Sánchez se entrega a Feijóo para salvar el plan anticrisis

Primer tanto para Feijóo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha cedido finalmente a la exigencia del nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de tramitar el real decreto ley del plan anticrisis como proyecto de ley para incorporar cambios vía enmiendas, ante una mayoría de investidura debilitada por la presión y las dudas generadas por sus socios –ERC y Bildu– como consecuencia del caso de espionaje ‘Pegasus’.

Los cimientos de la mayoría que permitió a Sánchez aprobar la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy allá por el verano de 2018 se tambalean con fuerza por el supuesto espionaje a los independentistas y ello ha forzado a Moncloa a tener que recurrir a la desesperada a las fuerzas del centro derecha (PP y Ciudadanos), cediendo a una de las principales exigencias del nuevo PP de Feijóo.

Tal han sido las dudas sobre el apoyo de sus socios que el Gobierno se tenido que acabar comprometiendo a tramitar como proyecto de ley en el Congreso el real decreto ley del plan anticrisis, tal y como exigía el PP para votar a favor, para abordar en una negociación las propuestas del PP, sin embargo no garantiza por escrito aún los otros cuatro requisitos marcados por los ‘populares’ (bajar impuestos, reducir el IVA de luz y gas, recortar el gasto burocrático y acelerar los fondos europeos).

La decisión de Moncloa facilitará que el decreto consiga los apoyos necesarios para la convalidación del decreto, ya que también era una exigencia de sus socios, como ERC, Bildu o PDeCAT, con los que actualmente mantiene una crisis abierta por el caso de espionaje ‘Pegasus’, que ha llevado a los republicanos catalanes a amenazar con tumbar el decreto.

De hecho, fuentes de Moncloa mostraban su confianza a última hora del miércoles de conseguir atraer al PP a la abstención e incluso lograr el respaldo de sus socios habituales con el fin de convalidar el decreto para ganar tiempo y a posteriori negociar cambios a introducir vía enmiendas.

Con todo, la mayoría parlamentaria de la investidura se ha vuelto a tambalear y en la primera gran votación en la nueva etapa política con Feijóo al frente del PP tras la marcha de Pablo Casado el ‘popular’ se ha anotado un prime tanto al trastocar en parte los planes iniciales de Moncloa, en medio de la crisis energética y la crisis desatada por el caso ‘Pegasus’, en un nuevo choque con ERC.

El PP se decanta por la abstención

Por su parte, fuentes del PP subrayan a este medio que se había pedido una serie de compromisos que «siguen sin estar garantizados», por lo que no aseguran su voto a favor y siguen barajando la abstención como opción más plausible ante la apuesta por esta postura de numerosos diputados y senador. El nuevo vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, había exigido por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el Gobierno garantizara por escrito cuatro aspectos básicos para solucionar el problema económico que afronta el país.

Estos pasan por una rebaja de impuestos a las rentas medias y bajas, una bajada en el IVA para la electricidad de acuerdo con las normas comunitarias, una gestión eficiente de los fondos europeos y una reducción en el gasto burocrático y político del actual Gobierno.

Los ‘populares’ pedían en su carta abrir una «negociación completa y detallada» de cada uno de los puntos para alcanzar una «propuesta compartida que responda a los intereses generales». La carta fue a modo de respuesta a la llamada de Montero a Bravo el martes por la noche solicitando el apoyo del PP, tras cinco días de «desprecio», a ojos de Bravo, al plan alternativo remitido por los ‘populares’ a Moncloa el pasado viernes.

Aunque la respuesta al ultimátum dado por el PP al Gobierno no cumplió todas las expectativas de los ‘populares’, fuentes de Génova ven con buenos ojos la aceptación de la tramitación como proyecto de ley y anticipan que es «probable» la abstención del PP en la votación de este jueves.

