Sánchez se abre a favorecer los convenios autonómicos en la reforma laboral para sumar a ERC, PNV y Bildu

El Gobierno dispone de apenas un mes de margen para lograr convencer a sus socios parlamentarios habituales que se avengan a convalidar el real decreto-ley de la reforma laboral ante el plazo del 7 de febrero, y para lograrlo ha arrancado las negociaciones con sus aliados abriéndose a introducir mejoras para los acuerdos autonómicos por los que prevalecen los convenios regionales sobre los estatales.

Así lo confirman a Economía Digital fuentes gubernamentales y parlamentarias conocedoras de los primeros contactos mantenidos por los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) con sus principales socios parlamentarios (ERC, PNV o EH Bildu, entre otros).

Por el momento el diálogo ha arrancado circunscrito solo a las formaciones que apoyan al Gobierno de coalición, ya que en el Ejecutivo confían en que ninguno de estos grupos deje finalmente caer esta reforma, acordada a nivel tripartito con patronal y sindicatos tras más de nueve intensos meses de negociaciones desde el pasado 17 de marzo.

A pesar de tratarse de un acuerdo de «mínimos» respecto a las pretensiones iniciales y de no derogar en la práctica la totalidad de la reforma laboral de 2012, fuentes gubernamentales dan casi por seguro que se logrará sacar adelante la norma en el Congreso porque sí introduce algunos cambios relevantes respecto a puntos relevantes de la anterior normativa laboral del PP.

Cambios mínimos en la tramitación

La vicepresidenta segunda y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, quien se ha encargado en buena medida de pilotar las negociaciones para la reforma laboral, da prioridad al bloque de investidura en las negociaciones para la tramitación parlamentaria.

En los últimos días distintos miembros del Gobierno se han pronunciado de forma distinta respecto a las posibilidades de introducirse modificaciones en la normativa. En estos momentos el Gobierno dilucida aún si mantener su objetivo inicial de lograr la aprobación parlamentaria definitiva de la norma mediante el uso del real decreto-ley, tal y como adelantó Economía Digital en diciembre.

Con ello busca evitar que se tramite como proyecto de ley, supuesto por el que la oposición podría llegar a introducir vía enmiendas cambios al texto pactado con sindicatos y empresarios. El Gobierno trasmitió a CEOE que se tratará por todos los medios de no tocar la reforma laboral, pero los apoyos a la reforma se antojan complicados por ahora y no está descartado que pueda haber alguna pequeña variación para sumar a los socios de investidura.

Fuentes de Moncloa explican que el Ejecutivo solo esta dispuesto a acometer cambios mínimos porque prima sobre todo que los empresarios y las centrales sindicales se mantengan dentro del pacto alcanzado. Díaz ya ha dejado claro que la vocación del Gobierno es mantener el texto pactado con patronal y sindicatos y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha rechazado también que el texto se someta a modificaciones, priorizando el acuerdo de los agentes sociales.

Con todo, fuentes gubernamentales y parlamentarias confirman a este medio que podrían acometerse «pequeñas mejoras» en la redacción de la normativa en lo referido a los acuerdos autonómicos, que permiten la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, tal y como reclaman los socios nacionalistas del Gobierno, como ERC, PNV o EH Bildu.

Acuerdos para la prevalencia de convenios autonómicos sobre estatales

Esta es una de las principales exigencias de las formaciones nacionalistas, que reprochan a los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) que hayan incumplido su compromiso de programa respecto a la derogación “íntegra” de la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy. Pero hay más.

Fuentes sindicales confirman también que se contemplaba esta opción de mejorar la redacción del texto en lo referido a los acuerdos autonómicos. Cabe recordar que los convenios autonómicos ya se pueden firmar desde hace muchos años. De hecho, actualmente hay más de 200 acuerdos autonómicos repartidos por toda la geografía española y solo en Cataluña se contabilizan 46, apuntan desde CCOO.

Un ejemplo de ello es el acuerdo interprofesional suscrito en el País Vasco en el año 2017 que fijaba la posibilidad de la prevalencia del convenio autonómico vasco sobre el estatal. La casuística de los acuerdos autonómicos está recogida ya en los artículos 83 y 84.3 del actual Estatuto de los Trabajadores, en los que se determina que «los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden».

