Ribera deja en el aire las subastas de cogeneración y ‘energías baratas’ un año después de su anuncio

Durante 2021, y con la crisis de precios que se vivió ese verano, el Gobierno de España se comprometió a llevar a cabo una serie de subasta de potencia energética en distintos ámbitos que, casi un año después, todavía no hay nada aclarado. Se trata de la subasta para las plantas de cogeneración, así como la subasta inframarginal (conocida como la subasta de energías baratas). 

Así ha quedado reflejado en el ‘XVIII Congreso Anual de Cogeneración’, que bajo el lema ‘Cogeneración, inversión eficiente para liderar la descarbonización industrial’, ha tenido un claro contenido reivindicativo. No en vano, se trata de un sector que ha sufrido de manera muy acentuada los bandazos de la crisis energética. 

Aunque no ha sido la única reclamación de un sector clave para el tejido industrial que, en los últimos meses, ha sido dejado de lado. En concreto, el presidente de Acogen, Rubén Hernando, ha expresado su confianza en que el Ministerio para la Transición Ecolígica liderado por Teresa Ribera «ultime ya la promulgación y potenciación de las retribuciones a la operación y la evolución del sistema retributivo de 2023».  

Para Hernando, «la publicación de las retribuciones pendientes es esencial para que las cogeneraciones a las que no alcanza suficientemente el mecanismo de topado, puedan evaluar y recuperar lo antes posible sus costes de explotación y reactivar sus niveles de producción, reduciendo más aún el consumo de gas natural del país e impulsado la economía industrial y el empleo asociado».

Más peticiones de la cogeneración 

Junto a la subasta pendiente, el presidente de Cogen España, Julio Artiñano, también ha recordado que «el sector necesita señales claras que se adecuen a la realidad del mercado intervenido y con revisión en tiempo. Por ejemplo, mensual, no solo para los meses pendientes sino en para el 2023, donde la nueva regulación -anunciada- debe estabilizar el sector y permitir operar a todas las instalaciones, incluyendo las de residuos del porcino y del olivar».

Y por lo que respecta a lo más importante, la patronal reclama «la aprobación del marco de subastas, cuyo borrador se publicó el pasado 28 de diciembre, para que los operadores del sector puedan proveer los recursos necesarios para acudir a las estas, complementando con ello la señal regulatoria que permita descarbonizar las instalaciones actuales con criterios de eficiencia para apoyar a la industria en nuestro país». 

Las demandas del sector cogenerador al Ministerio de Teresa Ribera se centran ahora en tres puntos: el primero, que se promulguen este mismo mes las retribuciones pendientes, especialmente las del semestre en curso, con la potenciación ya anunciada por el presidente del Gobierno el pasado 6 de septiembre; el segundo, que se publique la nueva metodología para la actualización de la retribución a la operación para 2023 y siguientes, y en tercer lugar que se establezca, antes de fin de año, la Orden de bases de las subastas de 1.200 MW de cogeneración para ser convocadas en 2023. 

Las energías baratas 

Al margen de los intereses de la cogeneración, hay otra subasta que también está congelada por completo. Se trata de la inframarginal. Y ésta viene con polémica añadida por parte de las grandes empresas energéticas. 

El choque frontal entre las grandes eléctricas (con Iberdrola y Endesa a la cabeza) y el Gobierno con la subasta inframarginal de fondo ha dejado, por el momento, un claro vencedor: las empresas. No existe fecha para la denominada subasta de las energías baratas, y la jugada que han llevado a cabo estas compañías por el momento les ha salido bien. 

La crisis de precios del sector energético ha generado múltiples frentes abiertos en los que meter mano para bajar los costes. El Gobierno determinó en otoño del año pasado -mediante real decreto- que una opción era obligar a las empresas a subastar parte de su energía, en vez de que todo fuera a parar a sus propias comercializadoras. Pero todo se ha truncado. 

Sobre esta subasta (que viene la tecnología hidráulica y nuclear), el Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió a realizar este movimiento antes de diciembre de 2021, pero finalmente no se ejecutó. Y por ahora no hay una fecha clara, y parece que nunca la ha habido. El objetivo era que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020. El problema es que las eléctricas nunca estuvieron conformes y, desde el primer momento, han sabido cómo poder escapar de la situación. 

La estrategia de estas compañías -pese a la advertencia del Gobierno- ha sido ir firmando contratos bilaterales a largo plazo con un añadido fundamental: una cláusula que advertía a sus clientes (comercializadoras y gran industria) que en caso de que el Gobierno convocase algún tipo de subasta de energía barata ellos podrían variar precios o directamente romper el contrato. 

Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP se escudan en que estas cláusulas ya se establecían antes del otoño pasado. En cualquier caso, esto ha provocado que el Gobierno esté entre la espada y la pared; y, lo más preocupante, que en estos momentos no se sepa cuándo se llevará a cabo esta subasta inframarginal. 

Si el equipo de la vicepresidenta Teresa Ribera decide llevar a cabo esta subasta, las grandes eléctricas no dudarán en ejecutar esas cláusulas. Esto supondría un duro revés de imagen. Por eso, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, el Gobierno no toma la decisión para no verse metido en otro lío.