Sánchez asume la ralentización del PIB por la guerra y anuncia un plan económico nacional de respuesta

Frenazo en el PIB. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido este miércoles que la invasión militar de Ucrania iniciada por Rusia hace una semana provocará una «ralentización del crecimiento» en España y la Unión Europea y menores inversiones tras las sanciones impuestas a Rusia por su acción, sobre todo por el impacto en el ámbito energético. Por ello ha anunciado un Plan Nacional de Respuesta al impacto de la guerra, que incluye la extensión hasta el 30 de junio de las rebajas fiscales de la luz, las ayudas a la industria y el bono social, la aprobación de los nuevos ERTE del Mecanismo RED y la petición de moderación salarial para evitar una espiral inflacionista.

«La UE está en la obligación de pagar este sacrificio que está asumiendo Ucrania con su libertad y sus vidas», ha manifestado Sánchez en su intervención ante el Pleno del Congreso para hablar del conflicto en Ucrania, en donde ha anticipado un «más que probable» impacto en las exportaciones y las inversiones en Rusia y la llegada de turistas rusos a España.

En la misma línea, Sánchez ha pronosticado que el impacto se extenderá de la misma forma a los intercambios comerciales con Ucrania al producirse «interrupciones bruscas» en las importaciones procedentes de este país de Europa del este, un importante cantidad de productos de cereales, aceite de girasol y otros productos agropecuarios.

Pero sin duda el mayor impacto se producirá en materia energética, según ha dicho Sánchez, ante la elevada dependencia europea, menor en el caso español, en lo referido al petróleo y el gas ruso. De hecho, ha apuntado que en España el impacto será más limitado, puesto que las importaciones desde Rusia suponen solo un 4,6% del petróleo y un 8% del gas, y es que España cuenta con regasificadoras y gasoductos por ejemplo con Argelia.

Por ello, ha instado a abordar el problema de la garantía de suministro y aprovechar los debates para resolver el problema de la subida del precio de la energía y el mercado energético en su conjunto, ya que la crisis ha traído mayor incertidumbre, por lo que ha propuesto aumentar la capacidad de adaptación y transformación del sistema energético actual y avanzar en las interconexiones eléctricas.

El Ejecutivo español ha realizado varias propuestas, que confía en que se recojan en la segunda comunicación de la Comisión Europea sobre energía, como son reducir la volatilidad y desacoplar de forma temporal los precios el gas y la electricidad para evitar la subida extraordinaria del mercado mayorista que marca el precio de la electricidad, así como fomentar contratos a largo plazo entre agentes para dar estabilidad a los precios y medidas para abordar la especulación en el mercado de emisiones de CO2. En cuanto al gas, Bruselas ha anunciado la adopción de la medida propuesta por España de compras conjuntas de gas y la creación de reserva estratégicas entre varios países.

Adaptación de las reglas fiscales

Para hacer frente a este impacto ha señalado que la «única vía» es avanzar en la integración de la política exterior y defensa, con la aprobación de la brújula estratégica de defensa de la UE, la orientación estratégica hasta 2030 de la OTAN en la Cumbre del próximo mes de junio en Madrid y la nueva declaración conjunta de la UE con la OTAN, así como reaccionar en seguridad energética y dependencia, ya que en algunos países europeos dependen casi en un 40% del suministro de gas de Rusia, que está generando «la mayor crisis de seguridad en Europa desde la II Guerra Mundial».

En esta coyuntura, ha aprovechado para referirse a la finalización a finales de año del plazo de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE por la que desde el inicio de la pandemia han quedado suspendidas las reglas fiscales para permitir a los Estados miembros acometer los gastos necesarios para hacer frente a la pandemia, defendiendo la adaptación de las reglas fiscales a la nueva crisis.

