Ribera aparca su plan para rebajar la factura de la luz por miedo al precio de la gasolina

La puesta en marcha del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) se ha esfumado de la hoja de ruta del Ministerio para la Transición Ecológica y, por el momento, no hay indicios de su vuelta a escena. Una situación que pone de relieve algunos volantazos que ha tenido que dar el equipo de la ministra Teresa Ribera en plena crisis energética. 

La propuesta llegó en diciembre de 2020. El Gobierno quería bajar la factura de la luz un 13% para los próximos cinco años. Así, sacaría del recibo que pagan los consumidores las retribuciones que perciben -entre otras- las energías renovables. Dichos costes -de unos 7.000 M€/año- serían asumidos por el conjunto del sector energético, incluyendo empresas gasistas o petroleras. Aunque la medida tendría una puerta trasera: otros costes energéticos como los combustibles o el gas natural podrían subir de precio. 

Precisamente esta cuestión, que en el fondo beneficiaba a las eléctricas, pero impactaría en el sector gasista y petrolero -y, sobre todo, a lo que pagaban los clientes- fue lo que empezó a ponerlo en cuarentena. Así, de dicha nevera parlamentaria, salió este verano. En concreto, la Comisión para la Transición Ecológica recuperó el anteproyecto de ley y empezó a tramitarlo. 

Aunque antes de su votación final y remisión al Senado, todo saltó por los aires. Las explicaciones que se ofrecieron desde el Gobierno, y sus socios, fue que no se aprobaba porque esta medida colisionaba con otras acciones que estaba llevando a cabo el Ejecutivo. 

Sin embargo, el gran punto de conflicto era el mismo que desde su creación: la implantación del Fondo provocaría una subida en el precio de los combustibles y el gas. Algo que empresas como Repsol, Naturgy, Cepsa o BP nunca ocultaron. De esta manera, y con unos precios de la gasolina en máximos históricos, se replegaron banderas y el FNSEE volvía al cajón. 

Gran miedo a los precios 

Ante esta tesitura, según ha podido saber ECONOMÍA DIGITAL en fuentes conocedoras de la situación, el Gobierno está bastante preocupado por la evolución de los precios de los combustibles y el gas, y por eso no contempla la recuperación del Fondo a corto plazo. 

Incluso, otras fuentes van más allá y sostienen que ni a corto plazo y, ni siquiera, a largo plazo. Todo ello contando con que la inestabilidad parlamentaria podría acabar con elecciones anticipadas. En todo caso, sugieren las fuentes consultadas, el proceso que queda para su aprobación podría ser largo. Algo que se diluiría en el final de la legislatura. 

Así, y por si las cuestiones políticas no fueran suficientes, la volatilidad de precios es el otro factor que atemoriza al Gobierno. En estos momentos, y con el fin de las ayudas a los combustibles de forma generalizada, el escenario es de completa incertidumbre. 

Una situación calcada con el gas. Pese a que los movimientos europeos para imponer un tope a los mercados mayoristas han calmado las tensiones de costes, todavía existe mucha incertidumbre. Así, como las empresas comercializadoras han reiterado su disposición a subir los precios, quizá no compense la potencial rebaja en la factura de la luz, así como los mensajes ideológicos de electrificación de la sociedad. 

Las cuestiones legales 

Por si no fueran suficientes problemas los políticos y energéticos, hay una tercera pata de esta ecuación que preocupa al Ejecutivo. Con las amenazas de recursos legales por parte de las grandes energéticas con respecto al impuesto al que serán sometidas a partir del próximo ejercicio, este Fondo también está bajo ameneza. 

Y es que, con la foto fija actualmente existente basada en los volúmenes de venta, el sector que más debería contribuir a este fondo sería el petrolero, con el 43% (unos 3.000 millones de euros); seguido del eléctrico, con el 31% (algo más de 2.000 millones de euros), y el gasista, con el 25% (unos 1.700 millones de euros).  

Frentes a estos cálculo, hace unos meses fuentes del Ministerio capitaneado por Teresa Ribera dieron «por descontada» una potencial litigiosidad por parte de las empresas al Fondo, como ocurre en el sector con gran parte de sus cambios regulatorios, aunque consideraron que esta normativa es jurídicamente «muy sólida».  

En este sentido, dejaron claro que se trata de una prestación no tributaria, «por lo que no se trata de una medida fiscal» y añadieron que en el caso de los mercados que están regulados, como por ejemplo el PVPC (tarifa regulada) en la electricidad, será necesario llevar a cabo «una adaptación» en sus precios para incorporar este coste.  

Asimismo, se nutrirá de la recaudación de tributos regulados en la Ley 15/2012 y de los ingresos procedentes de subastas de CO2. Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). No obstante, para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema.  

Con todas estas variables en juego, prácticamente no hay quien apueste por el hecho de que el Gobierno quiera repescar de la nevera el FNSSE en los próximos meses. Al menos hasta que no haya una estabilización de precios en la gasolina y el gas. Aunque quizá luego sea tarde para todo lo demás.