El Gobierno obligará a las empresas a justificar los contratos temporales y prevé sanciones

El Ministerio de Trabajo ultima su nueva propuesta para atajar la temporalidad en el marco de la reforma laboral que prevé cerrar este mes, en la que contempla la inclusión de sanciones a las empresas que abusen de la temporalidad, y también, en consenso con los agentes sociales, recuperar la causalidad en los contratos para que primen los indefinidos y se tengan que justificar los temporales.

Se contempla reducir las causas que permiten los contratos temporales una vez las empresas dispongan de nuevos mecanismos de flexibilidad y ampliar la modalidad del contrato fijo discontinuo en más sectores y en un tercio en las ETT, según confirman a Economía Digital en fuentes del diálogo social.

El tiempo apremia para poder aprobar antes de final de año la reforma laboral comprometida con Bruselas, que se alumbrará por la vía rápida del real decreto-ley, y en la mesa de negociación que se lleva reuniendo desde el pasado 17 de marzo se suceden las propuestas sobre todo para avanzar en uno de los principales escollos: la temporalidad.

El Gobierno busca el consenso de patronal y sindicatos y ultima su nueva propuesta, que presentará el próximo miércoles en la mesa de diálogo para la modernización del mercado de trabajo, sin embargo parece haber consenso ya en algunos puntos para poner freno a la temporalidad y la precariedad.

Para ello, trabaja a contrarreloj tras haber logrado solventar la crisis interna de Gobierno que se saldó primer con acuerdo para mejorar la coordinación con una reunión de coordinación gubernamental el martes, otra técnica los miércoles por la mañana y otra de coordinación a la tarde, incluyendo a otros ministerios, como el de Asuntos Económicos de Nadia Calviño y el de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El pasado martes PSOE y Unidas Podemos lograron otro acuerdo para proceder a la «derogación de reforma laboral del 2012» del PP en los términos del acuerdo de coalición y el compromiso pactado con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, motivo por el que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, presiona para cerrar la reforma con el fin de poder recibir el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos pendientes para este año.

Causalidad y sanciones

Aunque todo podría cambiar en los próximos días, fuentes gubernamentales y del diálogo social confirman a Economía Digital que las partes negociadoras coinciden en la necesidad de recuperar la causalidad en los contratos, de forma que el contrato ordinario sea el indefinido, y por tanto la modalidad contractual más habitual.

La recuperación de la causalidad supondría que los contratos temporales sean una excepción sujeta a «causalidad», de forma que para su formalización las empresas tengan que justificar por qué es necesario recurrir a la modalidad temporal y no a la indefinida.

Trabajo y sindicatos también coinciden en la necesidad de fijar sanciones a las empresas que abusen de la temporalidad en aras de evitar una competencia desleal, si bien este aspecto está aún por determinarse con la CEOE.

Los sindicatos (UGT y CCOO) reclaman también un reforzamiento de la Inspección de Trabajo, con más medios humanos y técnicos, y presionan para incluir las sanciones a las empresas que incumplan la norma mediante una tabla de sanciones, al considerar que sin ellas no se podrá evaluar si se logra reducir la precariedad.

Trabajo se abre con el límite del 15% y propone topes por sectores

En la última reunión de la mesa técnica del pasado miércoles, se abordó lo referido al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores sobre la duración del contrato, de manera monográfica, y el Ministerio de Trabajo se abrió a variar el límite del 15% de temporalidad en la plantilla que había planteado.

Fuentes gubernamentales señalan que Trabajo contempla diversas fórmulas para controlare l uso abusivo del os contratos eventuales, como la posibilidad de un límite general, aunque esta idea inicial podría tornarse a una fijación de topes por sectores.

Lo cierto es que la propuesta de un límite del 15% generalizado a todos los sectores fue rechazada frontalmente por la CEOE, que se llegó a plantar en la mesa de negociación antes de la crisis de Gobierno desatada tras denunciar Unidas Podemos supuestas «injerencias» de Calviño en la negociación.

El nuevo planteamiento pasa por establecer un porcentaje máximo pero no generalizado e igual para todos los sectores, sino que se fijaría por ramas a través de la negociación colectiva, algo que fuentes de la patronal señalan a este medio que ven con mejores ojos al considerar que la limitación no puede ser indiscriminada, sino modularse por sectores.