Actualmente hay más de 200 acuerdos autonómicos por toda España que permiten la prevalencia del convenio regional sobre el estatal

Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de comunidad autónoma, pueden establecer, mediante acuerdos interprofesionales, cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando, en su caso, las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito.

Estas cláusulas podrán igualmente pactarse en convenios o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito estatal o autonómico, por aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que cuenten con la legitimación necesaria, de conformidad con lo establecido en la ley.

El Gobierno y los sindicatos celebran que se recupera el papel central de la negociación colectiva como primer paso para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales entre trabajadores y empresariado, pero para las formaciones nacionalistas es claramente insuficiente y consideran que la mayor parte de sus reivindicaciones han quedado fuera del acuerdo.

Y es que la patronal ha logrado imponerse en la prevalencia del convenio estatal sobre el autonómico, frente a las presiones de los socios del Ejecutivo para que se recuperase la prevalencia de los segundos, aunque esto podría cambiar durante la tramitación parlamentaria si dichos partidos logran respaldo a sus propuestas de modificaciones.

En cambio, los sindicatos si han logrado fijar la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa en materia salarial, de forma que las compañías no podrán a partir de enero modificar en los convenios de empresa las subidas salariales acordadas en los convenios sectoriales. Se mantienen los descuelgues, pero, por tanto, los sueldos no podrán ser en ningún caso inferiores a los fijados en el convenio de sector.

Los movimientos de los nacionalistas: buscan tramitar la norma como proyecto de ley

No obstante, el Gobierno parece decidido a usar la vía del decreto-ley para evitar que puedan producirse pactos poco habituales entre formaciones de distinto signo político, como el PP, y, sobre todo, con partidos socios del bloque de investidura. En parte del Ejecutivo hay temor de que pudiese producirse un acercamiento de los ‘populares’ con ERC o el PNV y ello pudiese afectar al bloque de investidura.

Aunque desde el PNV se han desmarcado de un eventual veto a la reforma laboral, siguen presionando en la prevalencia de los convenios vascos, por lo que los nacionalistas vascos negocian con el Ejecutivo su apoyo a cambio de que el Gobierno les asegure por ley un marco vasco. La vía de los acuerdos autonómicos podría ser la puerta de salida para cerrar el apoyo.

Por su parte, desde Esquerra Republicana insisten en que la reforma laboral aprobada por el Gobierno tiene «importantes carencias, lejos del compromiso inicial de la derogación» y, frente a las palabras de Bolaños, consideran que la relevancia del tema merece que el texto aprobado por el Gobierno sea tramitado como proyecto de ley y abrir, de este modo, un espacio para el debate y la negociación parlamentario.

Por ello, la formación catalana ha abierto contacto ya con otras formaciones de izquierdas para tramitar la norma como proyecto de ley. ERC, Bildu y BNG mantienen contactos para hacer un frente común en contra de la consideran como «decepcionante» reforma laboral.

Las posibilidades de abstención de PP y Cs

De cualquier forma, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha abierto ya una ronda de contactos con los partidos que apoyan habitualmente al Gobierno, si bien fuentes parlamentarias socialistas apuntan que ello no quita para que si hay interés por parte de otros partidos en apoyar la reforma «se les escuche».

No obstante, Díaz haya ha dicho que no se imagina un escenario en el que la reforma salga adelante con los apoyos del PP o Cs, a pesar de que los ‘populares’ dejaron la puerta abierta a la abstención, mientras que los de la formación ‘naranja’ sopesan también no rechazar el decreto, posiblemente también mediante una abstención. En Unidas Podemos hay temor de que PP y Cs puedan armar una treta a colación de la reforma laboral para dañar el bloque de investidura.

De su lado, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, reafirmó esta semana el voto en contra del PP a la reforma laboral por «coherencia» al defender el modelo laboral fijado en la reforma laboral de 2012 del anterior Gobierno ‘popular’ de Mariano Rajoy.