Reforma laboral: negociación a la desesperada a 48 horas de la votación

Apenas 48 horas es el tiempo que le queda al Gobierno para conseguir los apoyos suficientes en el Congreso para convalidar su reforma estrella de la legislatura, la del mercado laboral, que está poniendo a prueba la mayoría de la investidura ante la negativa de los socios habituales del Gobierno a votar a favor de la norma si no hay cambios.

Tras nueve largos e intensos meses de negociaciones para sacar adelante el pacto con los agentes sociales, Gobierno y agentes sociales (patronal y sindicatos) cerraron el pacto tripartito a finales de diciembre tras cesiones de todas las partes. Pero la negociación parlamentaria se ha antojado complicada desde el minuto uno en el que los aliados habituales del Ejecutivo advirtieron de su rechazo a la misma al considerar que se quedaba muy por debajo de las aspiraciones iniciales y lejos de sus reivindicaciones territoriales, como la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales.

En plena campaña electoral en Castilla y León y a tan solo dos días de que se produzca la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, el Gobierno no tiene aún ni mucho menos cerrado los votos de los aliados y los acuerdos no se han cerrado tras el fin de semana. Aunque más factible, la vía de Ciudadanos (más PNV y otras formaciones) pende de un hilo en función de los movimientos de última hora que puedan producirse.

El PSOE mantiene que se aprobará «sin cambios» y desautoriza a Yolanda Díaz

La estrategia en el Gobierno ha sido clara: el PSOE se ha encargado de tranquilizar a CEOE respecto a eventuales cambios y ha cerrado su postura con la de los agentes sociales al determinar que no se produzcan cambios y se respete el texto «íntegro» del acuerdo, atando la vía del apoyo de Ciudadanos, lo que prácticamente excluiría a los aliados habituales, mientras que el ala de Unidas Podemos, con Yolanda Díaz a la cabeza, está volcada en tratar de sumar a los aliados habituales.

Así las cosas, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Felix Bolaños, mantiene conversaciones y contactos con los distintos grupos y este mismo martes se reunió con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para abordar el Plan anual normativo de 2022 en el que figura la reforma laboral. También se encontrará con los líderes de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, en sendos encuentros este martes.

En el PSOE se han encargado de tranquilizar a los agentes sociales, sobre todo a la patronal, manteniendo el compromiso de que la reforma laboral se convalidará «sin cambio alguno», según señalan a Economía Digitales en fuentes conocedoras de estos encuentros. Además, celebran la campaña en defensa del texto de la reforma laboral promovida por los sindicatos, que presionan públicamente a las formaciones nacionalistas de izquierdas a que apoyen la reforma ante los avances que suponen, tratando de dejarles en evidencia ante el electorado de izquierdas.

Fuentes socialistas señalan a Economía Digital que hasta este martes el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, sigue manteniendo contactos con todos los grupos y la intención de que no haya cambios. Los socialistas han utilizado la «geometría variable» para pedir a los empresarios su ayuda para atar los votos de Ciudadanos, que respaldará la reforma a cambio de que no se modifique el texto y siempre y cuando queden fuera los nacionalistas,  después de diversas reuniones a puerta cerrada en las que se ha implicado incluso la exministra de Trabajo del PP, Fátima Báñez, artífice de la anterior reforma laboral de 2012 del PP, denostada por el Gobierno y sus socios.

Y por tener esa baza asegurada de Ciudadanos, desde el PSOE han desautorizado ya en varias ocasiones a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por relegar a Ciudadanos y afirmar que el apoyo de los ‘naranjas’ al texto «expulsaría» a las formaciones de izquierdas que facilitaron la investidura, como ERC o Bildu.

La semana pasada la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, apostilló que no se puede «excluir a nadie» y este mismo lunes el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia sostuvo tras la reunión de la Ejecutiva Federal del partido que se trata de una reforma «importantísima, de país» que debe contar con el apoyo de «los 350 diputados». «Todo el Gobierno, incluida la ministra, está trabajando en que tenga todos los apoyos posibles», enfatizó

Los nacionalistas siguen enconados en el no: «más posibilidades» con el PNV

Entre tanto, Yolanda Díaz sigue negociando con ERC, Bildu y PNV y se ha centrado en el objetivo de conseguir su voto favorable a la convalidación, ya que lo contrario podría haber tambalear la mayoría parlamentaria de izquierdas de la investidura y supondría un fracaso en el lanzamiento de su proyecto político.

Tal está siendo su implicación que ha reducido su agenda, cancelando el viaje del pasado viernes a Bruselas en el que se iba a reunir con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, y varios actos, si bien este martes acude a la reunión del Consejo de Ministros, interviene en el Pleno del Senado y participará en la votación de iniciativas en el del Congreso.

Pese a ello, los socios habituales del Gobierno siguen enconados en el ‘no’ a la reforma laboral, según han trasladado desde las formaciones a este medio, después de que ERC, EH Bildu, BNG y la CUP presentasen el pasado viernes un manifiesto conjunto contra la reforma laboral, exigiendo cambios como la prevalencia del convenio autonómico o la recuperación de la autorización administrativa en el control de los ERE.

