Los sindicatos se oponen a que bajen los impuestos de luz y carburantes y piden contener los precios

Los sindicatos han rechazado este miércoles que la rebaja de impuestos de la electricidad y de los carburantes que contempla el Gobierno al considerar que se trata de una «trampa» porque las compañías eléctricas y petroleras seguirían ganando, por lo que en su lugar han pedido controlar los precios, gravar los beneficios de las eléctricas, reformar el mercado mayorista, activar el mecanismo RED de los nuevos ERTE y congelar los alquileres.

Así lo han señalado los secretarios generales de CCOO y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, durante la presentación de la convocatoria de movilización de la ciudadanía el próximo miércoles 23 de marzo en el conjunto del Estado, para exigir al Gobierno de España y a la Unión Europea que actúen para contener la escalada disparatada de los precios, proteger el empleo y frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida.

La movilización, convocada por los sindicatos CCOO y UGT, la organización de consumidores Facua, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) y las organizaciones de autónomos UPTA y UATAE, combinará la presencialidad en el ámbito laboral con la presencia en las calles. Así, por la mañana del día 23 de marzo las concentraciones tendrán lugar en los centros de trabajo, mientras que por la tarde se celebrarán marchas en distintos puntos de España. En Madrid, la manifestación irá de Atocha a la Plaza de Jacinto Benavente y tendrá lugar a las 18.00 horas.

«Determinados llamamientos a una reducción de la fiscalidad no solo no van a solucionar nada, sino que es una trampa y van a agravar el problema«, ha señalado Sordo, rechazando que haya rebajas de impuestos que vayan más allá de lo «temporal». Ha deendido en su lugar tomar medidas que contribuyan a la contención de los precios de la energía, de la luz y del gas, que están impactando en las economías familiares, y contener el encarecimiento del alquiler, así como avanzar en una racionalización del uso del transporte público.

En la misma línea, Álvarez (UGT) ha pedido que el Gobierno utilice sus competencias para restringir los beneficios de aquellas empresas que utilizan el conflicto bélico para «forrarse» y “huir de la simplicidad de bajar los impuestos como instrumento para bajar los precios”, porque “no es la solución” y con ello solo se rebaja la capacidad que tiene el Estado para redistribuir la riqueza. “El debate no es bajar los impuestos, sino poder garantizar a los ciudadanos y ciudadanas una solución por la vía del control de precios”, ha añadido.

El líder sindical ha exigido que la UE autorice a los Estados a «levantar las normas que impiden el control de precios”, en especial los de la energía, para desvincular el precio de la electricidad del gas y lograr que el precio de la energía represente su valor real. «Las empresas eléctricas, las petroleras y las del gas están teniendo unos beneficios absolutamente regalados, que caen del cielo, y que son consecuencia de la especulación; no hay mercado, hay un oligopolio”, ha denunciado.

Álvarez ha asegurado que “los precios no se han trasladado a las estanterías de los supermercados, lo ha hecho la especulación”, por lo que ha reclamado al Gobierno, la UE y la patronal soluciones que faciliten un aumento del consumo interno y de los salarios.

El Gobierno se ha comprometido bajar el precio de la gasolina, la electricidad y el gas el próximo 29 de marzo haya o no consenso en el Consejo de Europa de la próxima semana, para lo que está barajando distintas opciones en el el marco de los contactos con los grupos parlamentarios, como ayudas de Estado, ayudas fiscales, bajar impuestos de hidrocarburos, topar el precio o incluso el establecimiento de un precio único de la energía a nivel europeo y nacional

Fin a beneficios extraordinarios, cambio de sistema mayorista y congelar alquileres

El manifiesto, al que ha tenido acceso Economía Digital, subraya que es «urgente» que el Gobierno de España y la Unión Europea actúen de forma «contundente». «Tienen la obligación de desplegar todas las iniciativas que sean necesarias para poner fin a esta escalada de los precios, para atajar comportamientos especulativos y para proteger y dar seguridad al conjunto de la ciudadanía», enfatiza.

Entre las peticiones de las organizaciones convocantes se incluyen la de cambiar el «irracional» sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, controlando alzas desmesuradas, y topen el precio máximo del MWh en la subasta, porque «no puede ser que los precios del gas marquen el precio de la electricidad que se genera a través de otras tecnologías más baratas».

También piden «poner fin a los beneficios extraordinarios y abusivos de las empresas eléctricas y de hidrocarburos» que venden productos a precios de futuras materias almacenadas y aprueben medidas contra la especulación de los precios de los productos básicos con el fin de evitar que algunas compañías «saquen tajada de la desgracia».

Acelerar inversiones y controlar alquileres

Otras peticiones pasan por acelerar las inversiones para reducir la dependencia energética externa y fomenten el uso del transporte público para ganar autonomía estratégica en el ámbito energético, así como proteger la ciudadanía y las familias, la solidaridad y apoyar a los sectores productivos que más energía consumen, como industria, agricultura y ganadería, pesca o transporte.

En materia de empleo reclaman activar el mecanismo RED para evitar despidos y «llegado el caso mecanismos similares para los autónomos». También piden controlar los precios de los alquileres evitando que se revaloricen con el IPC, porque «tener una vivienda en la que poder vivir es una necesidad, no un lujo». 

El Consejo de Ministros aprobó este martes el fondo RED para activar los nuevos ERTE cíclicos y sectoriales de la reforma laboral contemplado. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado que el Consejo de Ministros procederá a activar antes de finales de mes el mecanismo RED para el sector de las agencias de viajes a fin de que pueda entrar en funcionamiento a partir del 1 de abril.