«En el contexto actual de guerra no parece razonable volver a las reglas fiscales anteriores que obligarían a un ajuste fiscal desproporcionado con el riesgo que implicaría para la recuperación y la cohesión social en el continente», ha apostillado Sánchez, quien ha adelantado que el la coyuntura de nueva crisis el Gobierno español va a abogar por una adaptación de las reglas fiscales para seguir avanzando en la recuperación provocada por la Covid y hacer frente a futuras necesidades de inversión en materia de cambio climático, transformación digital y mayor autonomía estratégica para Europa.

Plan Nacional de Respuesta: pacto de rentas y prórroga de rebajas fiscales de la luz

El presidente del Gobierno ha reclamado en el plano europeo «cimentar la unidad de España» en torno a la autonomía energética y estratégica, la revisión de las reglas fiscales y un pacto de migración y asilo, minutos antes de anunciar el impulso de un Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la guerra, que será «abierto y dinámico» a las aportaciones de los grupos parlamentarios, gobiernos autonómicos y locales y agentes sociales.

A estos últimos, los agentes sociales, les ha pedido impulsar un «gran pacto de rentas» ante el riesgo de que el precio de la energía y las diversas materias primas se trasladen al coste de la vida. Tras el «ejemplo de verdadero patriotismo» de los agentes sociales con la firma de hasta 15 acuerdos durante la pandemia, les ha instado a lograr un pacto de rentas que sea un «gran acuerdo de país» para proporcionar «estabilidad y confianza» tanto desde la perspectiva de los costes salariales como de la moderación de los márgenes y beneficios de las empresas, con el objetivo de «evitar una espiral inflacionaria que mine el poder de compra de familias y ahorradores y ponga en riesgo la recuperación».

Asimismo, en el marco de este plan ha asegurado que el Gobierno protegerá a las familias más vulnerables, por ejemplo con la prórroga hasta el 30 de junio del descuento del bono social eléctrico del 60% para familias vulnerables y del 70% para colectivos vulnerables severos, al tiempo que se insta a CCAA, entes locales, asociaciones y agentes sociales a redoblar el esfuerzo para adoptar medidas sociales adicionales que garanticen las condiciones de los colectivos vulnerables ante el shock energético. Este punto lo llevará Sánchez a la Conferencia de Presidentes de La Palma postergada al próximo domingo 13 de marzo.

En materia energética, Sánchez ha anunciado una batería de medidas para acelerar la transición energética. De manera inmediata el Gobierno extiende hasta el 30 de junio las rebajas fiscales en la luz, por lo que se prorroga la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%.

También se prorroga al 30 de junio el recorte temporal al beneficio extraordinario, conocido como «beneficios caídos del cielo’, de las centrales de generación de gas no emisoras aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre y que se moderó más tarde para excluir a la energía vendida en contratos a largo plazo.

De igual forma, se protegerá a la industria electrointensiva ante el perjuicio de los altos precios de la electricidad, de forma que, al igual que otros países europeos, se reducirá durante 2022 en un 80% los peajes a más de 600 consumidores electrointensivos y se prorroga hasta el 30 de junio las medidas de flexibilización en los contratos de gas natural para los consumidores industriales.

Subasta adicional de renovables y reducción de consumo en la Administración

Como acciones de medio y largo alcance para acelerar la transición ecológica y reducir la dependencia energética, Sánchez ha remarcado el margen que hay en recorrido de la eficiencia, ya que el 30% del consumo de energía se produce por la elevada antigüedad del parque de viviendas, por lo que el Plan de Recuperación aboga por la rehabilitación de edificios residenciales y públicos.

De forma urgente se activará el plan de reducción de consumos energéticos en edificios y en infraestructuras de la Administración General del Estado (AGE) asociado a la climatización, la movilidad y el alumbrado, al tiempo que se aprobará una partida de 100 millones para la sustitución del alumbrado público que permitirá reducciones de consumo del 70%.

