El Santander y Portugal aparcan su batalla judicial
Tras años de litigios, Portugal y la filial del Santander en el país, firman un acuerdo extrajudicial por el impago de las empresas de transporte lusas
La presidenta del Santander, Ana Botín. EFE/Zipi
El Gobierno portugués y Santander Totta, filial lusa del banco español, han llegado a un acuerdo para finalizar su disputa en los tribunales por los contratos de derivados financieros «swap»; acuedo entre dos partes que pactan intercambiar flujos de caja futuros. Este producto, también conocido como contrato de permuta financiera, se utiliza habitualmente para proteger a la firma que ha solicitado un crédito a un tipo de interés variable de una posible subida del euríbor.
El acuerdo estaba suscrito por cuatro empresas públicas lusas dedicadas al transporte. En concreto, las compañías involucradas eran Metro de Oporto; Metro de Lisboa; Carris, autobús y tranvía de Lisboa y STCP, autobús y tranvía de Oporto. El pacto final es el mismo que propuso el banco al anterior gobierno conservador de Passos Coelho y que no aceptó. El acuerdo extrajudicial fija que el Estado se compromete a pagarle al banco español todo lo que le quedaba desde 2013.
En marzo de 2016 los tribunales fallaron a favor de la entidad y obligaron a Portugal a pagar 1.800 millones al considerar el banco aconsejó debidamente a las empresas públicas.
Tras el comunicado divulgado este miércoles por el ministerio de Finanzas «quedan cerrados todos los procesos judiciales existentes y futuros, tanto en Portugal como en el Reino Unido«. Asimismo, se obliga a las cuatro empresas a cumplir la sentencia del tribunal de Londres, que decidió que los contratos eran válidos.
Portugal-Santader: con el nuevo acuerdo el país ahorrará 442 millones de euros en intereses
El Totta renunciará a la indemnización que había solicitado a Portugal, pendiente en los tribunales del país. A cambio, concederá un préstamo a largo plazo «que implicará un ahorro en los costes de financiación». De esta forma, el Estado luso contraerá una obligación de 2.300 millones de euros con una tasa de interés del 1,8% a pagar en 15 años. Según los términos establecidos, el país ahorrará 442 millones de euros en intereses.
Así, entidad y Estado se dividirán además las costas del proceso judicial y de los intereses de mora. Las pérdidas de Portugal que derivaron de estos contratos -cifrados en 3.000 millones de euros- junto con el fracaso de las negociaciones con la filial de Santander llevaron a las cuatro sociedades a suspender los pagos asociados a estos contratos en 2013. Consecuentemente, la entidad llevó el caso a los tribunales.
Tres años después, el tribunal londinense dio la razón al Santander Totta, al entender que el banco aconsejó debidamente a las empresas públicas en el momento de la celebración de los contratos. Esta sentencia implicaba, según lo que publicaron medios de comunicación de Portugal, un desembolso de hasta 1.800 millones de euros para el Estado.
