El récord en cotizaciones reduce el déficit de la Seguridad Social a niveles de 2013

El crecimiento del 10% de los ingresos por cotizaciones sociales por la mejoría del empleo en 2021, junto a una inyección de 47.991 millones de euros del Estado para asumir los gatos impropios de la Seguridad Social ha llevado a reducir el déficit del sistema de la Seguridad Social hasta los 11.192 millones de euros, el 0,93% del PIB, el más bajo desde 2013 y siete décimas inferior al registrado en los años 2016 y 2017.

La cifra se sitúa por debajo del 1,2% del PIB que estimaba el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tras la adopción de medidas por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como la eliminación de los gastos impropios, lo que le ha permitido recibir una inyección de 47.991 millones de euros del Estado, así como el alza de cotizaciones sociales o el aumento de medidas encaminadas a elevar la edad de jubilación efectiva en el marco de la reforma de pensiones.

El déficit de 11.192 millones de euros en 2021 supone el primer año desde 2013 en que el déficit cierra un ejercicio presupuestario por debajo del 1% del PIB. La mejoría se fundamenta principalmente en el crecimiento de las cuotas a la Seguridad Social, que aumentaron en más de 12.000 millones (+10%), hasta los 131.990 millones de euros, más del doble del incremento del 4,3% previsto en los Presupuestos de 2021 y un importe equivalente al 11% del PIB, la cifra más alta de la historia

El récord de 131.990 millones de euros en ingresos por cotizaciones vino impulsado por el aumento de las cotizaciones de ocupados, que experimentaron un incremento interanual del 9,47% (10.460 millones de euros más). De esta forma, en términos absolutos, los ingresos por cotizaciones sociales alcanzaron su récord histórico al situarse un 6,2% por encima de los registrados en 2019.

Este año la Seguridad Social tiene previsto aplicar ya un recargo a las cotizaciones por el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aprobado para hacer frente al mayor gasto en pensiones, aunque ha aumentado la base de cotizantes al cerrar el año con 19,8 millones de afiliados.

Transferencias del Estado y bajas por coronavirus

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha afirmado reiteradamente que las pensiones están garantizadas, aunque se complique su situación financiera por el mayor gasto derivado de la alta inflación actual por la crisis energética como consecuencia de la guerra de Ucrania, si bien hasta ahora mantenía que el déficit del sistema podría desaparecer incluso en 2023 por las transferencias del Estado.

La reducción del déficit se debió también a las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascendieron a 47.991 millones de euros, con un incremento del 5,30% interanual.

La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y organismos autónomos que suma un total de 36.112,31 millones (+0,89%), siendo las más representativas las recibidas para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto Toledo y financiar el Ingreso Mínimo Vital por un importe conjunto de 16.945 millones de euros.

El gasto en prestaciones sube un 5,9%

Este récord en cotizaciones y la inyección del Estado vía transferencias no fue aun así suficiente del todo para afrontar los gastos. Las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 173.814 millones, un 5,9% más interanual y equivalente al 90,5% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social.

La mayor partida, 160.588 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 5,4% (8.229 millones de euros más). El gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) aumenta en un 4,9% hasta los 138.459 millones de euros.

Respecto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto total aumenta un 5,1% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 12.497 millones de euros. Del total, 1.677 millones de euros corresponden a los procesos derivados de la COVID-19, asimilados a una baja por accidente de trabajo, lo que supone una mayor protección para el trabajador y la empresa.

Asimismo, como consecuencia de la ampliación del permiso de paternidad de 12 a 16 semanas aprobado para 2021 las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad se incrementan interanualmente el 16%, hasta 3.499 millones. El gasto acumulado en concepto de prestaciones para autónomos hasta 31 de diciembre asciende a 5.482 millones de euros.

Por su parte, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 13.226 millones de euros, un 11,9% más. De esa cifra, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 9.408 millones (+0,2%), y a subsidios y otras prestaciones 3.818 millones, de los cuales 3.577 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 62% más respecto del año anterior.

Superávit en febrero pero con riesgo por la inflación y la revalorización de pensiones

El Ministerio de la Seguridad Social también ha informado de que, a 28 de febrero de este año, el sistema arroja ya un superávit de 373,49 millones de euros, el 0,03% del PIB, por la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 26.763 millones de euros, que muestran un incremento del 3%, y obligaciones reconocidas de 26.389 millones, que crecen en un 2,82% interanual.

Las cotizaciones sociales ascienden a 22.719 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% respecto a los ingresos del ejercicio 2021 (1.290,1 millones de euros más).

Con todo, la reducción del déficit nominal está en cuestión ante el alza del déficit contributivo ya que la alta inflación disparará el gasto en pensiones en 10.000 millones de euros en 2023 ante el mantenimiento del compromiso (aprobado por ley en la reforma de pensiones) del Gobierno de revalorizar las pensiones con arreglo al IPC, que podría rondar el 6,8% de media este año.