Las medidas estructurales para acelerar el despliegue de renovables y reforzar la autonomía energética pasan por designar una partida de 500 millones para acelerar el autoconsumo; eliminar la barreras ligadas a la conexión eléctrica y agilizar la tramitación administrativa y aprobar en el primer semestre del año una subasta de energía renovable adicional a lo recogido en el calendario, a lo que se sumará una partida de 1.000 millones para proyectos estratégicos vinculados a las energías renovables, hidrógeno y almacenamiento (PERTE ERA) para desarrollar nuevos proyectos de renovables y almacenamiento con el fin de incrementar la fabricación del sistema fotovoltaico, eólico y garantizar el suministro de elementos básicos para la transición energética.

Empleo y turismo: Mecanismo RED y promoción de destinos expuestos

En materia de empleo, ante las previsiones de que se puedan producir «situaciones temporales de desabastecimiento, aumento de costes o reducciones de demandas en sectores concretos», el Gobierno acelerará la aprobación del mecanismo RED de flexibilización y estabilidad en el empleo incluido en la reforma laboral, que permitirá a las empresas sometidas a crisis temporales adoptar medidas de reducción de jornada, suspensión temporal de contratos de trabajo vinculados a programas de recualificación y transición profesional.

El Gobierno aprobó la semana pasada la extensión de un mes de los ERTE Covid, eso sí, con una importante rebaja de las exoneraciones, para dar un mes de transición hacia los nuevos mecanismos de flexibilidad de la reforma laboral, como el Mecanismo RED, previsto de implementar desde abril en sectores como el de las agencias de viajes.

La guerra en Ucrania también impactará en mayor o menor medida en el turismo, por lo que Sánchez ha indicado que en el marco del plan de respuesta económica se buscarán alternativas para suplir la eventual falta de turistas rusos, sobre todo en la temporada alta en zonas como Cataluña. Si el conflicto se extendiese y acabase al periodo vacacional se intensificará la promoción de destinos más expuestos en otros mercados susceptibles de compensar la ausencia de turistas rusos.

Sector de cereales y ciberseguridad

Para el sector primario y agrícola, que Sánchez ha admitido que se puede ver «fuertemente afectado» por el alza de precios y las disrupciones en reducciones en el suministro de cereales, España va a solicitar a la Comisión Europea que se utilicen todos los medios a su alcance para facilitar la oferta de cereales y oleaginosas. Si fuese necesario se pedirá la activación de mecanismos de la Organización Común de Mercados Agrarios para prestar los apoyos necesarios a agricultores y ganaderos.

El Plan Nacional de Respuesta al impacto de la guerra también incluye medidas en el campo digital y tecnológico, como acelerar y reforzar las inversiones de microchips, semiconductores, almacenamiento de baterías, el despliegue de tecnologías vinculadas al 5G, la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad de los datos o la producción de los medicamentos esenciales. De hecho, se va a poner en marcha la creación de una reserva de bienes considerados estratégicos para preservar los derechos y libertades de suministro de servicios esenciales y recursos de primera necesidad, contemplada en la Estrategia de Seguridad Nacional que se debate en el Parlamento.

El Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lanzó este fin de semana una alerta interna a todas las administraciones púbicas, tanto estatales, como autonómicas y locales, ordenando el apagado de ordenadores oficiales en los que haya conexiones en remoto a portátiles y ordenadores de sobremesa por el riesgo de lanzamiento de ciberataque masivo por parte de Rusia a administraciones y empresas europeas. Este miso lunes el Ejecutivo dio órdenes de extremar las medidas de seguridad y áreas como la Seguridad Social forzaron el apagado de ordenadores en remoto.

Ante el riesgo de ciberataques, se va a reforzar también la ciberseguridad, de forma que en los próximos días entrará en funcionamiento el Centro de operaciones de ciberseguridad que impulsa la ciberseguridad en las CCAA y ayuntamientos y próximamente verá la luz la Estrategia Nacional de ciberseguridad. El Gobierno también aumentará los compromisos internacionales en materia de seguridad y defensa en los próximos años para fortalecer las capacidades industriales y tecnológicas nacionales.