La reforma laboral peligra: El Gobierno reformula sus propuestas en temporalidad y ERTE

Las negociaciones sobre la modernización del mercado laboral en la que se dilucida la reforma laboral se han enredado tras el rechazo unánime de patronal y sindicatos a la última propuesta del Gobierno de cara al nuevo mecanismo de flexibilidad denominado RED, que sustituirá a los actuales ERTE, y la oposición firme de CEOE a los planteamientos en materia de temporalidad. Por ello, el Ejecutivo reformulará al menos en parte sus propuestas.

La última reunión técnica de la reforma laboral de este miércoles se cerró con un «sabor agridulce» y fue «intensa», pese a tratarse de una sesión monográfica sobre el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, según han informado a Economía Digital en fuentes del diálogo social.

Los agentes sociales (patronal y sindicatos) mostraron su rechazo frontal al planteamiento del mecanismo de flexibilidad RED que configurará los futuros ERTE, lo que se suma a las discrepancias totales de CEOE y Cepyme con el planteamiento sobre temporalidad realizado por el Gobierno.

Las mismas fuentes señalan que la reforma laboral podría llegar a peligrar si no se produce un cambio en los planteamientos de estos dos aspectos, ya que la propuesta sobre los nuevos ERTE ha pillado por sorpresa a los interlocutores sociales y exigen que se aborde incluso en una mesa aparte dada la premura para cerrar este mismo mes la reforma laboral.

El Gobierno mantendrá la negociación de los ERTE en la mesa: irá en la reforma laboral

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo han confirmado a este medio que todo lo relativo a la constitución del nuevo mecanismo RED se mantendrá en la negociación de la mesa de diálogo para la modernización del mercado de trabajo e irá por tanto en la reforma laboral que verá la luz antes de que finalice el año.

El Ejecutivo negocia a contrarreloj la reforma laboral que derogará aspectos de la reforma laboral de 2012 del PP y que tiene que estar aprobada antes de final de año, para lo que Moncloa contempla su aprobación por la vía rápida del real decreto-ley.

En Moncloa confían en poder suscitar en lo que resta de mes los apoyos tanto de los sindicatos como de los empresarios para poder cerrar la reforma laboral y aprobarla en Consejo de Ministros a más tardar a primeros de diciembre, incluyendo en ella el punto referido a la modalidad de ERTE de reestructuración para la transición profesional de trabajadores desde sus empresas de origen hasta empleos en otras empresas o sectores.

Duplica las reuniones técnicas: dos a la semana

Para lograr alcanzar el acuerdo y acelerar las negociaciones ante la presión del calendario comprometido con Bruselas (tener aprobada la reforma laboral antes del 31 de diciembre), el Gobierno ha consensuado con los agentes sociales duplicar las reuniones sobre dicha reforma, según han confirmado fuentes del diálogo social.

De esta forma, la mesa de diálogo para la modernización del mercado de trabajo tendrá dos citas semanales, además de la habitual de los miércoles que lleva produciéndose hace casi ocho meses y que acumula una treintena de citas.

La coalición del Gobierno resolvió su crisis interna, tras denunciar Unidas Podemos «injerencias» de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la negociación de la reforma laboral, con sendos acuerdos. Uno para mejorar la coordinación con una reunión de coordinación gubernamental los martes, otra técnica los miércoles por la mañana y otra de nuevo de coordinación a la tarde, incluyendo a otros ministerios, como el de Asuntos Económicos de Nadia Calviño y el de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Ahora se suma una segunda reunión técnica.

También sellaron otro acuerdo para proceder a la “derogación de reforma laboral del 2012” del PP en los términos del acuerdo de coalición y el compromiso pactado con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, es decir, en parte y no de forma completa.

Fórmulas alternativas en temporalidad

En la última reunión de la mesa técnica del pasado miércoles, se abordó lo referido al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores sobre la duración del contrato, de manera monográfica, y el Ministerio de Trabajo se abrió ya a variar el límite del 15% de temporalidad en la plantilla que había planteado.

Fuentes gubernamentales señalan que Trabajo contempla diversas fórmulas para controlar el uso abusivo de los contratos eventuales, como la posibilidad de un límite general, aunque esta idea inicial podría tornarse a una fijación de topes por sectores.

Lo cierto es que la propuesta de un límite del 15% generalizado a todos los sectores fue rechazada frontalmente por la CEOE, que se llegó a plantar en la mesa de negociación antes de la crisis de Gobierno desatada, llegando a calificar de “ideológica” la propuesta de Trabajo.

