Sánchez pide no hacer un uso «partidista» de los fondos europeos frente a la ofensiva de Ayuso y Feijóo
Sánchez muestra su "respeto absoluto" por las decisiones del CGPJ pero mantiene su hoja de ruta en vivienda con la nueva ley, el Plan Estatal, el bono de alquiler para jóvenes y la Ley de arquitectura
«Llamo a la responsabilidad de todas las instituciones para alejar la gestión de los fondos europeos de cuestiones partidistas que importan poco a la ciudadanía». Con esta frase se ha expresado de forma tajante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la ofensiva judicial anunciada por la Comunidad de Madrid y Galicia, presididas por los ‘populares’ Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, contra la distribución de algunas partidas de los fondos europeos.
Sánchez ha pedido a la oposición no hacer una cuestión partidista de los recursos europeos –España recibió 19.000 millones en 2021 y obtendrá 140.000 millones hasta 2026–, sino aprovechar la «oportunidad de país» que presenta, durante la rueda de prensa junto al canciller alemán, Olaf Scholz, posterior a la reunión entre ambos mantenida en el Palacio de la Moncloa para reforzar la defensa de las políticas socialdemócratas en la UE.
Aunque ha mostrado su «respeto» por las decisiones de los gobiernos autonómicos, ha incidido en que la «tarea fundamental» de todas las instituciones los dos próximos años es «remar, arrimar el hombro y trabajar codo con codo para consolidar el crecimiento económico y los extraordinarios datos de empleo», destacando que hay «más de 20 millones de ocupados», se acumulan 10 meses con caídas de la tasa de paro, hay récord de mujeres afiliadas y los datos avanzados de enero son «extraordinarios» al anticipar 66.000 nuevos empleos.
En este sentido, ha insistido en llamar al conjunto de instituciones públicas de «todos los colores políticos» a no hacer un uso partidista de la gestión de los fondos y alejarse de ello para, en su lugar, trabajar «consolidar el crecimiento económico, la creación de empleo y modernizar y cambiar el modelo productivo», ante unos fondos que son una «gran oportunidad» para avanzar en la «economía del siglo XXI» caracterizada por los ámbitos verde y digital.
El PP cuestiona la gestión de los fondos: Madrid y Galicia recurren su reparto
Lo cierto es que el PP lleva meses criticando la gestión «sin transparencia» que a su juicio está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez de la gestión de los fondos europeos del Plan de Recuperación, que desde su inicio ha provocado el enfrentamiento entre ambos por la negativa del Ejecutivo a constituir una agencia independiente que gestionase dichos recursos.
Lejos de apaciguarse las críticas han ido en aumento, hasta el punto que la semana pasada la Comunidad de Madrid recurrió ante el Tribunal Supremo el reparto “arbitrario” de los fondos europeos entre las regiones, al considerar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez distribuyó con “criterios sectarios y partidistas” una partida para la promoción del empleo dotada con 9 millones de euros a cuatro CCAA (País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura).
A ello se ha sumado este lunes Galicia, ya que la consejera de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, ha avanzado la intención de la Xunta de acudir a los tribunales tras expirar “el plazo de un mes” que el pasado 17 de diciembre se le dio al Ejecutivo central para que respondiese.
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado que la Xunta participe en un “boicot”, pero ha asegurado que lo “importante es mandar un mensaje de que los fondos no se pueden repartir de forma discrecional”. “Esto son fondos (a los que se refiere el requerimiento autonómico) de políticas activas de empleo, que recibimos antes de los Next Generation y que seguiremos recibiendo después. No se trata en ningún caso de boicotear el reparto de fondos europeos en España”, ha defendido.
El Gobierno analizará el informe del CGPJ pero mantendrá su hoja de ruta en vivienda
Por otra parte, sobre el rechazo mayoritario de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al informe del ponente progresista del ponente progresista, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, sobre la Ley de Vivienda del Gobierno, Sánchez ha mostrado su «absoluto respeto» sobre los informes que pueda emitir el órgano integrado por jueces y juristas, actualmente de mayoría conservadora ante los retrasos para su renovación, pero ha dejado claro que mantendrá su hoja de ruta para el área de vivienda.
El presidente del Gobierno ha señalado que las fórmulas empleadas en los 40 años de democracia para garantizar un acceso digno a la vivienda a amplias capas de la población «no han sido suficientes», ya que la «amplia mayoría de ciudadanos de derechas o izquierdas sufren la misma carestía». De esta forma, ha reiterado su promesa de un mayor compromiso desde las administraciones públicas para lograr que el artículo de acceso a la vivienda recogido en la Constitución se convierta «no en un problema como sufren ahora los ciudadanos sino en un derecho real». El objetivo, ha dicho, es lograr que la vivienda sea «el quinto pilar del Estado de bienestar».
Por ello, sin perjuicio de que el Gobierno mirará con «absoluto respeto» las cuestiones técnicas del informe que emita el próximo 27 de enero el CGPJ con los dos nuevos ponentes designados, ha recalcado el compromiso del Gobierno para redoblar el esfuerzo público con la política de vivienda a través del anteproyecto de Ley de vivienda, una vez llegue al Consejo de Ministros, y con la aprobación este martes de la Ley del Plan Estatal de Vivienda, el bono de alquiler para jóvenes y la Ley de arquitectura y calidad de la vivienda.
El Pleno del CGPJ rechazó por 15 votos en contra frente a seis a favor el informe del anteproyecto del a Ley de Vivienda elaborado por el ponente progresista, que validaba la ley pero veía «inconcreciones», y en su lugar se acordó cambiarlo por dos vocales nuevos, José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, que se encargarán de elaborar otra nueva propuestas para su estudio el próximo 27 de enero.