La reforma de las pensiones de Escrivá divide a los autonómos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha retomado la negociación con los agentes sociales (patronal y sindicatos) y las organizaciones de autónomos para retomar los puntos pendientes de la primera parte de la reforma de pensiones ya aprobada, como las pensiones de viudedad de las parejas de hecho, la cotización de becarios o el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos.

Buena parte de estos puntos pendientes tienen que estar aprobados antes de que termine el año, por lo que el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, pidió este lunes a los interlocutores sociales y asociaciones de autónomos acelerar los trabajos, según han indicado a Economía Digital en fuentes del diálogo social.

No obstante, para el caso del nuevo sistema de cotización por ingresos reales de autónomos hay algo más de tiempo al estar fijado el compromiso en junio de 2022, si bien las partes seguirán negociando en la próxima reunión del 27 de septiembre los flecos pendientes de la primera parte de la reforma de las pensiones.

En el reinicio formal de la negociación sobre pensiones el Ministerio ha comprometido enviar textos en los próximos días las cuestiones pendientes en el primer acuerdo, aunque las mismas fuentes confirman a este medio que el Gobierno todavía no ha finalizado el cruce de datos entre la Agencia Tributaria y Seguridad Social para conocer la viabilidad y situación real del sistema de la Seguridad Social y del régimen de cotización de los autónomos.

CCOO aprovechó para pedir detalle de la financiación presupuestaria en los Presupuestos para 2022 e incremento de pensiones mínimas, contributivas y no contributivas por encima de la previsión de incremento pactada con carácter general.

El reinicio de las negociaciones sobre la cotización por ingresos reales, ha reavivado la polémica del pasado mes de mayo entre el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y las principales organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) por su propuesta para el nuevo sistema de cotización de estos trabajadores, que se tendría que acordar en junio de 2022 como tarde entraría en vigor en 2023 a efectos recaudatorios para los 3,3 millones de autónomos.

ATA cuestiona la viabilidad del nuevo sistema

La reunión ha servido para empezar con los trabajos técnicos y en los próximos días se remitirá a las organizaciones documentos con los aspectos fundamentales del cambio de sistema, algo que ATA, UPTA y Uatae estudiarán pormenorizadamente para ver la viabilidad de las cotizaciones respeto a los rendimientos de trabajo (lo que cotizan los trabajadores por IRPF). 

Desde la Federación Nacional de Autónomos (ATA) señalan a Economía Digital que mientras no se disponga del informe técnico con la información cruzada entre Hacienda y Seguridad Social «poco se puede avanzar» en lo referido a la cotización de autónomos, y cuestionan si el planteamiento para el nuevo sistema es «técnicamente es viable».

Por el momento no hay ningún informe técnico que acredite la viabilidad del sistema ni la equidad entre autónomos a la hora de contemplar los rendimientos netos, apuntan desde la organización, que cuestionan la viabilidad al ver complejo la determinación técnica del rendimiento neto de un autónomo societario o de un autónomo colaborador.

Como ejemplo ponen el que no se ría equitativo que con el nuevo sistema un fotógrafo sin estudio de fotografía y con unos ingresos de 40.000 euros que pagaría a la Seguridad Social más que un fotógrafo con estudio con los mismos ingresos, ya que uno deduce gastos y otro no. Dado que los autónomos societarios no tienen rendimientos netos y los 200.000 autónomos colaboradores tampoco tienen se preguntan en base a qué cantidad cotizarían, uno de los puntos claves en la venidera negociación.

UPTA: “El Gobierno tarda en regularizar la situación de los que sobrecotizan” 

De su lado, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha afirmado en declaraciones a Economía Digital que “el Gobierno ya tarda en regularizar la situación de más de un millón de autónomos que sobrecotizan” y también los de los más de 700.000 autónomos que pagan cotizaciones muy por debajo de lo que le correspondería por los ingresos por rentas del trabajo que han declarado. 

