Sánchez decidirá si prorroga el IVA de los alimentos y las ayudas a transportistas en precampaña
Las medidas para contener la inflación caducan el próximo 30 de junio, solo una semana antes del arranque de la campaña electoral
El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que decidir si prorroga o suspende algunas de las medidas que aprobó para contener la inflación en plena precampaña electoral. El 30 de junio, solo una semana antes del comienzo oficial de la campaña, caducan, entre otras, la rebaja del IVA al 0% de los alimentos o la ayuda de diez céntimos por litro de combustible de la que ahora disfrutan los transportistas.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya adelantó que el Ejecutivo analizaría en junio el escenario económico para decidir si se mantienen o se levantan estas medidas desplegadas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. «Seguiremos trabajando con seriedad, con rigor, con responsabilidad y también con eficacia», aseveró Calviño desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros el pasado martes.
Sin embargo, este anuncio queda ahora en el aire porque la decisión tendrá que tomarse en pleno periodo electoral y con la inflación marcando mínimos de julio de 2021, por lo que el argumento económico tampoco sería una razón.
Entre las medidas que tendrá que revisar el Ejecutivo está la rebaja del 4 al 0% del IVA a los alimentos de primera necesidad y del 10 al 5% para el aceite de oliva o la pasta. También la subvención del 30% al transporte público, que han de complementar las Comunidades Autónomas. Otra, como el abono de transporte gratuito para los trenes de Cercanías o rebajas en los abonos de media distancia están consignadas en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que seguirán en marcha.
Bruselas recomendó eliminarlas
El fin de estas ayudas estaba casi anunciado, pero las elecciones municipales, primero, y el adelanto de las generales, después, dejan en el aire su continuidad. La Comisión Europea en sus recomendaciones de primavera de la semana pasada aconsejó no solo eliminarlas, sino destinar el ahorro a equilibrar las cuentas.
«Las restantes medidas de apoyo en materia energética (estimadas actualmente por la Comisión en un 0,6 % del PIB en 2023) deberían eliminarse progresivamente, dependiendo de la evolución del mercado de la energía y comenzando con las menos específicas, y los ahorros correspondientes deberían utilizarse para reducir el déficit público«, apuntó el Gobierno que dirige Ursula von der Leyen.
En su estudio del Programa de Estabilidad, Bruselas calculó que todas las medidas desplegadas para controlar la inflación supusieron un 1,6% del PIB el año pasado. De acuerdo con el Gobierno, en total se han desplegado más de 35.000 millones de euros, un 3% de la economía.
El Banco de España advierte: podría subir la inflación
El Banco de España también apuntó en su Informe Anual de 2022 que las medidas de apoyo debían retirarse poco a poco, aunque deberían mantenerse aquellas de apoyo a los colectivos más vulnerables, para evitar que sean contraproducentes para la evolución de los precios. «Estas medidas deben retirarse de manera gradual, en paralelo a la reducción ya observada de los precios internacionales. De lo contrario, corremos el riesgo de que una expansión fiscal sostenida incremente las presiones inflacionistas a medio plazo, lo que haría necesaria una respuesta más contundente de la
política monetaria», apunta el supervisor.
Además, advierte el Banco de España de que la eliminación de las medidas sí tendrá un impacto sobre la inflación, en este caso para elevarla: «Su retirada progresiva tendrá un efecto de signo contrario sobre las tasas de inflación de 2023 y 2024 de 0,3 pp y 1,6 pp, respectivamente». Un argumento similar al empleado por el Banco Central Europeo, que lleva meses reclamando que se retiren las ayudas por la crisis inflacionista porque podrían, precisamente, forzar a mayores subidas de tipos para enfriar la economía.
Ahora bien, pese a todo el Gobierno puede tomar decisiones como la aprobación de decretos-ley hasta el día de la celebración de las elecciones, el 23 de julio, por lo que el Ejecutivo podría aprobar un último paquete de medidas en la última semana de junio que validara la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, competente en la materia. Si consiguiera sacarlo adelante o sus socios le dieran el visto bueno, es otro cantar.