La carta de Montero: se abordarán las propuestas del PP

En la misiva de Montero en respuesta a la carta de Bravo, a las que ha tenido acceso Economía Digital, la ministra le confirmó al también consejero de Hacienda de Andalucía que el real decreto ley de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania se tramitará como proyecto de ley en el Congreso para permitir las aportaciones de los grupos parlamentarios, si bien no se incluye el compromiso que demandaba el PP de garantizar por escrito los cuatro compromisos, más allá de acometer un análisis «profundo» del plan económico de Feijóo.

Montero subraya que «es necesario estudiar, entre otras cuestiones, el impacto económico y presupuestario, aspecto fundamental que cualquier gobierno responsable debe tener en cuenta, y que no viene reflejado en el mismo».

La ministra de Hacienda reitera en la carta que el Gobierno mantiene desde el inicio de la legislatura la mano tendida al PP para alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de la ciudadanía y se ha mostrado dispuesta a abordar en una negociación las propuestas del PP y también los 11 puntos sobre grandes acuerdos de Estado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entregó al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su reunión del pasado 7 de julio y que abarcaban temas relevantes.

Entre otros temas, abarcaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJC) y del Tribunal Constitucional, la reforma del artículo 49 de la Constitución, la eliminación del voto rogado, el regreso del Partido Popular al Pacto Antitransfuguismo, un Acuerdo para garantizar unos precios de la energía asequibles y estables en el contexto de la guerra, el blindaje del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y cuestiones de Política exterior y Seguridad Nacional.

Nueva etapa de diálogo con el PP

Lo cierto es que desde la llegada del nuevo líder del PP tanto Moncloa como Génova han acercado posturas para tratar de reconducir la lejanía que existía entre Sánchez y el exlíder del PP, Pablo Casado, en aras de impulsar el diálogo al menos en los asuntos de Estado más trascendentaleas.

Tras la primera reunión del pasado 7 de julio, ambas partes han designado a sus interlocutores. Moncloa ha nombrado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el Pp al  el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, para los temas de Justicia, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), uno de los asuntos que han abordado en los últimos días, toda vez que también han consensuado el decreto sobre la Corona.

En materia económica los elegidos han sido María Jesús Montero, en nombre del Gobierno, y Juan Bravo, en nombre del PP, ambos con larga experiencia en negociaciones presupuestarias y económicas. Además del apoyo al plan anticrisis, el Gobierno ha reclamado al PP el acuerdo para la transición energética, la Agenda 2030 y para garantizar precios de energía asequibles, así como coordinación en torno al os fondos europeos y el Plan de Recuperación.

La mayoría parlamentaria de Sánchez se debilita por ‘Pegasus’

En Moncloa temen que el decreto corra peligro y por ello han mirado en las últimas horas a los partidos de derechas (PP y Cs) con el fin de asegurarse la convalidación del decreto. De hecho, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha contactado con el portavoz de CS en el Congreso, Edmundo Bal.

Bal dejó en una rueda de prensa muy claras las condiciones de Ciudadanos para votar a favor del decreto, que pasan por abortar el intento de que Bildu y ERC entren a la comisión de secretos oficiales; reconsiderar la energía nuclear y ampliar la vida de las centrales españolas y adaptar el IRPF a la inflación, en línea este último punto con el plan de Feijóo (PP):

Fuentes de ERC confirmaban a Economía Digital a última hora de este miércoles que el pàrtido aún no había decidido el sentido de su voto ya que «básicamente depende del PSOE» que «tiene que asumir responsabilidades y dar explicaciones». «Consideramos que es un tema muy grave como para que quieran pasar página sin aclarar nada», advertían, aunque sí barajan la abstención.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto una reforma del reglamento que permitiría acceder a la comisión parlamentaria de gastos reservados y secretos oficiales del Congreso a los grupos independentistas, si bien Feijóo se ha opuesto ya a ello.

Entre tanto, el Gobierno catalán prevé impulsar «las acciones legales necesarias, a todos los niveles y en todas las instancias, para aclarar» este caso de espionaje tecnológico masivo», según explicó la portavoz de la Generalitat, Patricia Platja.