Los sindicatos exigen a Hacienda crear más de 40.000 nuevos empleos públicos

El Ministerio de Hacienda abre el ‘melón’ del empleo público en 2022. Función Pública arranca este jueves las negociaciones con los sindicatos del área pública para abordar en apenas un mes la oferta de empleo público de este año, para la que las organizaciones reclamarán un plan plurianual con al menos 40.000 plazas ante el déficit acumulado.

Este será el punto de partida en la negociación que en líneas generales trasladarán y defenderán «firmes» los sindicatos en la Comisión técnica de temporalidad y empleo convocada por Función Publica para negociar la oferta de empleo público (OEP) correspondiente al ejercicio actual a aplicación de la Ley para la reducción la temporalidad, que debe publicarse antes del próximo 1 de junio, por lo tanto con menos de un mes de margen para el acuerdo.

Este será un nuevo frente que se sumará al retraso del acuerdo del teletrabajo que está produciendo una implantación desigual de la modalidad de trabajo a distancia entre las distintas administraciones, pendiente de aprobación desde finales de l año pasado, así como el plan de ahorro energético en la Administración pendiente de negociación, a lo que se sumará en unas semanas el ‘melón’ de la subida salarial, previsiblemente en torno al 2%.

Los sindicatos del área pública –CSIF, UGT y CCOO– acudirán a la cita con el objetivo de lograr una oferta de empleo público «consistente» para este año y exigir celeridad en la ejecución de las ofertas pendientes ante la pérdida de plantilla acumulada, el envejecimiento y la falta de estímulo de la carrera profesional.

Déficit de plantilla de más de 43.000 personas y envejecimiento

Fuentes de CSIF adelantan a Economía Digital que el «punto de partida» en sus reivindicaciones será exigir un plan plurianual para reforzar la Administración General del Estado con al menos 43.700 nuevos efectivos, al ser la cifra estimada necesaria que ya incluyó en octubre de 2020 en un Plan estratégico de recursos humanos. Según sus cálculos, la Administración del Estado ha perdido más de 54.000 empleos en 10 años, una cuarta parte de su plantilla.

El portavoz de UGT en la AGE, Antonio González, ve necesario también un plan plurianual ante el déficit «anacrónico» de más de 43.000 empleados en la última década, ya que esa falta de personal «no se puede solventar en un solo ejercicio», sino a varios años, en línea con lo realizado por otros países.

UGT-Servicios Públicos denuncia en en los últimos años la AGE ha perdido 43.467 efectivos (de 241.142 en 2010 a 197.675 en 2020), lo que supone una destrucción de empleo del 18% en el sector. En CCOO también ven «inasumible» cualquier propuesta que no suponga la recuperación del empleo público perdido en los últimos años, con 40.000 efectivos menos desde 2011.

Al déficit de plantilla se suma el problema del envejecimiento en las plantillas. CSIF estima que un 20,3% del personal de los ministerios tiene más de 60 años y por tanto se encuentran en las puertas de la jubilación, mientras que un 62% tiene más de 50 años. Según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones, un 64% del personal de la AGE tiene más de 50 años, lo que según cálculos de los sindicatos podría suponer alrededor de 9.000 jubilaciones este año.

Ante este contexto, CSIF pedirá eliminar definitivamente la tasa de reposición y realizar una planificación plurianual de las ofertas para recuperar el empleo perdido. También reclamamos potenciar la promoción interna, eliminando la obligatoriedad de superar un nuevo proceso selectivo para poder promocionar.

No obstante, fuentes sindicales instan a identificar las áreas con más bajas y aplicar las tasa de reposición del 110% con carácter general y de hasta el 120% en ámbitos prioritarios. UGT pide la planificación plurianual de la oferta, con especial atención a la Seguridad Social, el rejuvenecimiento de las plantillas de los centros de trabajo de la AGE a través del nuevo ingreso (turno libre), estimular la carrera profesional y la promoción interna y agilizar los procesos selectivos, así como definir una estrategia de selección y captación de talento.

En la misma línea, CCOO reclama una oferta de empleo público extraordinaria en ámbitos con colapso, como el SEPE, Seguridad Social, AEAT, Protección Internacional, Policía, Instituciones Penitenciarias o Muface, entre otras. Pide un gran pacto por el empleo público, que consiga recuperar los estándares de empleo, así como acometer el rejuvenecimiento de las plantillas.

Igualmente, ve necesaria una revisión del Estatuto básico del Empleo Público, en todo lo concerniente a los sistemas de acceso, promoción y traslados, así como cualificación y clasificación profesional o formación, junto a la actualización y reforma de determinados apartados del Estatuto Marco.

Oferta de 2021 «insuficiente» y situación «crítica» en SEPE y Seguridad Social

A finales de julio del año pasado el Gobierno aprobó una oferta de 23.491 plazas, que sumadas. a los decretos previos para las Fuerzas armadas y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se totalizó una oferta de empleo público para 2021 récord de 30.445 plazas, un 8,5%.

A pesar de que en las cuatro ofertas de los gobiernos presididos por Pedro Sánchez, excluyendo ampliaciones extraordinarias y estabilizaciones de personal, se han ofertado casi 110.000 plazas, los tres sindicatos alertan del déficit de plantilla y de una situación «crítica» en determinadas administraciones del Estado con incidencia directa.

Entre otros, se refieren a los retrasos en el reconocimiento de prestaciones por parte de la Seguridad Social o el cierre de oficinas del SEPE. De hecho, desde el sindicato estiman que con el ritmo marcado por las cifras del Gobierno se necesitarían 20 años para alcanzar el empleo estructural perdido en la Administración.

Pero además denuncian la ralentización en la ejecución de las ofertas, ya que en la correspondiente al año 2019 se han finalizado los procesos de 7.796 plazas, en torno al 40% del total del 16.364 ofertadas; en la OEP de 2020 unas 2.038 plazas, el 11% del total de 15.603 vacantes, y en la oferta del año pasado todavía no se puede contabilizar ningún proceso finalizado.

Reducción de la temporalidad

En la reunión también se va abordar la aplicación de la ley para la reducción de la temporalidad. Aunque en la AGE se sitúa ya por debajo del 8%, en el conjunto de las administraciones públicas asciende ya al 32,4%, especialmente en las comunidades autónomas encargadas de gestionar sectores clave como la Sanidad o la Educación.

Por ello, fuentes sindicales señalan que van a reclamar homogeneidad en los procesos para evitar situaciones de inseguridad jurídica y litigios.

La reforma para reducir la temporalidad en las administraciones limita a tres años los contratos temporales, hará fijas las plazas de interinos antes de 2025 y contempla sanciones si se superan los límites con compensaciones de 20 días por año trabajado.

Pendiente queda el melón de la subida retributiva, para lo que los sindicatos reclaman ya la convocatoria de la Mesa General de la Función Pública a futuro un alza de alrededor del 3,5%, al denunciar que los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 15%