El Gobierno aprueba la ‘excepción ibérica’ pero su implementación total necesita el ‘ok’ de Bruselas
El mecanismo durará 12 meses y permitirá fijar el precio medio del gas en torno a 48 €/MWh
El Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes, ha aprobado el mecanismo (‘excepción ibérica‘) para limitar el precio del gas para la generación eléctrica a una media de unos 48 €/MWh durante un periodo de doce meses. A su vez, el Gobierno portugués hará lo mismo, y este sábado ya saldrán publicados los detalles en el BOE. No obstante, su aplicación total necesita la aprobación de la Comisión Europea.
Así lo ha precisado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que confirma lo publicado por ECONOMÍA DIGITAL sobre la ausencia de ‘luz verde’ definitiva hasta que Bruselas lo valide. La también vicepresidenta ha precisado que hasta entonces se podrán ir aplicando algunas cuestiones de la norma, pero no ha precisado cuáles.
Los consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada (PVPC) serán los principales beneficiados de la medida -con descuentos aproximados del 30% en el recibo-, así como las empresas e industrias que compran electricidad en el mercado diario. No obstante, la ministra también ha precisado que los clientes de tarifa libre y con contratos a un año también se tendrán rebajas en sus facturas una vez llegue el momento de la renovación, o para quienes contraten nuevas ofertas.
A la espera de que entré la medida en vigor de forma completa, la vicepresenta ha precisado que requerirá a las eléctricas información detalla de los clientes, sobre cuánto pagan y de qué forma. Una fiscalización que debe servir para controlar si la rebaja en la factura se ajusta de manera adecuada.
Teresa Ribera ha puesto en valor que esta medida, que supone una respuesta «que tiene pocos antecedentes, o ninguno» en el pasado, ya que Europa ha entendido «las causas por las que España y Portugal deben contar con esta excepción», será «un paraguas» para proteger a los consumidores domésticos y a la gran industria.
En cuanto a una de las cuestiones fundamental, quién va a pagar la diferencia con el tope del gas, la ministra tampoco ha aclarado la situación, y solo ha confirmado que serán los usuarios quienes se harán cargo de ello, aunque a un precio menor del que habría si no existiera el tope del gas.
Sobre el papel de las grandes eléctricas, Teresa Ribera ha vuelto a insistir en que esto va contra sus ‘beneficios caídos del cielo’, algo que las compañías niegan que sucede, puesto que tienen su energía vendida a plazos con un precio menor. También ha tenido un duro recordario hacia estas empresas, insinuando que no han ayudado todo lo posible desde que los precios están anormamente altos.
La medida tomada
En cuanto a los aspectos formales de la medida, ésta permitirá desacoplar temporalmente los precios del gas y la electricidad en la Península Ibérica, que se beneficiará así de una excepción, tal y como se acordó en el Consejo Europeo de marzo.
El mecanismo durará unos 12 meses y permitirá fijar el precio medio del gas en torno a esos 50 euros/MWh (comenzando por 40 euros para ir posteriormente subiendo hasta los 48,8 euros), frente al actual precio de referencia en el mercado de más de 100 euros/MWh -como en el caso del TTF holandés, de referencia en Europa-, con un precio que partirá de los 40 euros/MWh, durante seis meses.
En la configuración actual del mercado eléctrico, el gas determina el precio global de la electricidad cuando se utiliza, ya que todos los productores reciben el mismo precio por el mismo producto, la electricidad, cuando entra en la red.
Bloqueo a la volatilidad
Por otro lado, el mecanismo protegerá, según explican desde el Ministerio, al conjunto de la economía de la volatilidad de los mercados internacionales, como un cortafuegos, evitando escaladas de precios, como el récord de 544 €/MWh alcanzado por el pool el pasado 8 de marzo, con un pico de 700 €/MWh a las 20.00 h. Estos precios, inimaginables hace unos meses, se quedan cortos en comparación con el pico de 3.000 €/MWh registrado en Francia el pasado 4 de abril, provocado por una ola de frío.
Este blindaje para hogares, pymes e industrias estará en vigor durante el próximo invierno, período en que los precios de la electricidad son generalmente más caros. Y adquiere un enorme valor en el contexto del conflicto en Ucrania y de las tensiones de precios provocadas por el progresivo abandono de la UE de las importaciones energéticas desde Rusia.