La campaña de las elecciones del próximo 10 de noviembre solo durará una semana por el hecho de tratarse de la repetición de los comicios. Los programas electorales también han encogido. El del PSOE no incluye las subidas de impuestos que Pedro Sánchez sí anunció a la Comisión Europea en primavera, cuando envió a Bruselas el plan de estabilidad 2019-2022.
Si con el capítulo territorial el federalismo era de quita y pon, en el fiscal las subidas de impuestos directamente se obvian. El PSOE le dedica poco más de una página de su programa de 43 páginas y solo incluye líneas generales y declaraciones de intenciones. Este tipo de generalidades suelen ser habituales en los programas electorales, pero este caso tiene una particularidad: Sánchez lleva 17 meses gobernando y aun así esconde sus medidas.
El documento aprobado por los socialistas habla de un “mayor volumen de recursos públicos que deben proceder, en primer lugar, de la máxima eficacia en el gasto público”, lo que no es una cuestión de política fiscal. Sí lo es la segunda vía para tener más recursos: “Una mayor justicia fiscal, sin la cual no podremos conseguir mayor justicia social”. Eso se traduce en que “quienes más capacidad económica tienen deberán contribuir en mayor medida a la garantía de los derechos sociales”.
El programa electoral del PSOE dedica poco más de una página a políticas fiscales y a penas incluye cifras
Este párrafo es de manual para un partido socialdemócrata, que siempre ha defendido la progresividad fiscal. En el siguiente entra más en materia y defiende “superar la anomalía de la escasa tributación de las grandes corporaciones, así como del sector financiero y de las grandes empresas tecnológicas, y la insuficiente e ineficaz fiscalidad ambiental”. Marca los objetivos y las líneas rojas —las medidas “no conllevarán ningún perjuicio para las familias de ingresos medios y bajos, y permitirán reducir la carga fiscal de las pymes»— pero no concreta las medidas.
El resto del programa fiscal de Sánchez se centra en promesas con respecto a la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales y medidas de ámbito más social, como eliminar la “tasa rosa” y fomentar que los ayuntamientos con superávit destinen más dinero a políticas sociales.
A penas aparecen cifras en este capítulo ni se nombran impuestos ni tasas. Ni el impuesto de sociedades ni el IRPF, solo el IVA una vez, para anunciar su reducción para los productos de higiene femenina. El único impuesto que se asegura que se subirá es el impuesto europeo al CO2 en la frontera, aunque no se incluye en el apartado de política fiscal sino en el capítulo internacional.
La verdadera política fiscal de Pedro Sánchez
Con semejante programa, ¿puede deducirse que Sánchez no subirá impuestos? ¿O acaso que no tiene política fiscal? Ni lo primero ni lo segundo. El último plan presupuestario enviado por el Gobierno a Bruselas a mediados de octubre evidencia que sí se subirán impuestos. Tampoco es que concrete demasiado, pero el incremento del gasto que prevé sin inflar más deuda ni déficit y la subida de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios con un PIB ralentizándose sugieren la necesidad de más ingresos.
Tampoco es que no tenga política fiscal. El programa sugiere un castigo a grandes patrimonios, empresas y sector financiero y aunque no lo detalle, sí lo hizo hace unos meses cuando se vio obligado, tras las elecciones que ganó pero no logró formar gobierno, a enviar el plan de estabilidad a la UE. En este detallaba una subida de impuestos de 5.654 millones de euros.
El Gobierno de Sánchez confesó a Bruselas en abril las vías para recaudar 5.654 millones más en impuestos
La política fiscal de Sánchez perseguía recaudar unos 1.500 millones más en impuesto de sociedades, el que pagan las empresas en función de sus beneficios, que asciende a un máximo del 30%. La limitación de las exenciones y la tributación mínima debían aportar 1.776 millones, mientras que la rebaja para pymes restaría a las arcas del Estado 260 millones.
La segunda gran fuente de nuevos ingresos tributarios sería la llamada tasa Google, el impuesto a servicios digitales por el que pretendía recaudar 1.200 millones de euros. Lo cierto es que tampoco la activó nunca y los expertos creen que sería un gran error hacerlo al margen de lo que hagan el resto de países de la Unión Europea.
En su política a base de golpes de efecto, junto a la tasa Google vendría la tasa Tobin, el impuesto sobre las transacciones financieras, que supondría 850 millones más de ingresos pero pondría de uñas a toda la banca. La fiscalizad verde aportaría 670 millones, el incremento de patrimonio, 339 millones, y el incremento del IRPF a rentas altas, 328 millones. El resto del hachazo se repartiría entre otros impuestos y la lucha contra el fraude fiscal que permitiría recaudar 828 millones más.
Cuadro de ingresos extra vía impuestos previstos en el programa de estabilidad enviado en mayo por el Gobierno a la Comisión Europea.
Una política fiscal a la búsqueda de socios.
La duda que asaltará a los posibles votantes de Sánchez y el PSOE es si estas son las subidas de impuestos que impulsará en caso de ganar el 10-N y, ahora sí, lograr formar gobierno, o no. Por un lado, el escenario ha cambiado. Las proyecciones económicas han empeorado, y si la previsión de PIB cae, el margen de gasto también baja y los ingresos también pueden verse limitados.
Por otro lado, la política fiscal dependerá también de los apoyos que necesite Pedro Sánchez. Quizá por ello el PSOE prefiere dejarlo abierto. Si gobierna en solitario no es lo mismo que si lo hace con un socio, y tampoco puede compararse si negocia la abstención de Podemos o la de Cs o PP. Mejor esconder las cartas, aunque ya vieran la luz, por lo que pueda parar a partir del 11 de noviembre.