El nuevo planteamiento pasa por establecer un porcentaje máximo pero no generalizado e igual para todos los sectores, sino que se fijaría por ramas a través de la negociación colectiva, algo que fuentes de la patronal señalan a este medio que ven con mejores ojos al considerar que la limitación no puede ser indiscriminada, sino modularse por sectores.

También reprochan que el sector público presenta una temporalidad del 30,4%, por encima del 22% del sector privado, por lo que exigen que se adopten medidas para atajar primero el mayor problema de temporalidad originado por las administraciones públicas.

En el marco de las propuestas que vislumbra Trabajo se encuentran la de que las empresas de trabajo temporal (ETT) contraten a una parte de sus trabajadores, alrededor de 300.000 del millón de trabajadores que gestionan estas agencias de colocación, bajo la modalidad de fijo-discontinuo y no como temporales

Igualmente, se baraja la posibilidad de convertir el contrato de obra en la construcción que afecta a unos 800.000 trabajadores en indefinido. Otras propuestas de Trabajo durante las negociaciones pasan por poner fin al contrato de obra y servicio y fijar un límite de un año a los contratos temporales.

Rechazo unánime a la propuesta de los ERTE

En CEOE se oponen al planteamiento de los ERTE del Gobierno y a las propuestas en general realizadas por el Gobierno al ver ” más intervencionismo, menos capacidad decisoria para las empresas y más coste”, e introduce además más burocracia. Fuentes de la organización sostienen que la propuesta “aleja la posibilidad de sellar un acuerdo” en el marco de la mesa de diálogo social, y recuerdan que otras propuestas como aumentar las cotizaciones para costear el aumento del gasto de las pensiones futuras recae de nuevo en las empresas.

El propio presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha censurado el borrador por estar “lleno de intervencionismo y no dejar espacio a las empresas para lo que pide Europa, que es la ‘flexiseguridad’ para los trabajadores y flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar”, y criticó el documento «farragoso» con la propuesta de los ERTE y que «todo es a costa de que empresas y autónomos paguen».

También los sindicatos ven «farragoso» el documento y denuncian que el traslado de trabajadores previsto en el nuevo marco de una empresa a otra supone una pérdida de derechos para los trabajadores y exigen que se respete la antigüedad del trabajador.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también censuró la falta de flexibilidad y el planteamiento «muy rígido» de la propuesta del Gobierno sobre los ERTE. «Nos parece poco razonable; queremos aprobarlo con vocación de permanencia, espero que se pueda habrir ese diálogo, para la regulación de los ERTE hay tiempo en noviembre» pero si se pretende introducir una bolsa a modo ‘mochila’ «sería otro capítulo y otro apartado» a negociar aparte ya que no se había comentado, sostuvo ayer Álvarez en presencia de Yolanda Díaz en un acto de UGT sobre negociación colectiva.

“Nos oponemos a cualquier intento de introducir , aunque sea tímidamente , la mochila austriaca que abarata el despido”, añaden desde UGT, que reclama mayor seguimiento y cogobernanza sindical en el nuevo mecanismo.

En la misma línea, CCOO también considera que la última propuesta efectuada por el Gobierno en materia de flexibilidad interna “dificulta sobremanera el desarrollo de las negociaciones de la mesa de diálogo social y nos aleja de un posible acuerdo”, al haberse planteado ahora esta propuesta sin haberse hecho previamente.

Además es un texto de una “gran complejidad” al abordar cuestiones de “indudable interés”, como los procesos de reestructuración de empresas o los procedimientos de recolocación de trabajadores en esos supuestos, pero que genera “muchas incertidumbres” respecto a sus consecuencias en el modelo de relaciones laborales y ante los requerimientos de aclaración sobre las numerosas propuestas lanzadas, el sindicato critica la “poca o nula concreción” por parte del Gobierno.

Una propuesta de este calibre, a su juicio, requiere de un proceso de negociación más dilatado en el tiempo, “poco compatible con la urgencia de las materias a resolver en el corto plazo”. “La permanente filtración de documentos, además del propio resultado de las mesas de negociación cuando estas no han concluido, ayuda poco a la buena marcha de esa negociación”, critican.

