La negociación inexistente: Sánchez esconde a la oposición su plan para abaratar los precios

«Inconcreción, humo y propaganda». Así es como definen desde la oposición los primeros contactos dados por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez con los grupos para tratar de recabar propuestas y consensuar las propuestas del Plan Nacional de choque a la guerra en Ucrania, que verá la luz el próximo 29 de marzo y del que no se detalló medida alguna en los primeros contactos con PP, Ciudadanos y PNV.

Fuentes de estas formaciones señalan a Economía Digital que el Ejecutivo, representado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y las tres vicepresidentas (Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera) no concretaron medida alguna, más allá de las iniciativas energéticas en el plano europeo, pero no se especificaron detalles sobre las medidas que podrán ver la luz en materia energética y de otra índole.

Tanto desde el PP, como desde Ciudadanos y el PNV admiten su «decepción» con el Gobierno en el inicio de las reuniones del Gobierno con los partidos de la oposición para pactar medidas que permitan mitigar la crisis energética ante el alza de los precios de los carburantes, la electricidad y el gas, de cara al Plan que prevé aprobar el Ejecutivo el 29 de marzo en Consejo de Ministros.

Así las cosas, desde estos partidos de la oposición denuncian que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les está ocultando su plan para rebajar los precios, toda vez que la reunión con ERC tuvo que postergarse por motivos de agenda y que está previsto seguir la ronda de encuentros con Bildu y Más País la próxima semana, según informan en fuentes gubernamentale.

De esta forma, las medidas temporales y selectivas se demorarán dos semanas a pesar del reclamo unánime de bajar los precios realizado por la oposición y sectores como el del transporte, el comercio, la construcción, la agricultura o la ganadería ante el impacto del alza de los precios energéticos. También los sindicatos, organizaciones de consumidores como Facua o de autónomos como UPTA o Uatae se movilizarán el día 23 exigir el control de precios, la reforma del mercado mayorista, gravar los beneficios de las eléctricas y controlar los alquileres, aunque rechazan bajar impuestos de luz y gasolinas porque seguirían ganando las compañías.

Desde Moncloa admiten a este medio que aunque se van a ir concretando y perfilando las medidas a lo largo de estas dos próximas semanas en los distintos contactos y reuniones con grupos, sectores afectados y agentes sociales, no se terminarán de cerrar hasta después del Consejo Europeo de los próximo 24 y 25 de marzo, aunque se tomarán medidas haya o no consenso en esa importante cita europea. Ello explicaría la falta de concreción de medidas a la oposición y la petición de su apoyo ‘a ciegas’.

El propio presidente del Gobierno deslizó esta idea en su comparecencia en La Moncloa tras reunirse con el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, en el marco de su gira por países europeos para recabar apoyos a las propuestas de España en materia energética, en la que, sin detallar medida alguna, apuntó que «en función de cuales sean los acuerdos del Consejo Europeo se aprobará el Plan Nacional de choque el 29 de marzo».

«Podemos bajar impuestos e incrementar ayudas pero si no desacoplamos el precio del gas y el de la electricidad poco margen tendremos. Por eso confiamos en una gran reforma del mercado energético que debería acordarse en el Consejo Europeo y después plantearemos las medidas del plan nacional«, explicó Sánchez, pidiendo «unidad», tal y como reclamó a los grupos en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso ante sus críticas, exigiéndoles un «ejercicio de patriotismo europeo», el mismo mensaje que está trasladando para convencer a sus homólogos europeos de que respalden las propuestas de España.

Así las cosas, tras reunirse con el primer ministro croata en La Moncloa, hizo lo propio con el primer ministro eslovaco, Eduard Heger, en Bratislava. La gira se completará con una visita a Rumanía y otra a Italia, donde se prevé que coincidirá con representantes de los gobiernos de Portugal y Grecia, así como con visitas a Alemania e Irlanda. Entre las propuestas que España ha realizado para que la Unión Europea las adopte figuran desacoplar el precio del gas del de la fijación del precio de la electricidad, topar los precios de la energía en el mercado mayorista, reforzar las interconexiones energéticas, la compra centralizada de gas a nivel europeo y reducir la dependencia del gas ruso a través de la diversificación de suministradores y del despliegue de las energías renovables.

Representantes de las principales asociaciones de la gran industria española y las federaciones sindicales de industria han apoyado ya las medidas de urgencia que Gobierno está liderando en Bruselas para el impulso de una respuesta europea a la subida de los costes energéticos, según aseguró el Ministerio de Industria tras haberse reunido la ministra del ramo, Reyes Maroto, con el sector.

Las medias que baraja: rebaja de impuestos y subvenciones

Desde Moncloa explican que la idea es ir recabando las opiniones de las formaciones y los sectores afectados pero quieren contar primero con el aval europeo, sobre todo en lo referido a desacoplar el precio del gas y topar los precios de la energía, para terminar de concretar las medidas que verán la luz en el Plan Nacional de respuesta. Por ello, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños no concretó medida alguna y se limitó a confirmar que el Gobierno bajará la luz, el gas y la gasolina en el decreto previsto de aprobación el próximo 29 de marzo.

