Sánchez se blinda ante el Congreso y aprobará la reforma laboral por ‘decretazo’

El Gobierno de coalición ha logrado acordar a nivel interno la derogación de la reforma laboral de 2012 mediante la aprobación de una nueva norma para atajar la «precariedad y temporalidad» a la que deberá dar luz verde antes de final de año, por lo que utilizará una vez más la vía del real decreto ley.

La coalición gubernamental ha logrado solventar sus diferencias sobre la reforma laboral, tanto a nivel de coordinación como parece que finalmente en lo referido al contenido, y los tiempos apremian ante el compromiso suscrito con Bruselas de que la nueva normativa esté aprobada antes del 31 de diciembre de este año.

Para garantizar su aprobación y el cumplimiento de los plazos comprometidos con Bruselas el Ejecutivo prevé aprobar la nueva reforma para modernizar el mercado de trabajo mediante un real decreto ley, según han confirmado a Economía Digital en fuentes gubernamentales. Es decir, que utilizará la vía rápida y los primeros cambios entrarán en vigor antes de que el Congreso pueda examinarlos.

Desde el Ejecutivo señalan a este medio que «no queda mucho tiempo» para su tramitación como proyecto de ley, de forma que podría aprobarse en Consejo de Ministros la última semana de noviembre o la primera de diciembre como tarde.

En este sentido, desde el Gobierno justifican el uso del real decreto-ley ante el calendario «apretado» que se da para poder aprobar la reforma laboral en plazo, antes del 31 de diciembre, lo que consideran que explica la «urgencia» que determina el uso de esta norma ágil que esquiva, en un primer momento el control del Congreso.

Con esta vía el Gobierno se asegura incorporar la ley al ordenamiento ahorrándose el tiempo que dura la aprobación de una ley por el cauce normal, de forma que se evita posibles complicaciones con las formaciones políticas respecto a las enmiendas. Eso sí, la oposición podría plantear más tarde modificaciones (enmiendas) si se tramitase como proyecto de ley.

Plazos acortados, menos debates y convalidación en 30 días

Tal y como establece la Constitución Española en su artículo 86, el decreto ley es una iniciativa legislativa que se reserva solo para situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad». Los conocidos como ‘decretazos’ simplifican al máximo los plazos y evitan así más debates parlamentarios y enmiendas, por lo que suele ser habitual que desde la oposición se critique esta vía para aprobar una ley si de verdad no precisa de urgencia.

Si finalmente la reforma laboral se aprueba por real decreto-ley como está previsto, la norma entraría inmediatamente en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), normalmente al día siguiente de su aprobación en el Consejo de Ministros, en torno a finales de noviembre. Habrá un número muy limitado de días en los que el decreto ley esté en vigor todavía sin haberse aprobado en el Parlamento.

Así, desde la fecha de su entrada en vigor el Congreso dispondría de un plazo de 30 días para debatir y proceder a la convalidación o derogación de la norma. En este caso, está asegurada su aprobación con el respaldo del PSOE y Unidas Podemos, al que previsiblemente se sumarían ERC, EH Bildu o Compromís, entre otras formaciones que han venido reclamando la derogación de la reforma laboral del PP de 2012.

Un recurso cuestionado

Precisamente el recurso del decreto-ley ha sido característico del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente durante la pandemia, y le ha llevado en varias ocasiones a ser cuestionado por la oposición e incluso por el Tribunal Constitucional, que en mayo del año pasado

Hasta la fecha el Gobierno de Pedro Sánchez solo ha vivido la derogación de un decreto-ley, el referido al alquiler de enero de 2019, cuando votó en contra Unidas Podemos, socio del Gobierno. En mayor del año pasado el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el decreto que facilitó al exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, formar parte de la comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al considerar que no concurrían las circunstancias de urgencia.

En la etapa del Gobierno del PP de Mariano Rajoy el TC anuló la amnistía fiscal por afectar a los derechos de los ciudadanos, y también se tumbó la regulación de las tasas judiciales.

El PP: «Sería una nueva falta de respeto del Gobierno al legislativo»

En este contexto, la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha señalado a Economía Digital que si se confirma que se aprueba la “contrarreforma laboral” por RDL se estaría ante «una nueva falta de respeto del Gobierno por el poder legislativo».

«La coartada europea no vale, porque han tenido todo el año para negociarla y tramitarla como ley», ha criticado Rodríguez, afeando que al Ejecutivo le resulta «muy cómodo» que todo el debate se reduzca al proceso de convalidación una vez que haya entrado en vigor.

También teme que la posterior tramitación como ley quede en manos del Gobierno para demorarse “sine die” como se está viendo en otros muchos textos anteriores».

Acuerdo para derogar la reforma laboral

El PSOE y Unidas Podemos suscribieron este martes, tras una semana y media de desencuentros y la crisis desatada en el seno de la coalición de Gobierno, un acuerdo para la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos del acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea.

El comunicado remitido por Moncloa hablaba de derogación pero en los términos establecidos en el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación, por lo que no especifica en ningún momento que el desmontaje vaya a ser “completo”.

En cualquier caso, el consenso alcanzado cierra la crisis desatada en el seno del Gobierno por la reforma laboral y allana el camino al Ejecutivo de coalición para sacar adelante una de sus principales reformas de la legislatura y tratar los plazos acordados con Bruselas para que la nueva norma esté aprobada antes del 31 de diciembre.

El Ejecutivo se propone lograr un acuerdo «justo y equilibrado» a través del diálogo social (es decir, incluyendo a CEOE y sindicatos), para atajar la temporalidad y la precariedad al ser, junto al desempleo, las principales anomalías del mercado laboral español. Para ello, ven imprescindible disponer de «herramientas equilibradas» en la negociación colectiva y al mismo tiempo, establecer condiciones claras para la subcontratación.

Rodríguez (PP) sostiene que es «la peor noticia que podría recibir el mercado de trabajo y, por ende, los trabajadores españoles”.A falta de ver en qué se concreta el anuncio, avisa de que se aleja de lo que pedía Europa en flexibilidad para desbloquear la recepción de los fondos de Reconstrucción.