
«Cada vez que subimos el SMI expulsamos del mercado laboral a un conjunto de ciudadanos»
“La economía española es capaz de pagar los sueldos en función de las actividades que realiza. Cada vez que subimos el SMI expulsamos del mercado laboral a un conjunto de ciudadanos. Un conjunto de ciudadanos que no recogerán la fresa en Huelva, porque la fresa se cultivará en Marruecos. Un conjunto de ciudadanos que no podrá trabajar con 1.000 euros, cuando realmente, con 1.000 euros en la zona en donde viven, tendrían un salario absolutamente digno”, añadió.
Pérez-Sala rechazó así “subidas indiscriminadas” del salario mínimo “en todas las zonas geográficas y en todos los sectores” porque, según argumentó, destruyen empleo y “perjudican a los ciudadanos”.
Discrepancia con las cifras
El presidente del Círculo recordó que, tras la primera subida del SMI –cuando se subió de 735 a 900 euros–, calcularon que la destrucción de empleo llegaría a entre los 150.000 y las 200.000 personas y destacó que “unos meses después, el Banco de España nos dio la razón cifrando ese número de personas en unas 170.000”.
“Tenemos que ser conscientes de que las subidas de salario mínimo producen dos cosas: expulsión de personas del mercado de trabajo y economía sumergida”, sentenció el presidente de Círculo de Empresarios, que calificó estos dos fenómenos como “los dos grandes problemas de la economía española”.
Sin embargo, preguntado por cómo casan estos datos con los del Gobierno, que cifra en 470.000 personas el aumento de afiliados a la Seguridad Social, Pérez-Sala respondió que “eso no es cierto” porque las cifras de empleo “ya no son representativas desde el punto de vista del análisis estadístico”.
“La reforma laboral modifica las formas en las cuales los empresarios pueden contratar. De hecho, reduce sustancialmente los contratos temporales en favor de los contratos fijos discontinuos […] y perdemos la posibilidad de contar quién realmente trabaja y quién no lo hace”, afirmó en referencia al hecho de que los datos no discrimen los fijos discontinuos activos e inactivos.
Horas trabajadas
En esta línea, apuntó que durante el último año los contratos fijos discontinuos, “que se venían manteniendo durante los últimos 10 años en unos 175.000 contratos al año”, han pasado de 175.000 a 2.300.000 contratos, lo que produce una “distorsión” de la estadística y hace inservible el procedimiento tradicional de medición.
“Tenemos que buscar otras formas para medir el nivel de actividad y hemos decidido medir las horas trabajadas que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). En este momento, es un indicador mucho más fiable del empleo que el propio número de contratos”, señaló.
“El Gobierno puede presumir de que el número de contratos es mayor, que el número de desempleados es menor, porque realmente ha habido un cambio en la propia medida estadística, pero nosotros podemos afirmar que desde el tercer trimestre del 2022 el empleo total en España medido en horas trabajadas está disminuyendo”, añadió.
No obstante, ante la decisión del Ministerio de Trabajo de empezar a discriminar entre los fijos discontinuos activos y no activos tras la polémica generada por no conocerse estas cifras, Pérez-Sala admitió que es una medida “positiva”, pero que «debería haberse tomado el mismo día que se aprobó la reforma laboral” y llega, por tanto, “12 meses tarde”. Además, consideró que todavía “no es suficiente” porque la Seguridad Social tiene más información, “pero no la publica”.