El Gobierno trabaja en las distintas opciones en el marco de la Comisión Europea y a nivel nacional, como ayudas de Estado, ayudas fiscales, topar el precio o incluso el establecimiento de un precio único de la energía a nivel europeo y nacional. Tampoco se descartan medidas dirigidas a extraer recursos de las grandes empresas o rentas dentro de un paquete «muy amplio y ambicioso» para bajar la gasolina, la luz y el gas a los ciudadanos haya o no consenso a nivel europeo.

Fuentes gubernamentales confirman a Economía Digital que aunque no hay nada decidido del todo, sobre la mesa se contemplan bajadas fiscales selectiva, como una bajada del IVA de los hidrocarburos del 21% al 10% y rebajar también el gasóleo mediante subvenciones para los transportistas y agricultores, colectivos que se están viendo impactados de lleno por la crisis energética derivada del conflicto bélico, así como posibles bonos y cheques directos a los colectivos más vulnerables.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también avanzó la revisión del Estatuto Electrointensivo, aprobado a finales de 2020 con el fin de bajar el recibo de la luz de la gran industria, mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó que se usarán los «grandes beneficios» de las eléctricas para «paliar» la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ante el aumento de la factura de la luz de los consumidores. Sin concretar medida alguna, Díaz criticó que las «tres grandes» compañías eléctricas aumentaron un 47% sus beneficios antes de impuestos el año pasado, superando los 10.222 millones de euros.

Todas estas posibles nuevas medidas se sumarán a las ya anunciadas por Sánchez hace dos semanas incluidas en el Plan Nacional, que engloba el pacto de rentas para contener salarios y limitar beneficios y dividendos empresariales y la extensión de la reducción de las rebajas fiscales en la luz, por importe mínimo de entre 10.000 y 12.000 millones este año. Se prorroga la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%, así como la ampliación del bono social y del recorte temporal a los beneficios extraordinarios de las centrales de generación de gas no emisoras, y una reducción del 80% durante 2022 a más de 600 consumidores electrointensivos, entre otras.

Críticas de la oposición y batería de propuestas para bajar impuestos «inmediatamente»

Fuentes del PP señalan a este medio en la reunión reclamaron la adopción de medidas «urgentes» sin esperar al 29 de marzo al considerar que se deberían de haber adoptado ya ante el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores y familias, debido al aumento del precio de la la luz, la gasolina y el gas. También hicieron esta petición desde Ciudadanos, según apuntan desde la formación naranja.

Tras la reunión, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, lamentó que no se cubrieron las expectativas de la necesidad de «inmediatez y concreción» de medidas ante la coyuntura que afecta a los ciudadanos por el alza de precios energéticos, criticando que el Gobierno no les plantease «ninguna medida concreta» más allá del posicionamiento gubernamental en materia energética.

El PP en cambio ha planteado una batería de medidas que incluyen la bajada del IVA al tipo superreducido, el recorte del Impuesto especial como medida temporal, deflactar el IRPF como ayuda por la alta inflación, la racionalización del gasto público ante el margen de 60.000 millones de euros estimado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), al tiempo que ha pedido paralizar cualquier iniciativa de subida de impuestos y no subir las cotizaciones hasta que no se recupere el PIB prepandemia.about:blank

La oposición (PP, Vox y Ciudadanos) reprochó al Ejecutivo que postergue la adopción de medidas al 29 de marzo para «recaudar más». AIReF cuantificó en hasta 3.500 millones de ingresos adicionales por IVA como consecuencia de la alta inflación. También reclaman «sacrificio» al Gobierno mediante la reducción de altos cargos y asesores por 108 millones al año y la disminución del número de ministerios (22).

De su lado, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, también denunció «promesas inconcretas y vagas» ha pedido el ajuste de la tarifa del IRPF a la inflación, así como la disminución de los impuestos de los combustibles, prorrogar a final de año el IVA reducido de la luz, echar a Podemos del Gobierno y a medio plazo convocar una mesa de la energía en la que se incluyan a las nucleares.

Fuentes de la formación naranja explican que no recibieron «ninguna medida» concreta por parte del Gobierno, más allá de los planteamientos de cara al Consejo Europeo, y apuntan que las vicepresidentas rechazaron su propuesta de alargamiento de la vida útil de las nucleares y la inversión en modernización de sus instalaciones. «No hubo nada absolutamente concreto, fue todo propaganda política de Moncloa», señalan, tras afear que el Gobierno haya «abusado» de los reales decretos con 115, unos tres al mes, y ahora rehúse de utilizarlos pese a la urgencia bajo la excusa de esperar a Europa.

En cuanto al encuentro con el PNV, Aitor Esteban e Idoia Sagastizabal se han reunido con el ministro Félix Bolaños y la vicepresidenta Teresa Ribera pero fuentes del partido explican que duró menos de media hora, y aunque fue con «actitud de escucha y ánimo constructivo», el Gobierno solo trasladó los principales ejes del plan sin concretar medidas, por lo que se emplazaron a un diálogo para intercambiar propuestas.

Por su parte, desde ERC explican a Economía Digital que la reunión se ha pospuesto por motivos de agenda. La formación republicana catalana ha registrado una proposición no de ley en la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso para que el saldo del fondo COVID creado por el gobierno que no se haya justificado o invertido antes del 31 de diciembre de 2021 no tenga que ser devuelto al Tesoro Público antes de junio y pueda derivarse a las empresas para sufragar los costes energéticos, agravados por la invasión de Rusia a Ucrania.