Los sindicatos de la Seguridad Social piden «garantías» para desconvocar la huelga pero acercan posturas
Las negociaciones en el seno de la Seguridad Social siguen en marcha y los sindicatos reclaman paliar el problema de una plantilla sobrecargada y envejecida.
La reforma de las pensiones fue impulsada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Foto: EFE.
CCOO y CSIF, los dos sindicatos convocantes de la primera huelga en la historia de la Seguridad Social, han reclamado «garantías» y «certezas» al Ministerio de Inclusión para desconvocar los paros parciales que comenzarán a partir del 26 de mayo y que culminarán con un paro general el 7 de septiembre.
En una rueda de prensa, los portavoces de ambas centrales han reclamado una oferta pública de empleo extraordinaria que ponga remedio a la falta de personal y el envejecimiento de la plantilla de los que adolece el organismo (se han perdido cerca de 8.000 empleados en una década, según cifras de CSIF) y también una reorganización que permita mejorar el modelo de trabajo impuesto.
Ambos sindicatos, que ayer dieron el preaviso de la huelga, han asegurado que están acercando posturas con el Ministerio y que quedan «flecos» por cerrar con el Ministerio, pero que sin garantías documentales de que se va a paliar la falta de personal y, además, compensar la carga de trabajo extra, no van a desconvocar el conflicto.
«Tendrían que ser procesos muy ágiles para que no estemos parados dos años», ha insistido la portavoz de CCOO, Dolores Panero, ya que el procedimiento habitual de un proceso administrativo de estas características implicaría entre 18 y 24 meses desde su convocatoria hasta la incorporación de los nuevos funcionarios.
«Quedan algunas cosas por atar que permitan recuperar las condiciones de la Seguridad Social de antes de la aparición de nuevas prestaciones», ha asegurado el representante de CSIF, Ricardo Aguirre.
En concreto, los sindicatos han señalado la carga adicional para el organismo que supuso la creación del Ingreso Mínimo Vital, una prestación que, dicen, deberían haber asumido las comunidades autónomas por su diseño. «Si nuestra plantilla está reducida el 25% y tenemos un 20% más de expedientes, los 2,5 millones de solicitudes son complicadas de solucionar», ha subrayado Aguirre.
La situación lleva meses coleando, con oficinas saturadas y citas previas imposibles de conseguir para cualquier tipo de trámite. Con todo, han reconocido que no es solo Inclusión la parte que tiene capacidad decisoria, sino que Función Pública -dependiente de Ministerio de Hacienda- tiene que dar visto bueno a la oferta de empleo.
Por su parte, el ministro José Luis Escrivá, ha confiado en «reconducir» en pocos días la situación con los funcionarios. A su juicio, en declaraciones recogidas por EFE, la convocatoria «no tiene mucho sentido» ya que «durante ocho años se ha reducido la plantilla en un 20 % y no ha habido mucha protesta y ahora que estamos incorporando 3.200 personas surge esto».
Los sindicatos han respondido que no se están cubriendo bajas de jubilación ni las vacantes que se están produciendo en el sistema, a lo que se suma la sobrecarga de trabajo por el IMV. Propuestas como la de pagar seis euros brutos por cada cita resuelta fuera de su horario no han sido acogidas con agrado por los compañeros, han asegurado, por lo que no creen que prospere.