Desde la patronal señalan a este medio que el sector público presenta una temporalidad del 30,4%, por encima del 22% del sector privado, por lo que exigen que se adopten medidas para atajar primero el mayor problema de temporalidad originado por las administraciones públicas.

En el marco de las propuestas que vislumbra Trabajo se encuentran también la de que las empresas de trabajo temporal (ETT) contraten a una parte de sus trabajadores, alrededor de 300.000 del millón de trabajadores que gestionan estas agencias de colocación, bajo la modalidad de fijo-discontinuo y no como temporales

Igualmente, se baraja la posibilidad de convertir el contrato de obra en la construcción que afecta a unos 800.000 trabajadores en indefinido.

Prevalencia del convenio sectorial para fijar salarios mínimos

Otro de los puntos que previsiblemente figurarán en la rforma laboral, que ha aceptado y defendido la vicepresidenta Calviño, es devolver la prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa para fijar las condiciones salariales mínimas con el fin de acabar con la precariedad.

En concreto, defiende que el contrato sectorial fije una base para el salario, sobre todo en el ámbito de las subcontratas y las empresas multiservicios, que son las que presentan salarios más bajos, aunque dejando que el convenio de empresa pueda dar la flexibilidad necesaria para el resto de elementos, ha dicho en una entrevista en Telecinco, recogida por Economía Digital.

En la práctica esto supone derogar uno de los aspectos más polémicos de la reforma laboral del PP de 2012, norma en la que se dio prioridad al convenio de empresa sobre el sectorial.

El convenio sectorial pasaría a regular la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa, así como la retribución y la duración del tiempo de descanso compensatorio por hora extraordinaria y la duración de la jornada.

Sí seguiría prevaleciendo el convenio de empresa en la elección entre abono o la compensación de las horas extraordinarias y en el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones, salvo en los supuestos citados.

Igualmente, se trabaja para lograr un “equilibrio” en lo referido a los escollos de la ultraactividad que suprimió la reforma laboral de 2012. Así, en los casos en los que no se acuerde entre las partes un acuerdo sobre el convenio colectivo una vez transcurra un año desde la denuncia del convenio, éste mantendrá su vigencia. 

Díaz no tocará el despido y da por seguro el acuerdo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha dejado claro también que en la reforma laboral no se van a modificar las condiciones de despido, uno de los aspectos más polémicos de la anterior reforma laboral del PP, que rebajó de 45 a 33 días por año trabajado la compensación por despido improcedente.

Las propuestas referidas a la causalidad y las sanciones y su coincidencia sobre ellas fueron ayer deslizadas por Díaz y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en sus intervenciones en el marco de la II Asamblea de RUGE, el área juvenil de UGT.

Díaz, que recibió un baño de aplausos, aseveró una vez más que la nueva reforma laboral va a acabar con la precariedad y la temporalidad, y aunque el acuerdo con patronal y sindicatos será «muy difícil» se mostró «convencida» de que se logrará. «No nos vamos a levantar de la mesa hasta que lo consigamos», apostilló.

Aunque sostuvo que la derogación de la reforma laboral «no es un eslogan», si bien ya ha dejado claro en estos días que es «técnicamente» imposible porque afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y directivas, pero se acometerá «la reforma laboral más ambiciosa de la democracia».

Por su parte, Pepe Álvarez (UGT) también se mostró convencido de que se logrará un acuerdo con todas las partes en la mesa, aunque, al igual que el secretario de CCOO, Unai Sordo, cree que en estas semanas se producirán «presiones» ante los cambios de calado que se ultiman.“No nos vamos a poner nerviosos porque aparezcan más o menos presiones», sostuvo Álvarez.

Díaz pide sumar jóvenes a los sindicatos y apela al espíritu del 15-M

La vicepresidenta segunda pidió a los jóvenes de UGT «un sindicalismo «muy vivido entre la gente precaria y joven», y abogó por reconstruir el contrato social incluyendo un nuevo «contrato intergeneracional» que incorpore a los jóvenes.

De hecho, resucitó el espíritu del 15-M gracias a que «buena parte de los cambios recientes comenzaron ese 15 de Mayo con las plazas llenas de jóvenes con jóvenes implicados».

«Me da mucha rabia cuando desde ámbitos conservadores se critica ala juventud por su supuesta falta de valores», espetó Díaz haciendo un guiño a los jóvenes, a quienes animó a trabajar para lograr cambios que propicien «una vida digna, un trabajo decente y una pensión suficiente con esperanza».