En ERC insisten en que «mientras el Gobierno del Estado no se mueva, Esquerra Republicana sigue valorando votar que no», ya que «la oportunidad es ahora». La portavoz de ERC, Marta Vilalta, pidió a las formaciones del Gobierno que «se aclaren» entre ellas y mantuvo la negativa a una reforma que es «maquillaje de la reforma laboral de Rajoy».

Más posibilidades ven en el Gobierno de poder sumar a PNV, que aunque desde la formación vasca aseguran a Economía Digital que siguen instalado en el ‘no’, admiten que habría posibilidades si se atiende su demanda de que prevalezca el marco vasco de negociación colectiva. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, planteó este lunes buscar una «solución intermedia», pero avisando de que «no puede ser un futurible ‘ad calendas graecas’, sino con un rango legal para que los convenios protegidos estén protegidos jurídicamente». Eso sí, se ha recibido con agrado la confirmación de que la competencia sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se transferirá de forma “íntegra” y “sin limitación temporal” a la comunidad autónoma

Por su parte, EH Bildu trasladó a una representación de los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde que votará en contra del ‘texto cerrado’ de la reforma laboral, toda vez que estas organizaciones se manifestaron en las tres capitales vascas contra la reforma.

Las cuentas del Gobierno: lograr más ‘síes’ que ‘noes’

Así las cosas, la opción más plausible en este momento es que la reforma laboral pueda salir adelante con el respaldo de Ciudadanos y los partidos minoritarios, aunque desde Moncloa señalan que esto puede cambiar «en cualquier momento» porque las negociaciones están siendo de «minuto y resultado».

Según ha podido conocer Economía Digital y hasta la fecha, el Gobierno tendría prácticamente atados 167 diputados si la reforma se tramita de esta manera: PSOE (120), Unidas Podemos (34, ya que el escaño de Alberto Rodríguez sigue sin cubrirse), Cs (9), PRC (1), Teruel Existe (1), Nueva Canarias (1) y Coalición Canaria (1). Esta cifra contrasta con los 173 noes de PP (88), Vox (52), ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), Junts (4), CUP (2), BNG (1), Foro Asturias (1) y del diputado fugado de Cs, Pablo Cambronero.

Ante este escenario, la postura definitiva de los cuatro diputados del PDeCAT, los dos de Más País y el parlamentario de Compromís también es clave, pues a pesar de no haber asegurado el sí, han afirmado que “no harán descarrilar” la medida.

Las contrapartidas de última hora de Díaz

De cualquier forma ,Díaz mantiene sus negociaciones y ya avisó de que “no abandona la mesa hasta el último momento”, por lo que se mantiene en su empecinamiento de sacar adelante la reforma con los aliados habituales. Con el PNV se ha confirmaeo el traspaso de la competencia sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) , quese transferirá de forma “íntegra” y “sin limitación t.emporal” a la comunidad autónoma

Tras su viaje a Cataluña y sus reuniones con el ‘conseller’ de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, fuentes conocedoras de los contactos señalan a este medio que entre las contrapartidas de última hora que ofrece Díaz son cambios en reglamentos y leyes futuras, de forma que se mantuviese intacto el texto de la reforma. Así pues, se habla de una posible Ley de negociación colectiva en la que se regulen los distintos ámbitos y el convenio autonómico tenga “mucho peso” en la negociación.

Se ofrece a ERC también desarrollos reglamentarios y elementos de competencias en lo relativo a la Inspección de Trabajo, que ya se encuentra transferida en parte, así como puntos en la actual negociación de la futura Ley de Empleo en lo relativo a políticas activas de empleo, ámbito en el que la Generalitat también tiene transferidas competencias, entre otros elementos que podrían tener recorrido respecto a los intereses en marco catalán de relaciones laborales en el ámbito del Consejo de relaciones laborales, departamento de la Generalitat que preside el consejero Torrent. Se trata de blindar los marcos laborales propios.Leer más: Sánchez se abre a favorecer los convenios autonómicos en la reforma laboral para sumar a ERC, PNV y Bildu

Desde Trabajo puntualizan que muchas de las cuestiones ya se venían negociando, como el blindaje jurídico de los acuerdos interprofesionales autonómicos junto a la prevalencia y prioridad aplicativa de los convenios provinciales y autonómicos, tal y como adelantó Economía Digital. Otro de los asuntos que se debate, reclamado tanto por ERC, como EH Bildu, CUP, BNG e incluso PNV, es la recuperación de la autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), lo que supondría la recuperación de las causas objetivas apuntan desde el Gobierno.

Entre otras medidas que quedarían para más adelante se encuentran las posibilidades de descuelgue salarial y la modificación unilateral de la empresa de las condiciones de trabajo por pérdidas y, sobre todo, la recuperación de la indemnización por despido improcedente, elevando la cuantía de los 45 días por año trabajado hasta un tope de 42 mensualidades para los despidos declarados improcedentes. La recuperación de la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa, más allá de lo circunscrito a los salarios que fija la reforma laboral, sino también en lo relativo a “la función de adecuación y mejora de las condiciones fijadas en los convenios colectivos sectoriales, que constituirán el suelo mínimo de las condiciones en todas las empresas del sector”, es otra de las exigencias.