Ser motor económico o dejar escapar a Madrid: lo que se juega Cataluña con la ampliación del Aeropuerto del Prat

Si Cataluña debe tener lo que el independentismo llama “estructures d’Estat”, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat es claramente una de ellas. Su peso para la economía regional en prepandemia rozaba el 7% y en 2019 superó los 52,6 millones de pasajeros, su récord histórico.

Sin embargo, el tratamiento que está recibiendo por parte de algunas administraciones catalanas –desgraciadamente, las más importantes– no es el de una infraestructura clave. El Ayuntamiento de Barcelona y el Govern de la Generalitat han rechazado el plan de ampliación de Aena, que contempla una inversión de 1.700 millones para construir una terminal satélite y alargar una de las pistas.

Es por ello que el empresariado catalán en bloque pidió esta semana, en un acto en el que estaban representadas más de 200 asociaciones, que se apueste por la ampliación y se haga ahora. Este tipo de inversiones tardan años en ejecutarse y culminar, por lo que, según los cálculos de Aena que han suscrito los empresarios, si no se da el pistoletazo de salida ahora, el Prat no podrá recuperar el tráfico pospandemia en 2025 ni llegar a los 72 millones de pasajeros.

Según un estudio de la Universitat de Barcelona encargado por Aena, Cataluña se juega más de dos puntos de su PIB en la ampliación del aeropuerto barcelonés. Su contribución a la economía catalana ronda el 6,8%, mientras que la previsión es que con la ampliación y llegando al máximo de su capacidad, esos más de 70 millones de pasajeros, podría suponer el 8,9% del PIB.

Este incremento, cogiendo datos de 2019, pues es el último año normal –es decir, no afectado por el coronavirus– tanto en cuanto a situación económica como de tráfico aéreo, rondaría los 5.000 millones de euros. Hablaríamos de pasar de un PIB de 236.800 millones en 2019 a cerca de 242.000, más que los 240.000 de Madrid.

Por tanto, Cataluña se juega más que la construcción de una nueva terminal y la ampliación de una pista. Se juega volver a competir con Madrid por ser el motor de España después de unos años en los que la región, muy enfocada hacia el incierto horizonte de la independencia, ha dejado de lado una de sus tradicionales virtudes: su potencial económico.

Miles y miles de empresas han abandonado Cataluña desde 2017. El desafío separatista, que tuvo como éxtasis el referéndum y posterior (y efímera) declaración de independencia de octubre de ese año, empujó a grandes corporaciones como La Caixa, Caixabank, el Sabadell, Naturgy y Abertis a llevar su sede a otras comunidades autónomas. Pero eran solo la punta del iceberg, y muy pocas han vuelto.

El gobierno de la capital catalana tampoco ayuda, y no por independentista sino por su alma antisistema. No es que Ada Colau pueda considerarse una contraria al capitalismo, pero sí que muchos la consideran involucionista y en cuanto a lo económico, se ha mostrado contraria al crecimiento, por ejemplo, del turismo. Muchos inversores inmobiliarios se han ido con el rabo entre las piernas y, casualmente, han sido recibidos en Madrid con los brazos abiertos.

Pese a todo, Barcelona sigue siendo una ciudad atractiva para muchas empresas. Tiene calidad de vida y talento, como valoran los directivos de todo el mundo, y también buenas conexiones. Pero estas dependen de muchos factores. Naturalmente que un buen aeropuerto no es la única. También tiene que ver con las decisiones estratégicas globales de las aerolíneas. Pero la infraestructura ayuda.

Ampliar el aeropuerto no es, pues, solo una cuestión de PIB, que es anecdótico o, mejor dicho, efecto de la situación económica pero no un objetivo en sí mismo. Es imprescindible –aunque no suficiente– para volver a poner en el mapa de empresas de todo el mundo la capital catalana. Madrid, con quien, queramos o no, se compite por las sedes de multinacionales, no dejará de crecer, por lo que parar significa renunciar a inversiones y dejar escapar para siempre a la capital española.

El nuevo Govern de Aragonès, todavía por definir

Los motivos de oposición de algunas administraciones son de sobras conocidos. En el caso del ayuntamiento son principalmente medioambientales. En el del Govern también, pero además hay una cuestión de que creen que el plan del gestor aeroportuario controlado por el Gobierno de Pedro Sánchez –Aena está presidida por el exdiputado del PSC Maurici Lucena– es mejorable.

El actual Govern, de hecho, no tiene una postura clara. Y es que acaba de echar a andar. El anterior, con el juntero Damià Calvet como conseller de Territori, lo rechazó, pero el de Pere Aragonès, con el vicepresident Jordi Puigneró, también de Junts per Catalunya, como responsable de las infraestructuras, se mantiene ambiguo.

Es por ello que los empresarios de Foment, Pimec, el Cercle d’Economia y la Cambra de Comerç, entre muchos otros, realizaron el acto de Esade y este mismo viernes entregaron el manifiesto a Puigneró. Quieren convencer a un Govern que, con Aragonès, auguran más business friendly, de que el momento es ahora.