Sánchez prioriza las inversiones en Cataluña y prepara cesiones en infraestructuras

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 llega este miércoles al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria y en él se incluirá para Cataluña la mayor inversión del Estado, junto con la baza de la preparación de concesiones en materia de presupuestos para recabar el apoyo de los nacionalistas catalanes.

Las nuevas cuentas públicas contienen la mayor capacidad inversora de los últimos años y por ello «serán unos buenos presupuestos» en materia de inversión para todos los territorios y por supuesto también para Cataluña», según afirmó el pasado lunes la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Fuentes gubernamentales adelantan a Economía Digital que Cataluña será la comunidad autónoma que reciba un mayor volumen de recursos en materia de infraestructuras y se consigna cerca del 20% de la inversión real estatal para Cataluña.

En concreto, recibirá de los PGE de 2022 unos 3.000 millones de euros para infraestructuras, lo que supone un aumento de unos 700 millones respecto a este año, tal y como anunció el sábado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y enfatizado también por presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A la cabeza en inversión del Estado: partida por la inversión pendiente

En los PGE de este año (2021) Cataluña figuraba en segunda posición, con unos 2.200 millones (17,8% del total), superada solo por Andalucía, con 2.146 millones (17,7%) y situándose por delante de la Comunidad de Madrid, con 1.250 millones (10,3%). No obstante, fue la autonomías más beneficiada en el reparto de las inversiones territorializadas porque a la cifra se sumaron 200 millones pendientes de pago, lo que elevó su inversión hasta el 19%, igualando la inversión a la aportación catalana al PIB, una vieja reivindicación del nacionalismo.

Este montante, desbloqueado en la comisión bilateral del pasado agosto entre el Gobierno y el Govern, procede de una sentencia del Tribunal Supremo en la que dio la razón hace cuatro años al Govern al reconocer una deuda de 759 millones en inversiones asumida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por el incumplimiento en 2008 de la disposición adicional tercera del Estatut.

En esa comisión bilateral también se trató la posibilidad de que el resto de la deuda (unos 560 millones de euros) o una parte sustancial de la misma se incluyesen en las cuentas públicas de 2022. Desde el Gobierno confirman que se ha trabajado la posibilidad y que podría haber una parte para saldar esa cuenta pendiente con la Generalitat.

De esta forma, Cataluña volverá a situarse a la cabeza en la recepción de inversión del Estado vía Presupuestos, con lo que fuentes gubernamentales esperan que contribuya a la distensión generada con motivos de la paralización realizada por Aena de los planes de 1.700 millones para la ampliación en el aeropuerto de El Prat de Barcelona ante la oposición del Gobierno por su posible afectación a una zona protegida.

Lo cierto es que desde la Generalitat se alude desde hace años con distintos informes a un déficit histórico en inversiones en la comunidad. En lo que va de año la distribución territorial de la inversión real refleja que Andalucía se ha llevado 2.144 millones (17,4% del total, Cataluña 2.101 millones (17,1%) pero se sumarán los 200 millones de la sentencia, y Madrid 1.257 millones (10,2%), según los datos de Hacienda.

Inversión récord impulsada por los fondos europeos

Con todo, los Presupuestos Generales del Estado contemplan un ‘techo de gasto’ récord de 196.142 millones de euros y de nuevo el mayor gasto social de la historia (248.391 millones de euros), y dispara el gasto público al récord de 458.970 millones, un 0,6% más, a pesar de una previsión de déficit del 5% y una deuda pública del 115,1% del PIB.

Al igual que suceció el año pasado, las nuevas cuentas consignan una importante segunda anualidad de los fondos europeos que el Ejecutivo usa para mantener el carácter expansionista de las cuentas y, en parte, destinar un mayor volumen de inversiones y recursos a Cataluña como ‘guiños’. alas formaciones nacionalistas catalanas.

Se incorporan 27.633 millones de fondos europeos consignados, un 3,8% más, lo que permite elevar al récord de 40.000 millones la inversión y las transferencias de capital. Eel gasto también se sustenta en la previsión de obtener los mayores ingresos públicos de la historia gracias a la previsión de recuperación del Gobierno, que mantiene que el PIB crecerá este año un 6,8% y un 7% en 2022, con un descenso del déficit del 8,4% al 5% el próximo ejercicio.

Con la entrada de los PGE en el Congreso se da inicio a las negociaciones presupuestarias en detalle con los grupos prioritarios, entre los que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado ya que ERC y PNV son los «grupos prioritarios.

Las peticiones de ERC y Junts

En lo referido a las peticiones de los partidos nacionalistas catalanes, claves para que el Gobierno logre revalidar el apoyo de los partidos del año pasado para poder aprobar sus segundos Presupuestos, ERC y JxCat ultiman sus peticiones de cara a las negociaciones.

ERC se muestra por ahora contrario a las nuevas cuentas al recordar que el Ejecutivo no cumplió el acuerdo presupuestario de 2021 en el que se pactó la creación de una comisión de seguimiento de las inversiones comprometidas. El Gobierno aboga por aplazarlo a final de año para tener una panorámica completa de las inversiones ejecutadas.

De los 13 puntos suscritos el pasado mes de noviembre se encuentran en fase de implementación el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Generalitat y su entrada en el Consorcio de la zona Franca, aunque quedan pendientes la ‘homologación’ del Instituto Catalán de Finanzas al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Por su parte, JxCat se muestra aún más alejado de apoyar las cuentas de Sánchez y pone en el brete a ERC al instarle a formar un bloque común de rechazo para tratar de conseguir avances a nivel político.

Cesiones en infraestructuras: Rodalíes o El Prat

«Queremos que Barcelona recupere todo su músculo industrial, su capacidad y su fuerza empresarial«, aseguró la ministra de Transportes al anunciar el importante aumento de unos 800 millones de euros para la Generalitat para el próximo año. Fuentes de Moncloa apuntan que también se negociarán ‘guiños’ en materia de cesión de infraestructuras.

Aun así, desde la Generalitat presionan y alejan las expectativas de su respaldo a las nuevas cuentas públicas al denunciar el déficit inversor y la falta de cumplimientos en los últimos años, como tampoco una de sus principales demandas.

Se trata del traspaso de competencias del servicios ferroviario de Rodalies (Cercanías) a la Generalitat, algo que en el Ministerio de Transportes descartan de facto a priori un traspaso total.

El Gobierno abordó este asunto con la Generalitat en la comisión bilateral de agosto y fue entonces cuando se acordó la constitución de un grupo de trabajo para tratar los detalles de las «acciones concretas» que se pretenden desplegar por las distintas administraciones.

Al respecto Montero ya ha dicho que tradicionalmente «se incorporan muchos elementos no directamente relacionados» con los presupuestos, como esta reclamación de ERC de traspasar las competencias de los servicios ferroviarios de cercanías Rodalies a la Generalitat, aunque sostuvo que no es el objeto central de la negociación.

El traspaso de competencias en Rodalíes no es la única cesión que ultima el Gobierno, ya que está dispuesto a compensar la pérdida histórica de inversiones reales en obra pública catalana con la por ahora fallida ampliación del aeropuerto de El Prat.

A pesar de la suspensión de la inversión de 1.700 millones en septiembre, el Gobierno y la Generalitat no han cesad en su contactos para estudiar alternativas.

Se trabaja en varias alternativas a la propuesta de Aena, como ampliar la tercera pista en los dos sentidos sin afectar en gran medida a la zona protegida del Delta del Llobregat, principalmente de La Ricarda, lo que propició la paralización del proyecto y las desavenencias entre ERC y Junts y el rechazo frontal de la CUP.