El ‘rescate’ público a trabajadores y autónomos roza los 40.000 millones en la pandemia

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la prestación por cese de actividad de los autónomos son dos las principales medidas adoptadas por el Gobierno en su denominado ‘escudo social’ para paliar los efectos de la crisis de la Covid-19 que han permitido salvar centenares de miles de empleos, y ello ha comportado un coste conjunto para el Estado de casi 40.000 millones de euros desde el inicio de la pandemia.

En concreto, el coste total entre prestaciones y exoneraciones de los ERTE y de la ayuda para los autónomos y las prestaciones por incapacidad temporal Covid por contagio y aislamiento desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 y el ejercicio 2021 alcanza los 39.150 millones de euros, según cálculos realizados por Economía Digital con datos facilitados por los Ministerio de Seguridad Social y de Empleo.

Eso sí, a lo largo de estos casi 22 meses de pandemia de la Covid-19 el coste de este ‘rescate público’ a los trabajadores y autónomos de España ha ido disminuyendo paulatinamente conforme ha ido variando el número de afectados por estos mecanismos de protección del empleo y se han ido modificando las restricciones en función de la evolución sanitaria y las distintas olas.

A finales de septiembre el Gobierno, tras alcanzar el VI Acuerdo en Defensa del Empleo alcanzado en el marco del diálogo social, aprobó la prórroga de los ERTE del 30 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, junto a la extensión de la prestación por cese de actividad hasta la misma fecha.

26.000 millones en ERTE y 10.450 millones en ayudas a autónomos

Del total de casi 40.000 millones de este escudo para los trabajadores, más de la mitad del gasto, un total de 26.000 millones de euros, se deben a los ERTE, mientras que 10.450 millones a la ayuda a los autónomos y 2.700 millones a la incapacidad temporal por Covid.

Según los datos del Ministerio de Empleo, encargado de las nóminas de los ERTE a través del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), las prestaciones por los ERTE han supuesto entre 2020 y 2021 a casi 17.800 millones de euros, a los que se suman otros 8.200 millones de euros en las exoneraciones a las cotizaciones a la Seguridad Social, de lo que se encarga el departamento de la Seguridad Social.

En cuanto al colectivo de autónomos, los 10.450 millones de euros se deben en mayor medida a las prestaciones (6.800 millones) que a las exoneraciones (3.650 millones). Todos estos mecanismos han permitido a las empresas acogerse a exoneraciones de cuotas, así como a los trabajadores por cuenta propia, para capear los peores momentos de la pandemia.

El gasto en los ERTE baja casi un 60% y en autónomos un 55% respecto a 2020

Con todo, el gasto por estos mecanismos de protección del empleo ha disminuido notablemente en el ejercicio 2021 debido a las menores restricciones gracias a la vacunación, con la consecuente reactivación de la actividad económica, y la mejora de la evolución sanitaria algunos meses, frente al empeoramiento en verano con la variante Delta o ligeramente a finales de diciembre por ómicron.

En total el gasto total en 2021 ha rondado finalmente los 11.600 millones, frente a los más de 27.500 de euros que supuso el primer año de la pandemia, con un descenso de casi el 60%. Así, el gasto total por los ERTE ha rondado los 7.200 millones en 2021 (unos 4.650 millones en prestaciones y 2.500 millones en exoneraciones), lo que supone casi un 60% menos que los alrededor de 18.900 millones de euros que supuso entre marzo de 2020 y el cierre de ese año.

De igual forma, el gasto en la protección especial de los autónomos cerró 2021 con un gasto total de 3.300 millones de euros (2.100 millones en prestaciones y 1.200 millones en exoneraciones), un 55% inferior a los 7.120 millones de 2020 (4.700 millones en prestaciones y 2.450 millones en exoneraciones).

El acuerdo para la sexta prórroga de los ERTE y la ayuda para los autónomos hasta el 28 de febrero, adoptado a finales de septiembre, comportará un gasto de unos 3.000 millones de euros, según cuantificó entonces el Ejecutivo.

Si a los 38.000 millones gastados hasta esa fecha se le suman los 3.000 millones previstos para la prórroga el gasto total destinado por el Gobierno a los ERTE y prestaciones por cese podría superar al término de la que previsiblemente será la última prórroga, hasta el 28 de febrero, oscilaría cerca de 43.700 millones, según cálculos conforme a los datos registrados hasta la fecha.

102.000 trabajadores en ERTE

El mecanismo de los ERTE llegó a a proteger hasta 3,6 millones de trabajadores en los momentos más duros de la crisis el año pasado, al tiempo que la prestación extraordinaria por cese de actividad dio cobertura a 1,46 millones de trabajadores por cuenta propia.

Sin embargo, la relajación de las medidas gracias a la vacunación ha permitido la aceleración del ritmo de salida, especialmente de los trabajadores acogidos a un ERTE, que marcan mínimo tras mínimo. En detalle, el número de trabajadores protegidos por ERTE vinculados a la Covid-19, procedentes de alguna de las modalidades de ERTE puestas en marcha durante la pandemia, ha cerrado el mes de diciembre en 102.548 personas, lo que supone el menor nivel desde el inicio de la pandemia.

Además, representa un descenso de más de 35.000 trabajadores respecto al 31 de octubre, última fecha antes de que entraran en vigor las nuevas modalidades de ERTE por la pandemia. Del total, los trabajadores se distribuyen prácticamente al 50% entre los que están en suspensión parcial (49.685) y total (52.863), según los datos preliminares de la Seguridad Social.

Los 102.548 trabajadores en ERTE-Covid a 31 de diciembre de 2021 suponen un descenso de casi 520.000 trabajadores respecto a los protegidos justo un año antes por los ERTE vinculados al Covid. Respecto al pico de la pandemia, supone un descenso de más de 3 millones de personas. 

Más de 108.000 autónomos perciben la prestación

De su lado, más de 108.000 trabajadores por cuenta propia recibieron en diciembre alguna de las prestaciones específicas para el colectivo (con exenciones a las cotizaciones) puestas en marcha para paliar los efectos de la pandemia de la COVID-19, a los que se han sumado los trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica en Cumbre Vieja, en la Isla de La Palma.

Además, los 115.500 autónomos que hasta el 30 de septiembre estaban recibiendo una prestación y han vuelto completamente a la actividad tienen una exoneración de la cuota en diciembre del 50%. En enero, la exoneración será del 25% de las cotizaciones.

En el momento de mayor afectación de la situación sanitaria en el mercado de trabajo, se llegó a proteger a 1,46 millones de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Desde entonces, la nómina total abonada en concepto de estas prestaciones suma más de 7.800 millones de euros de euros, a la que se suman otros más de 3.700 millones en exoneraciones de cuotas aplicadas a los trabajadores autónomos.