Por ello, CCOO se propone cerrar los textos relacionados con la estabilidad en el empleo, frenar la temporalidad y la precariedad existente; el fortalecimiento de la negociación colectiva, o las medidas de flexibilidad interna negociada, en correspondencia a las exigencias y compromisos con Europa, y en cambio negociar el futuro de los ERTE “en plazos más realistas, y que faciliten la consecución de un acuerdo”.

Los nuevos ERTE ‘RED’: bajo el control de Calviño

Según el borrador del Gobierno, al que ha tenido acceso Economía Didigital, las nuevas modalidades del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo se sumarán y convivirán con los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, así como los de fuerza mayor (para catástrofes) y los de limitación o impedimento, según el borrador del Gobierno, adelantado por ‘La Información’.

El documento fija para todos los casos exoneraciones en las cotizaciones sociales (aún por determinar) vinculadas a la formación de los trabajadores afectados.

El nuevo mecanismo RED precisará de la activación previa en Consejo de Ministros por causas estructurales ante “situaciones en un sector que produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o la introducción de métodos de trabajo o procesos de producción novedosos como la automatización que generen pérdidas de competitividad asociadas al mantenimiento de la plantilla”.

Los cambios conllevarán también la necesidad de recualificar a los trabajadores para garantizar su empleo en la misma empresa o para su transición profesional a otra compañía o sector.

En el marco del proceso de autorización del mecanismo, se precisará de una activación por parte del Consejo de Ministros a iniciativa, por orden, del Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño, de Trabajo de Yolanda Díaz y del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que preside Calviño.

Fondo tripartito: Bruselas exige una evaluación ‘ex-ante’

Para costear el mecanismo RED en lo referido a prestaciones y exenciones en las cotizaciones y la formación, el Ejecutivo creará un Fondo RED dotado vía Presupuestos Generales del Estado, con recursos procedentes de instrumentos de financiación de la Unión Europea y con el superávit de los ingresos por cotizaciones sociales por desempleo tanto en el nivel contributivo como asistencial.

Precisamente el acuerdo operacional firmado por el Gobierno con Bruselas y publicado este miércoles recoge el compromiso de que la reforma vaya acompañada de un informe ‘ex-ante’ del acuerdo tripartito de financiación que acredite su sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo. Bruselas demanda evaluaciones ‘ex-ante’ de l impacto fiscal y de eficacia de la reforma laboral y de las pensiones.

La gestión corresponderá al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y, tal y como sucede con el Fondo de Reserva de las pensiones (‘hucha de las pensiones’), las dotaciones se acordarían en el Consejo de Ministros en función de las condiciones financieras de la Seguridad Social.

Estas condiciones pasan porque en el cierre del año anterior al que se realice la dotación el SEPE no sea deudor de la Tesorería General de la Seguridad Social. También se creará un comité de gestión al que corresponderá el asesoramiento, control y ordenación de la gestión económica del Fondo RED.

Las futuras condiciones

La solicitud de este mecanismo permitirá a las empresas reducir la jornada de trabajo de los empleados afectados, entre un mínimo de un 10% y un máximo de un 70% con duración máxima de 12 meses, recibiendo una “prestación social” especifica que complete su salario.

La duración de 12 meses será para los casos de acuerdo en el periodo de consultas y será de la mitad, seis meses, en el supuesto de que sea autorizado por la autoridad laboral cuando no exista acuerdo. Para el mecanismo RED por causas estructurales se baraja un máximo de dos prórrogas de seis meses cada una (un año en total).

Las empresas podrán optar por suspender la jornada de sus empleados, a quienes abonarán su salario durante el primer mes y después tendrán que completar la denominada “prestación de sostenibilidad”, que no conllevará consumo de futuras prestaciones por desempleo y ascenderá al 70% de la base reguladora.

Las compañías deberán ofrecer acciones formativas a sus trabajadores para obtener beneficios en las cotizaciones y financiación, que en el caso del mecanismo RED por reestructuración deberá dirigirse a la reubicación en otra empresa del grupo o una externa.

En dichos casos, la empresa de origen transferirá al fondo de garantía salarial (Fogasa) la mitad de la indemnización por despido que le habría correspondido al citado trabajador y la empresa receptora tendrá una bonificación del 50% en sus cotizaciones sociales durante seis meses.

En el supuesto de ser despedido por la nueva empresa, podría negarse y mantenerse en la misma o marcharse y obtener la totalidad de la indemnización por despido correspondiente a la compañía anterior.