En este sentido, UPTA denuncia que el esfuerzo contributivo lo hace la mayor parte de autónomos, muchos con ingresos por debajo del Salario Mínimo que cotizan sobre base mínima, en beneficio de un 30% del total del colectivo, frente al menor esfuerzo de los autónomos más cualificados, por ello pide el fin de la tarifa plana. 

“Es un auténtico talón de Aquiles, se dilapidan recursos de casi 700 millones sin tener en cuenta los rendimientos del trabajo”, manifiesta Abad, quien pone como ejemplo que hay unos 50.000 autónomos en tarifa plana con unos rendimientos del trabajo superiores a los 20.000 euros.  En UPTA rechazan que se implante un sistema de forma progresiva durante nueve años y reclaman que se consensúe este año para entrar a funcionar en 2022 y se implante escalonadamente durante tres años hasta su vigencia plena desde 2025. 

Añade también que el 87% de los autónomos están cotizando por su base mínima correspondiente de las tres fórmulas existentes (base mínima normal, por venta ambulante o para societarios), motivo por el que a colectivos como el de ingenieros, farmacéuticos, grandes despachos de abogados u oculistas les perjudicaría el nuevo sistema al tener rendimientos de trabajo altos y estar muchos en la base mínima. 

La propuesta para la nueva cotización por ingresos reales de autónomos

Escrivá defendió antes del verano su reforma porque “dos de cada tres autónomos pagarán menos” y conseguirán mejor protección, en medio de críticas al mismo tiempo principalmente desde ATA, que ve “intolerable” la propuesta porque con las cuotas propuestas muchos autónomos “trabajarán para el Estado”. 

Según el borrador al que tuvo acceso Economía Digital, el Gobierno plantea un sistema de cotización por ingresos reales de implantación progresiva durante nueve años que conllevaría unas cuotas de los trabajadores por cuenta propia que oscilarían, una vez transcurrido el periodo de nueve años, entre un mínimo de 90 euros para los autónomos que ganen menos de 3.000 euros al año y un máximo de 1.220 euros al mes para los que perciban unos rendimientos superiores a los 48.800 euros anuales.

La reforma, que entraría en vigor desde el año 2023, establecerá una cotización intermedia por tramos que se irá incrementando progresivamente para quienes más ganan a lo largo del periodo, partiendo de unos tramos de entre 200 y 400 euros el primer año. Se revisará cada tres años y se posibilitará modificar la elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos. 

Los otros flecos pendientes: viudedad de parejas de hecho y cotización de becarios

En cualquier caso, la reanudación de las negociaciones inquieta a los pensionistas, y las Mareas han convocado una protesta para el día 16 en Madrid para reivindicar puntos como la equiparación de la pensión mínima (654,6 euros) con el Salario Mínimo (950 euros) o la eliminación de la penalización por edad en la jubilación a los 40 años cotizados. El principal punto a abordar en la negociación es el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que operará a partir de 2027 y será incluido vía enmiendas en la tramitación parlamentaria de esta primera parte de la reforma.

El acuerdo de pensiones conlleva la derogación del factor de sostenibilidad fijado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy que suponía un ajuste de las jubilaciones conforme a la esperanza de vida. Ahora, el Gobierno dispone hasta el 15 de noviembre para acordar con el diálogo social el nuevo mecanismo que podría contemplar parámetros como el del PIB o la inmigración, aunque desde el Ministerio señalan que “no hay nada definido”.

Otro de los flecos del proyecto de Ley de la primera parte de la reforma de pensiones, en cumplimiento de la recomendación octava del Pacto de Toledo, se refiere a la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses.

En este mismo plazo, y en cumplimiento de la recomendación 13ª del Pacto de Toledo se abordará en el marco del diálogo social una revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a la de los matrimonios.

También se realizará, en un plazo de tres meses, el desarrollo reglamentario para la inclusión en la Seguridad Social de las personas que realicen prácticas, aunque no tengan carácter remunerado. En estos casos, se establecerá una reducción de cotización del 75% para los becarios.